La Corte Suprema de Estados Unidos determinó el 16 de mayo, de forma unánime, que el gobierno no puede multar a las Hermanitas de los Pobres por no ceder ante el mandato abortista de la administración del presidente Barack Obama
La Corte ordenó además a tribunales menores que ayuden al gobierno a elegir un método alternativo para proveer servicios que no requieran la participación de las Hermanitas.
Las religiosas estadounidenses iniciaron una demanda contra la administración de Obama por el mandato del gobierno estadounidense, dado en 2012, que obliga a todas las empresas e instituciones suministrar cobertura sanitaria a sus empleados que incluye control de la natalidad, esterilizaciones y píldoras abortivas.
Las Hermanitas sostienen que proporcionar esta cobertura sanitaria a los empleados de sus instituciones viola sus creencias religiosas.
«Todo lo que queríamos hacer es servir a los más necesitados entre nosotros como si fueran Cristo mismo», dijo la Hermana Loraine Marie Maguire, madre provincial de las Hermanitas de los Pobres.
«Esperamos servir a los ancianos pobres por los próximos 175 años», señaló.
Para Mark Rienzi, consejero senior del Fondo Becket para la Libertad Religiosa y abogado principal de las religiosas, el fallo de la Corte Suprema «cambia el juego».
«Esta decisión unánime es una inmensa victoria para las Hermanitas, para la libertad religiosa y para todos los estadounidenses», dijo.
Según explicó Rienzi en un comunicado, «la Corte ha aceptado la concesión del gobierno de que podría brindar estos servicios sin las Hermanitas. La Corte ha eliminado todas las decisiones equivocadas de los tribunales menores y protegió a las Hermanitas de las multas del gobierno».
Rienzi señaló que «las Hermanitas ganaron, pero lo que este fallo unánime muestra que nunca se necesitó que nadie pierda».
«El gobierno aún será capaz de conseguir su meta de proveer estos servicios gratuitos para las mujeres que lo quieran, no solo para aquellas con planes (de seguro) religiosos, sino para decenas de millones en planes gubernamentales y corporativos exentos».
El fallo de la Corte es también una victoria para otros defendidos por el Fondo Becket, entre ellos organizaciones y universidades cristianas, la Arquidiócesis de Washington y el Obispo de Pittsburgh, Mons. David A. Zubik.