Pese al impacto de la precariedad laboral en la salud mental de quienes la sufren, el conocimiento y la información sobre el tema son limitados. Un grupo de personas expertas –entre las que nos encontramos– procedentes de distintos campos académicos y profesionales (sociología, medicina, psiquiatría, psicología, derecho, filosofía y ciencia política, entre otros) hemos elaborado el informe Precariedad laboral y salud mental: conocimientos y políticas (informe PRESME), por encargo del Ministerio de Trabajo y Economía Social de España.
Este informe intenta abordar la precariedad como una realidad compleja y multidimensional, cuyo impacto en la salud mental de los trabajadores se debe considerar un problema social colectivo, y no una cuestión individual a tratar solo mediante la medicalización del paciente.
Informe sobre precariedad laboral y salud mental: diagnóstico
El informe traza un diagnóstico sobre la precariedad laboral, aportando datos significativos al respecto. De un total de más de 17 millones de personas asalariadas en España, se estima que un 46,9 % tiene un empleo precario (8,1 millones).
Si se incluyen en este cómputo el trabajo autónomo en condiciones precarias y quienes están en situación de desempleo, unos 11,9 millones de personas viven en situación de precariedad. Aunque de manera desigual, esta se da en diversos sectores y niveles formativos, aunque afecta especialmente al sector servicios (30,3 % del empleo precario).
Hay una mayor incidencia de problemas de salud mental (ansiedad, depresión) entre la población en situación laboral más precaria, con un claro gradiente social: a más precariedad, mayor probabilidad de sufrirlos.
Los trabajadores más precarios tienen aproximadamente 2,5 veces más riesgo de padecimientos de salud mental.
Precariedad en el empleo
Esta precariedad se concentra especialmente en las formas de empleo atípico o no estándar, comenzando por el trabajo informal, sin contrato, que conlleva ausencia de derechos efectivos.
La temporalidad ha constituido uno de los factores principales de generación de precariedad laboral en España, a la que se ha intentado poner fin con la reforma laboral de diciembre de 2021.
El trabajo a tiempo parcial involuntario, o en el que se cuenta con un número de horas e ingresos por debajo de lo deseado, es también un foco importante de precariedad.
Nueva (y peor) organización del trabajo
La proliferación de nuevas formas de empresa y de organización del trabajo, con la externalización o descentralización productiva (contratas y subcontratas) y nuevas estructuras y redes empresariales (plataformas digitales, grupos de empresa, franquicias, etc.) en el contexto de la digitalización, la fragmentación empresarial, la atomización del trabajo y la revolución industrial 4.0, están contribuyendo a una fuerte precarización de los trabajadores y la pérdida de derechos laborales.
El informe recomienda revisar la legislación para atender adecuadamente estas realidades emergentes, que tienden a socavar o eludir los estándares de garantía de unas condiciones de trabajo adecuadas.
Derechos y condiciones laborales clave
Tanto para las formas de trabajo atípico como en el empleo estándar, hay derechos laborales y condiciones de trabajo clave para proteger a las personas frente a la precariedad.
- La ordenación excesivamente flexible del tiempo de trabajo o la imprevisibilidad de la jornada y el horario, especialmente acusadas en el caso del trabajo a tiempo parcial, incide habitualmente en malestar psíquico (estrés, ansiedad, depresión, síndrome de estar quemado).
- El uso abusivo de las horas extraordinarias y el incumplimiento de las normas sobre tiempos máximos de trabajo y tiempos de descanso pueden producir fatiga física, pero también mental. Esto ocurre de manera particular en entornos tecnológicos, donde se hace necesario garantizar de manera efectiva la desconexión digital.
- Los salarios bajos o insuficientes pueden conducir a situaciones de pobreza laboral y exclusión de las que se derivan fácilmente sufrimiento y patologías psicológicas diversas.
- Los problemas para compatibilizar trabajo y responsabilidades de cuidado (de familiares menores y dependientes) también pueden causar perjuicios a la salud mental, con especial incidencia entre las mujeres.
Derechos colectivos y acción sindical
La caída de la participación sindical y la debilidad de los derechos colectivos (sindicación, negociación colectiva, huelga, representación de los trabajadores) contribuyen al aumento de la precariedad. Se recomienda no sólo reforzar dichos derechos, sino también actualizar su regulación, readaptándola a las transformaciones contemporáneas de las empresas y el trabajo.
Entorno laboral y salud mental
El informe alude a la mejora de la protección de la salud en el trabajo, valorando la importancia de las políticas preventivas en torno a los riesgos psicosociales, pero señala la necesidad de atender no sólo los riesgos relacionados con las cargas y ritmos de trabajo y las distintas formas de acoso, sino también otros como:
- Las malas condiciones laborales.
- La falta de autonomía y control en relación con el propio desempeño laboral.
- Las dificultades de compaginar la vida laboral y la personal o familiar.
Desde la perspectiva de la prevención y protección ante las contingencias profesionales, se plantea la necesidad de debatir sobre la revisión del actual tratamiento de las patologías de salud mental relacionadas con el trabajo y su consideración, a todos los efectos, como accidente de trabajo o enfermedad profesional.
Hacia un modelo de trabajo digno
El informe PRESME busca hacer un abordaje integral y multidisciplinar de la precariedad laboral y su impacto en la salud mental como problema relevante en la sociedad actual.
Propone mejorar los sistemas de información y vigilancia para medir, analizar y evaluar la precariedad laboral y su incidencia en los problemas de salud mental, con el objetivo de avanzar hacia un modelo de trabajo digno, no precario, saludable y sostenible, donde el entorno laboral no sea fuente de sufrimiento, e incluso daño, para tantos miles de personas.
María Gema Quintero Lima, Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad Carlos III y Diego Álvarez Alonso, Profesor Titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Universidad de Oviedo
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.