El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, también llamado Pacto de Marrakech sobre Migración o Pacto Mundial sobre Migraciones, no es un tratado internacional, es decir, no es una norma jurídica vinculante para los estados, sino un compromiso político no vinculante o declaración de intenciones.
Las negociaciones intergubernamentales que llevaron al Pacto se desarrollaron por iniciativa y en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, por lo que, una vez aprobado con el voto favorable de 164 estados (de los 194 existentes en el mundo) en una conferencia intergubernamental celebrada en Marraquech (Marruecos) los días 10 y 11 de diciembre de 2018, la Asamblea General lo ratificó o “hizo suyo” mediante Resolución de 17 de diciembre con 152 votos a favor, 5 votos en contra (República Checa, Hungría, Polonia, Estados Unidos e Israel) y 12 abstenciones (Argelia, Australia, Austria, Bulgaria, Chile, Italia, Lituania, Libia, Liechtenstein, Rumania, Suiza y Singapur)
El pacto señala 23 grandes objetivos, así como decenas de medidas de aplicación. A primera vista, objetivos y medidas son irreprochables desde el punto de vista de los Derechos Humanos y aun de los valores cristianos, razón por la que contó con el aval de la Santa Sede (el Estado de Ciudad del Vaticano, con estatuto de observador, no vota en la Asamblea General). Entre otras medidas: “minimizar los factores estructurales que obligan a las personas a abandonar su país de origen”; “aumentar las vías de migración regular”; “reducir las vulnerabilidades en la migración”; “salvar vidas y emprender iniciativas internacionales coordinadas sobre los migrantes desaparecidos”; “reforzar la respuesta transnacional al tráfico ilícito de migrantes”; “erradicar la trata de personas en el contexto de la migración internacional”; “gestionar las fronteras de manera integrada, segura y coordinada”; “utilizar la detención de migrantes solo como último recurso y buscar otras alternativas”; “proporcionar a los migrantes acceso a servicios básicos”; “facilitar el regreso y la readmisión en condiciones de seguridad y dignidad”.
Pero no nos engañemos. El pacto fue firmado por gobiernos que, como España y Francia, apoyados por la Unión Europea, jalean a países africanos como Argelia (que se abstuvo en la votación) a deshacerse de los inmigrantes subsaharianos que pretenden acceder a Europa (más de 13.000 contabilizados en 2017 por la Organización Internacional de Migraciones), poniéndolos de patitas en la calle en la frontera con Níger o Mali y dejándolos abandonados a su suerte en zonas desérticas sin comida ni agua y bajo temperaturas abrasadoras (¿será esto ”facilitar el regreso en condiciones de seguridad y dignidad”?). O por países como Marruecos (¡sede de la conferencia intergubernamental!), que, también jaleado por España, con el apoyo de la UE, practica violentas redadas de inmigrantes subsaharianos que se agazapan en la frontera con España a la espera de acceder a Ceuta, Melilla o Canarias, deteniéndolos sin garantías ni contemplaciones, para luego trasladarlos a ciudades del interior de Marruecos o ponerlos en su desértica frontera sur (¿será esto “gestionar las fronteras de manera integrada, segura y coordinada”?). O por la propia España, que mantiene a los inmigrantes sin documentación en situación semicarcelaria (en los Centro de Internamiento de Extranjeros –los nefandos CIES–) o los deja abandonados en sus ciudades, expuestos a la marginación y la mendicidad por días sin término (¿será esto ”utilizar la detención de migrantes solo como último recurso” o “proporcionar a los migrantes acceso a servicios básicos”?). Lamentablemente, la lista de países firmantes que adoptan conductas tan canallas hacia los inmigrantes es interminable.
¿Qué sentido tienen, pues, las “buenas intenciones” que contiene el tratado? ¿Se trata de un engaño, de una mera “cortina de humo” tendida, con arte de prestidigitador, a la vista de todos?, ¿de una operación de marketing o imagen? En parte es así. De hecho, esto explica la forma no vinculante elegida para firmar el Pacto: su incumplimiento (más que probable) no podrá ser invocado ante el Tribunal Internacional de Justicia ni ante Tribunales internacionales de Derechos Humanos. En este sentido también, la única diferencia entre firmantes y no firmantes habría sido la mayor conveniencia para algunos estados (los firmantes) de ofrecer a su opinión pública una imagen positiva, de respeto a los Derechos Humanos, frente a la preferencia por otros estados (los no firmantes), de ofrecer a la suya una imagen de mano dura frente a la migración, siendo el caso paradigmático la postura de los EE. UU. de Donald Trump o de la Hungría de Viktor Orbán. En cualquier caso, una mera cuestión de imagen.
Pero, en otro plano de análisis, las buenas intenciones del pacto pueden considerarse “genuinas”. Buenas palabras, sí, pero a las que quiere hacerse honor… algún día. Buenas palabras que, bajo la lente deformante del relativismo, no dejan de ser un avance. Son las buenas intenciones propias de la política del mal menor. No olvidemos que la ONU ha sido promotora, muñidora y valedora del Pacto que, en este sentido, es un claro producto de la ética posibilista y relativista onusina o, si se prefiere, de su “realpolitik”, según la cual es bueno todo aquello que redunde en algún beneficio para algunos, por minúsculo que sea el avance y por limitado que sea el número de sus beneficiarios. Como en tantos otros casos, la desesperación y angustia actual de millones de personas no va a tener remedio, no ya a corto plazo, sino por generaciones venideras. El ritmo lo marcan, como siempre, los poderosos, ellos son los que ordenan, suya es la “migración ordenada”. ¿No nos suena esta música?: Objetivos de Desarrollo del Milenio, Objetivos de Desarrollo Sostenible…
Recuerdan todos estos objetivos sine die al orgullo con el que los liberales de nuestros días apelan a las bondades del capitalismo de la revolución industrial que, según ellos, sacó de la miseria a las sociedades occidentales y les trajo igualdad y prosperidad sin igual. Olvidan que para ello hicieron falta años de miseria institucionalizada y generaciones enteras de proletarios -hombre, mujeres y niños- sacrificados en el altar del industrialismo y de la libre competencia. Que para ello hicieron falta dos guerras mundiales. Que muchos desheredados fueron empujados en brazos de totalitarismos marxistas homicidas, etc. El progreso y el bienestar (muy desigual y aun no para todos) de las sociedades occidentales actuales están construidos sobre cementerios.
Más allá de elegir entre buenas intenciones inanes o siniestras campañas de imagen, lo cierto es que no se resuelven los problemas reales. El gran problema de las migraciones es la miseria a la que se ven sometidos los empobrecidos de la tierra por un sistema económico cruel que empieza en su propio pueblo y termina en una bolsa internacional de materias primas (o viceversa). Resolver el problema de las migraciones es resolver el problema de la injusticia estructural mundial. El pacto, en efecto, afirma querer “minimizar los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar su país de origen”, pero ¿con qué medios? ¿a qué ritmo?, nos lo dice el propio Pacto: con los medios y ritmos de la ONU, es decir, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) basados, además de en el aborto y en la ideología de género por doquier (19 menciones a ella en el propio Pacto), en las inversiones a la medida y ritmo de las multinacionales integradas en el Global Compact, es decir, las empresas colaboradoras de la ONU para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (y para su propio provecho).
A partir de esta deficiencia de partida todo son parches. El pacto pretende incrementar la lucha contras las mafias dedicadas a la trata de personas y facilitar, a cambio, la migración “ordenada y regular”. Pero si no se resuelve el problema de la miseria, las personas obligadas a migrar para sobrevivir se seguirán contando por millones y, frente a esto ¿qué podrán hacer las “vías de migración regular” (es decir, las que tienen lugar al ritmo y beneficio de los países enriquecidos)? Las mafias crecen según la ley de la oferta y la demanda. Lo saben muy bien algunos países que fomentan estas prácticas y, sin embargo, han firmado el pacto.
No nos engañemos. Este pacto es un instrumento del sistema económico-político mundial merced al cinismo de muchos Estados, al relativismo posibilista de la ONU y al buenismo de la opinión pública. No nos dejemos contagiar por esta ética inaceptable. Como decían los chicos de don Milani, en la escuela de Barbiana: “El problema de los demás es igual al mío. Salir de él todos juntos [¡y todos a la vez!] es la política. Salir solos, la avaricia”.
Autor: Miguel Angel Ruiz