En principio, las fundaciones persiguen un fin loable y noble pero, en los últimos años, esta figura ha sido la cuna de muchos escándalos de corrupción que han hecho que pierda credibilidad como ente de fines sociales
El caso “Nóos” y su vinculación con la casa real, los “papeles de Bárcenas”, el caso “Amy Martín”, la asociación de las fundaciones con multinacionales, bancos y grandes fortunas, la opacidad de sus cuentas… todo esto ha manchado el nombre de esta entidad perteneciente a la Economía Social.
Las fundaciones y los partidos políticos
En España no parece sorprendente que la última encuesta del CIS, publicada en octubre, ponga de relieve que la corrupción y el fraude sean, tras el paro, los aspectos que más preocupan a los españoles, y es que en los últimos años se han destapado numerosas tramas de corrupción.
Aprovechando sus ventajas fiscales y contables, mafiosos y corruptos usan la figura de la fundación para defraudar. Escándalos de corrupción relacionados con fundaciones ocupan a menudo las portadas de la prensa española, contribuyendo a la desvirtuación de la entidad.
El desprestigio de las fundaciones ha venido, principalmente, de la mano de la clase política que, sin predicar con el ejemplo, son los primeros en usar esta forma jurídica para objetivos privados.
El Estado permite que las fundaciones vinculadas a partidos políticos puedan financiarse, por un lado, mediante subvenciones públicas (en 2015 han recibido 1,32 millones de euros de las arcas públicas [1]) y, por el otro, mediante donaciones privadas, habitualmente de empresas que prestan servicios a las administraciones públicas (en 2013 recibieron más de 4,5 millones de euros en donaciones [2]). De este modo, debido al escaso control estatal sobre las fundaciones y sobre su contabilidad, estas donaciones privadas podrían comportar tanto financiación ilegal extraordinaria a los partidos como prácticas de amiguismo en la adjudicación de servicios y obras públicas.
El Tribunal de Cuentas ya denunció en su momento la poca regulación existente sobre dichas fundaciones y la opacidad de sus cuentas. Así, en la memoria presupuestaria del ejercicio 2014 que ha hecho pública la Fundación FAES, vinculada al PP, se consignan más de 2,3 millones de euros en el concepto general de “subvenciones, donaciones y legados” [3]; en la misma línea, la Fundación Pablo Iglesias, del PSOE, consigna casi un millón a esta partida [4].
Fundaciones pantalla para multinacionales
Éstos no son los únicos casos de prácticas poco éticas mediando la figura de la fundación. Detrás de muchos escándalos financieros surge el nombre de una o varias fundaciones, que son usadas por multinacionales y grandes fortunas como refugio de fondos y como perceptoras de subvenciones, beneficiándose, además, de un trato fiscal y contable ventajoso.
Y esto no acaba aquí. Es un secreto a voces que algunas fundaciones se utilizan para desarrollar actividades mercantiles que no tienen nada que ver con los fines para los que fueron constituidas, con el objetivo de lucrarse y evadir impuestos. Dichas prácticas enfurecen a las Pymes, que denuncian su situación de competencia desleal a causa del trato preferencial y de las subvenciones que las fundaciones reciben. Sectores como el de los servicios socio-sanitarios, la formación o la organización de eventos deportivos o culturales son los más afectados. Del mismo modo, la Agencia Tributaria ha declarado prácticas sospechosas en el uso de fundaciones como refugio de actividades empresariales directas, emitiendo además facturas sin IVA.
La población también percibe que las grandes empresas y los bancos se lavan la cara del salvaje capitalismo y la brutal especulación que practican mediante la creación de fundaciones filantrópicas. A pesar de que realmente ayudan a la realización de muchos proyectos de acción social, se cree que el fin oculto de estas fundaciones es una simple estrategia de marketing, donde multinacionales y bancos depositan lo que para ellos es una limosna, con tal de poder anunciarlo en los medios. Asimismo, también existe la percepción de que el patronato de dichas fundaciones podría recibir desmesuradas compensaciones económicas ilícitas, contribuyendo a su desideologización.
No es de extrañar el descontento generalizado existente con respecto a esta institución, que incrementó aceleradamente en número entre los años 2006 y 2009 cuando, en plena época de crisis, crecieron un 22,48% [5], colocando a España entre los cinco primeros países de la Unión Europea con más fundaciones registradas [6].
Posibles soluciones al fraude
Es por esta razón que se debería regular mejor la institución, para que estas prácticas no sucedan. La indignación de la sociedad hacia esta forma jurídica sólo podría solucionarse con un “borrón y cuenta nueva” en la normativa de las fundaciones, con la que se consiguiera recuperar su sentido social y su altruismo. Se hace necesario establecer una serie de medidas para reducir la opacidad y aumentar el control de las fundaciones; algunas de estas medidas, a mi entender, serían las siguientes:
- Instaurar principios de transparencia y claridad para incrementar el nivel de información pública.
- Establecer un régimen contable más estricto y con la obligatoriedad de someterse a informes de auditoría que muestren la imagen contable de la entidad de manera ordenada y completa, permitiendo un seguimiento cronológico de las operaciones realizadas que reflejen su imagen fiel.
- Establecer un sistema de inspecciones regulares a aquellas fundaciones con más actividad económica y realizar más controles por parte de la sindicatura de cuentas.
- Regular e incrementar las restricciones con respecto a las donaciones realizadas a fundaciones de partidos políticos y obligar a estas a publicar una memoria anual detallada con información clara sobre todas las partidas de capital y las operaciones realizadas en cuanto a ingresos y gastos relacionados con su actividad.
- Investigar de manera real e independiente la actividad efectuada de las fundaciones y ejercer labores de control del cumplimiento de su fin social. En caso de no realizar actividades sociales, negarles sistemáticamente subvenciones y privilegios tributarios.
- Restringir los criterios para otorgarles subvenciones y replantear la forma de tributación de aquellas fundaciones con una actividad económica alejada de su fin social.
- Rigurosidad en los juicios a fundaciones e imposición de multas y sanciones a aquellas entidades que no cumplan taxativamente con la normativa y la legalidad establecida.
- Esta sería la única manera de redimir los pecados de esta forma jurídica corrompida y reducir la incertidumbre y el rechazo de la población española para así conseguir que las fundaciones, pertenecientes al tercer sector, sean una pieza más del motor del cambio social hacia una economía alternativa, más humanizada y al servicio de las personas.
Autor: Àngel Teixidó Esteve
Fuente: salmoncontracorriente
Notas
[1] Según el BOE núm. 188, con fecha 7 de agosto de 2015.
[2] Según el artículo de Europa Press “FAES, con más de un millón en donaciones, la fundación política que reúne más donativos”, publicado el 30 de julio de 2015. La información ha sido contrastada con otros artículos de prensa de otros medios.
[3] Esta información se puede encontrar en la página 115 de la “Memoria de actividades 2014” de la Fundación FAES.
[4] Esta información se puede encontrar en la página 119 de la “Memoria 2014” de la Fundación Pablo Iglesias.
[5] Dato extraído del artículo de Expansión “Sólo el 0,7% de las fundaciones hace públicas sus cuentas”, del 29 de febrero de 2012.
[6] Dato extraído del artículo de la AEF “El número de fundaciones de interés público en Europa supera las 129.000”, del 19 de setiembre de 2014.