La ONG Acceso a la Justicia presentó su informe anual de 2020 en el que concluye que el gobierno de Nicolás Maduro utilizó la pandemia de COVID-19 como una excusa para aumentar su control en el país.
“Durante la pandemia, la situación de represión y arbitrariedad del país se agravó de manera importante, ya que se decretó un estado de alarma, que en los hechos implicó un estado de sitio, de manera que era difícil trasladarse de un municipio a otro, incluso dentro de una misma ciudad”, señala el informe.
Además, el gobierno de Maduro emprendió una fuerte represión en 2020 en contra de quien hablara sobre la corrupción existente a causa de la escasez de gasolina, así como contra quien informara sobre la COVID-19, o incluso acerca del estado de los hospitales públicos, cuya situación de emergencia humanitaria quedó aún más en evidencia con la pandemia”.
Esto influyó también en el nombramiento de nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), caso en el que nuevamente el TSJ se tomó la atribución de designarlas.La crisis empezó antes del confinamiento con el asalto a la legítima Asamblea Nacional electa en 2015, teniendo entonces una directiva paralela en el Parlamento, apoyada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
A esto se suma la intervención de partidos políticos por parte del TSJ, mientras que habilitó otras organizaciones y creó una oposición a la medida del régimen para las elecciones parlamentarias de ese año. Ese proceso electoral también estuvo plagado de irregularidades, como el traslado de la votación indígena a segundo grado, o aumentar la cantidad de escaños en los circuitos sin justificar la densidad poblacional.
Represión y arbitrariedad
Acceso a la Justicia destacó también que “desde que el Gobierno nacional impuso el estado de alarma para combatir la pandemia del coronavirus, decenas de personas han sido detenidas en todo el país por incumplir las restricciones impuestas o por protestar contra los deficientes servicios públicos, entre ellos la escasez de gasolina. El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) contabilizó 628 casos de detenciones solamente en manifestaciones”.
A finales de 2020 también aplicaron medidas para controlar a las ONG, uno de los pocos sectores sobre los que todavía no tienen control. Esta campaña se inició con dos resoluciones:
2020 estuvo caracterizado por la casi ausencia del sistema judicial venezolano, por la cuarentena de COVID-19, destaca informe de Acceso a la Justicia
“La primera, emitida por el ministro de Interior, Justicia y Paz junto con el de Relaciones Exteriores, en Gaceta Oficial Nº 41.994 del 27 de octubre de 2020, estableció que las ONG internacionales de carácter humanitario deben obtener un certificado en Venezuela para poder funcionar, así sea a través de otras ONG domiciliadas en el país”.
En su artículo 8 ordena a las agrupaciones extranjeras inscribirse en el Registro Especial Automatizado de Organizaciones No Gubernamentales No Domiciliadas (Regong), el cual podrá ser negado “por motivos de orden público y de soberanía, evidenciados de la información suministrada”.
La segunda norma la dictó la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban), a través de la circular número SIB-DSB-CJ-OD-06524 del 20 de noviembre de 2020. Allí se ordenó a los bancos y demás instituciones financieras del país implementar “medidas que fortalezcan los procedimientos, mecanismos y sistemas tecnológicos que permitan monitorear las operaciones de negocios o financieras llevadas a cabo por parte de las ONG”.
Por otra parte, se aprovechó la pandemia para restringir el suministro de combustible en todo el país, con mayor control en estados fronterizos como Bolívar, Táchira, Mérida y Zulia, entidades que ya padecían de la falta de gasolina desde mucho antes de la pandemia.
“Esto llevó a que se militarizaran las bombas de gasolina, o incluso en algunos casos, empezaron a ser controladas por ‘colectivos’, sin garantizar que productores agrícolas, organizaciones humanitarias, funcionarios de salud del sector privado y afines pudieran obtenerla, ni siquiera personas con enfermedades crónicas, como pacientes renales con necesidad de diálisis, lo que impidió su circulación y puso en riesgo sus vidas”, señala el informe.
Gestión del sistema de justicia
A esto se añade el crítico funcionamiento del sistema de administración de justicia en 2020. Las resoluciones del TSJ declararon la casi absoluta paralización del Poder Judicial por COVID-19 desde el 16 de marzo hasta el 30 de septiembre de 2020.
En lugar de combatir la pandemia de la COVID-19 y de diseñar un plan de vacunación eficaz, el Gobierno ha aprovechado las circunstancias para reforzar el control que ejerce sobre la ciudadanía”.
Posteriormente empezaron a abrir progresivamente y con limitaciones registros y notarías, así como los tribunales, de los cuales algunos funcionaron con procedimientos semi virtuales.“Sin duda la pandemia puede justificar este tipo de medidas, pero el servicio de justicia no se puede paralizar de manera casi absoluta como ocurrió en el país por casi siete meses, incluyendo registros y notarías. Lo anterior denota la poca importancia que tiene la actividad privada y el ciudadano para el gobierno de Maduro, pues la Constitución, en su artículo 26, es clara al ordenar al Estado que ofrezca a los ciudadanos una ‘justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles’”, destaca Acceso a la Justicia.
¿Cómo afecta al ciudadano común?
Acceso a la Justicia explica que “las autoridades venezolanas insisten en colonizar uno de los pocos espacios independientes que existen en el país. La administración de Nicolás Maduro parece dispuesta a silenciar, cooptar o simplemente cerrar a las organizaciones civiles no afines, e incluso ir más allá y transformar a los simples ciudadanos de a pie en subalternos”.
Considera que esta campaña se debe a que las agrupaciones civiles se han convertido en una piedra en el zapato, ya que juegan un papel fundamental en la denuncia y la exposición de las violaciones a los derechos humanos en el país.
“En lugar de combatir la pandemia de la COVID-19 y de diseñar un plan de vacunación eficaz, el Gobierno ha aprovechado las circunstancias para reforzar el control que ejerce sobre la ciudadanía”.