El jueves tres de marzo, los militantes del partido SAIn (Solidaridad y Autogestión Internacionalista), llevamos a cabo el acto contra el paro que todos los meses realizamos en Santander. Este acto se enmarca dentro de la Campaña contra el Paro que llevamos desde hace un año y pretende denunciar que el desempleo constituye un crimen político de primer orden.
También el sufrimiento que supone para las personas y familias que lo padecen. Por ello, nos manifestamos en la plaza del Ayuntamiento de la capital cántabra como gesto de solidaridad y para denunciar públicamente las causas de esta lacra social.
La diferencia con otros meses, fue la intervención de la policía local para prohibirnos concluir el acto. Cuatro policías nos dejaron bien claro que o nos íbamos, o llamaban a la furgoneta de la limpieza para quitar los paneles informativos que teníamos puestos sobre el paro y la corrupción política. En el mismo lugar donde estábamos, el ayuntamiento había procedido a repartir por la mañana ceniceros a los viandantes. Está claro que los parados importan menos que las colillas en esta ciudad.
Ante esta actuación nos surgen varios interrogantes: ¿dónde está el interés real por el desempleo por parte de nuestro alcalde? Parece que se limita a dinero para formación, creación de empresas, etc.… pero cuando el pueblo pretendemos revindicar y denunciar las causas de esta lacra se nos reprime. ¿Dónde está la tan publicitada participación ciudadana, si no nos dejan denunciar públicamente una injusticia que afecta casi a 50.000 personas en Cantabria? En el programa político del Partido Popular para esta legislatura que se acaba, se recogían puntos como: “Favoreceremos la participación de los ciudadanos en los ayuntamientos y su capacidad para trasladar propuestas a los responsables municipales”, ¿desalojarnos de la plaza pública a golpe de policía entra dentro de esta línea?
Quizá lo que molestó al equipo municipal, es que divulgáramos la retribución de los concejales y del propio alcalde (datos que son públicos), y los comparáramos con el Salario Mínimo Interprofesional misérrimo, con el que se ha condenado a vivir a miles de familias en nuestra región. Señor alcalde, aunque le pese, la calle es para la libre expresión del pueblo y de sus ideas. Así se garantiza en la Constitución. Vivimos en un país democrático ¿o no? Porque mandar cuatro policías a amenazar y a tratar como delincuentes a cinco militantes de un partido político, demuestra lo contrario.