Ser un niño y trabajar en un campo agrícola en México significa hacerlo en condiciones de esclavitud moderna, esclavitud infantil y morir, pues desde 2007 hasta junio de este año, fallecieron 44 menores mientras laboraban como jornaleros, dice Isabel Margarita Nemecio Nemesio, coordinadora del área de Migrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Entre las causas de muerte de esos niños y niñas está el atropellamiento por tractores o camionetas de carga que recogen el producto al interior de las fincas, intoxicación por químicos, desnutrición, gastroenteritis y quemaduras.
“Estos casos han sucedido en Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y Morelos. Los niños han muerto mientras desarrollaban la actividad agrícola”, Isabel Nemecio indicó que algunos de esos niños murieron por negligencia médica. “En San Luis Potosí, murieron unos niños durante su traslado de los campos a su casa al volcarse la camioneta en donde iban”, narró. En Jalisco por ejemplo, fallecieron una niña y dos adolescentes mientras trabajaban en un campo agrícola. Muertes que aún no están claras.“No sabemos si murieron por una complicación por contacto con agroquímicos o si fue golpe de calor”, explicó.
La activista lamentó la falta de inspección y regulación por parte del gobierno mexicano, de las condiciones de trabajo en los campos agrícolas de los menores y sus padres.
Programa del gobierno que promueve trabajo de niños.
A pesar de esta problemática, esta semana, Enrique Martínez y Martínez, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), informó que el Gobierno federal promoverá que los jornaleros permanezcan ahí, incluyendo a menores de edad que son parte de la economía agrícola, a través del desarrollo de un programa llamado “Arráigate”.
En la inauguración del foro “Hacia Democratizar la Productividad Rural Sostenible”, el titular de la Sagarpa alertó que los derechos humanos en México, pueden convertirse en una barrera para las exportaciones, como lo pudo ser anteriormente la sanidad, al confundir la “agricultura familiar”, que se refiere al trabajo de menores mexicanos, con “esclavitud”.
Las autoridades no ven la esclavitud
Las declaraciones del Secretario de Estado, preocuparon a organizaciones como Tlachinollan, que trabajan el tema de los niños jornaleros desde hace años.
Para Isabel Nemecio, lo preocupante es el “enfoque” de las autoridades, pues los menores y sus padres, labran la tierra, siembran y cosechan, en condiciones de esclavitud.
“Me preocupa en dos sentidos: se adjudica la responsabilidad de que los niños y niñas trabajen, que es cuestión cultural de generar ingresos. El otro sentido es que plantee que los niños tengan que trabajar, cuando ni siquiera se han garantizado los mínimos derechos de acceso de educación y estancias infantiles. Al final están diciendo que pueden seguir siendo explotados y que está bien que los niños y niñas trabajen”, dijo Nemecio.
La activista agregó que el enfoque de la Sagarpa es ambiguo y parcial. Muchos menores que no trabajan, pero que viven con sus padres en los campos, carecen de guarderías y escuelas y los que pizcan y recolectan alimentos, lo hacen en condiciones de esclavitud.
Fidel Sánchez Gabriel, vocero oficial de la Alianza Nacional de Organizaciones por la Justicia Social del Valle de San Quintín, reveló en medio del conflicto que libran los jornaleros en Baja California, que una de sus luchas era lograr prestaciones sociales, pues cuando un trabajador enferma, al negársele seguridad social, no tiene derecho a una incapacidad, es decir: “día trabajado, día pagado”, “si no trabajas no ganas”.
“La mayoría de nuestros hermanos al estar trabajando en la pizca de la fresa, pueden tener una contracción en la columna vertebral, lastimarse los pulmones por respirar los químicos o, con las espinas de las moras, hasta con los tallos hay personas que han estado a punto de quedarse ciegas”, narró.
Sánchez Gabriel explicó que si un trabajador del campo enferma y requiere reposo como parte de su tratamiento, el patrón prefiere llevarlo a un centro de salud, incluso pagar una consulta particular, que darle seguro social y pagarle los días que no pueda trabajar.
En esta dinámica también entran los niños y niñas, aseguró.
“Hay que reconocerlo ante la opinión pública: sigue habiendo niños trabajando, porque el salario que recibimos no nos alcanza para que los hijos continúen sus estudios medio superior y mucho menos la Universidad. Se ven obligados a trabajar con actas falsas, de algún familiar, y adentro, cuando se les pregunta su verdadera edad, tienen 13, 14 años”, dijo.
El 40% de las familias mexicanas no alcanzan a cubrir con sus ingresos la canasta básica, explicó Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), quien lamentó que en México se criminalice a las familias pobres, cuando envían a sus hijos a trabajar, debido a que es responsabilidad del Estado garantizar mejores condi08ciones. “Al criminalizar a las familias pobres, le quitamos la mirada al Estado y a las empresas que se benefician de la esclavitud”.
Fuente: DEMOCRACY NOW!