Un objetivo clave de la ley de propiedad intelectual es el control de los flujos de información en la red, un gran negocio y un aumento del control social y político, que interesa a los pesos pesados del IBEX, a los medios que pagan y al gobierno. En la historia tenemos ejemplos de monopolio, y en la revolución tecnológica que vivimos no va a ser menos que antes. Por ahora, a efectos de tráfico de internet, no les va tan bien.
El afán de monopolio es una constante en la historia de las distintas revoluciones industriales y tecnológicas. El maridaje entre gobierno y grandes empresas se ha repetido en la reciente historia de occidente.
Por ejemplo ATT, que en 1900 tenía el control de las patentes y la telefonía americana promulgaba este eslogan ante la aparición de más de 3000 empresas competidoras y el fin de sus patentes: «una política, un sistema, un servicio universal«.
Así pretendía que el gobierno favoreciera la prolongación del monopolio tecnológico, frente al pueblo americano. Llegó a decir su presidente (ATT) que » la competencia efectiva entre empresas y el control son incompatibles», porque prefería lo segundo.
La primera guerra mundial le ayudaría a esto y la empresa se convirtió de facto en monopolio, haciendo del servicio de telefonía un servicio nacionalizado, por motivos de «seguridad nacional»
Unos de los objetivos del Gobierno con el nuevo ordenamiento, alentado por el lobby de los grandes editores, era integrar un nuevo peaje para gravar determinados enlaces en agregadores de contenidos tales como Google News, Menéame, Scoop.it, Digg o Barrapunto, además de otros sitios web, dinero que iría a las arcas de los viejos conocidos de la industria editorial.
Sin embargo, “va a pasar exactamente lo contrario de lo que sus autores intelectuales pretendían, el Gobierno quiere blindar los apoyos de los grandes grupos mediáticos de prensa escrita mediante el cobro de unas cantidades millonarias provenientes de la industria de internet en concepto de canon a sitios como Google News.
De ahí sacarían millones y se los repartirían entre los socios de AEDE y CEDRO, pero se les ha caído todo abajo. No van a ver nada, y encima han perdido tráfico…
El principal motivo se encuentra en la aprobación de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (enero de 2015), obliga a pagar a los agregadores una tasa por enlazar a contenido protegido.
La implantación de la tasa, que dada su estrecha vinculación con el buscador se ha llamado popularmente como «Tasa Google», fue amparada por la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE). No obstante, tras la decisión de Google de cerrar su servicio gratuito, la AEDE manifestó su interés de seguir negociando con Google acuerdos que sean «beneficiosos para ambas partes en distintos ámbitos», incluida la LPI.
También es cierto que en la trastienda hay una guerra por el cobro de impuestos a Google en Europa y algunos gobiernos europeos han planteado la batalla.
Pérdida de tráfico
El tráfico de visitas a diarios digitales tras el cierre de Google News, al día siguiente de su cierre había, caído entre un 10 y un 15% en comparación con el tráfico registrado en otros martes, según la web de análisis métricos Chartbeat.
Según el estudio de este servicio, el tráfico externo de los medios digitales españoles ha caído en dobles dígitos. El jefe de información en Chartbeat, Josh Schwartz, ha reconocido que su empresa no monitoriza a todas las webs de diarios y publicaciones españolas, pero considera que manejan suficientes datos para proyectar «la caída dramática» tras el cierre de Google News.
Chartbeat monitoriza a un total de 50 webs españolas, incluyendo desde medios nativos digitales hasta grandes publicaciones, según recoge la web ‘Gigaom’. La web de análisis únicamente recopila el tráfico de clientes que han consentido esta monitorización de forma anónima.
Incluso elimina el derecho de cita
«Sería la primera vez en la historia del copyright, en todo el mundo, que se anula el derecho de cita. Es un derecho fundamental. Incluso en los periódicos; ¿qué periódico no cita?. A la prensa le deja sin posibilidad de citar a otras publicaciones en muchos casos» afirmaba Ricardo Galli, fundador de menéame, recientemente al Confidencial.
Libertad, colaboración y sociedad
El control que se plantea intenta cerrar la boca a iniciativas que pretenden más libertad en la red, muchas sin otro ánimo que denunciar las injusticias o promover la solidaridad desde sus sitios web. Se ponen en cuestión temas como las licencias libres, y otros avances que la sociedad ha colaborado en la red, y han generado puestos de trabajo, así como realidades económicas que sostienen a familias y empresas de pequeño y medio tamaño. En definitiva se cercena el derecho a hacer sociedad y tejido solidario.
Autor: Luis Antúnez