Las poderosas transnacionales petroleras mantienen todos sus privilegios y continúan siendo dueñas y señoras del gas y del petróleo de Bolivia. Las modificaciones en la tributación y en la legislación que propicia el presidente Carlos Mesa no inciden en su pleno dominio ni merman el control que estas empresas tienen sobre las ingentes riquezas hidrocarburíferas del país, valuadas en más de cien mil millones de dólares.
Por: ECONOTICIAS (especial para ARGENPRESS.info)
(Fecha publicación:05/02/2004)
Las poderosas transnacionales petroleras mantienen todos sus privilegios y continúan siendo dueñas y señoras del gas y del petróleo de Bolivia. Las modificaciones en la tributación y en la legislación que propicia el presidente Carlos Mesa no inciden en su pleno dominio ni merman el control que estas empresas tienen sobre las ingentes riquezas hidrocarburíferas del país, valuadas en más de cien mil millones de dólares.
La derogatoria del decreto supremo 24806, aprobado el 4 de agosto de 1997 por el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y anulado a principios de febrero del 2004 por Mesa, elimina sólo en lo formal, pero no en lo real, el dominio propietario que tienen las transnacionales sobre el gas y el petróleo.
Y esto ocurre a pesar de que el presidente Mesa presentó la derogatoria de este decreto, que formaliza técnicamente el tipo de contratos que tienen las empresas con el Estado boliviano, como que se estaría «marcando de aquí al futuro una nueva línea y una nueva concepción en lo que se refiere al tema hidrocarburos».
La derogatoria del decreto posibilitaría que nominalmente se cumpla lo que establece la Constitución Política del Estado, que señala que las reservas de gas y petróleo están bajo el dominio del Estado boliviano, mientras se mantengan en el subsuelo.
En los hechos, sin embargo, las petroleras extranjeras continuarán teniendo la «propiedad real» sobre los hidrocarburos producidos en Bolivia, al concentrar el control total de las reservas de gas y petróleo, mantener el derecho absoluto de su explotación,
| Los informes oficiales del gobierno boliviano establecen que las transnacionales, que han tomado el control de los ricos yacimientos de petróleo y gas en el centro de Sudamérica, tienen los costos de producción más bajos del mundo, al haber recibido sin mayores inversiones los gigantescos pozos y campos desarrollados por el Estado, pagar impuestos casi simbólicos y vender su producción en el mercado interno y de exportación al precio internacional. |
Las reservas gasíferas del país, valuadas por expertos y especialistas en más 80 mil millones de dólares hace un año, están en manos de las transnacionales desde mediados de la segunda mitad de los años 90. Esta riqueza equivale al doble del capital que tiene Bolivia y a más de 10 veces el valor de la producción de bienes y servicios generados anualmente en el país.
Refundación de YPFB
Otra iniciativa anunciada por Mesa, en su discurso del primer domingo de febrero, como es el fortalecimiento de la empresa estatal del petróleo (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB), tampoco menoscaba los intereses de las transnacionales.
De aprobarse en un referéndum la propuesta presidencial para que se transfiera gratuitamente a la estatal YPFB alrededor del 48% de las acciones (750 millones de dólares) que los ciudadanos bolivianos tienen en las empresas capitalizadas parcialmente por las transnacionales (Chaco, Andina y Transredes), el impacto no sería mayor para las petroleras extranjeras, ya que sólo cambiarían de socio minoritario, sin perder ni la administración ni el control de las empresas.
En vez de los delegados de la privadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), que fungen como representantes de los accionistas bolivianos, asistirían a las reuniones de directorio los representantes de la estatal YPFB.
Eso sí, la estatal YPFB podría encarar nuevos proyectos, especialmente en una posible industrialización del gas y en la construcción y desarrollo de las conecciones domiciliarias, según anticipa el proyecto de la nueva Ley de Hidrocarburos preparada por el gobierno. Pero nada de ello afecta, en lo esencial, a las petroleras extranjeras, que actualmente son propietarias de 54 trillones de pies cúbicos de gas.
Cambios tributarios
La modificación de impuestos, planteada por Mesa y en análisis del Congreso, tampoco incide significativamente sobre las finanzas de las petroleras ni sobre los ingresos del erario público. La nueva estructura impositiva contempla la sustitución del impuesto a la utilidades extraordinarias (Surtax) por el Impuesto Complementario a los Hidrocarburos (ICH), que tienen muchas similitudes y casi idéntico rendimiento en recaudaciones tributarias, aunque el nuevo es mucho más fácil de controlar y fiscalizar.
«El Impuesto Complementario a los Hidrocarburos es progresivo y llega hasta un tope del 32%, que sumado al 18% de regalías, cubre un 50% de impuestos; en función del tamaño de los campos, en función del volumen de producción. Tiene un desarrollo progresivo que creemos es absolutamente equilibrado y que garantiza aquella idea de que Bolivia vaya a recibir un nivel impositivo adecuado y justo en la proporción que el país estaba pidiendo», dijo el Presidente Mesa. Palabras más, palabras menos, lo mismo que aseguraban las autoridades del gobierno del ex presidente Sánchez de Lozada al referirse al Surtax.
En las condiciones actuales, el Impuesto Complementario apenas reportará al Estado un ingreso de 50 millones de dólares al año, por lo que su impacto es marginal para las transnacionales que operan en Bolivia y que están amasando verdaderas fortunas al lograr uno de los más altos índices de ganancia en la industria petrolera mundial.
Beneficios consolidados
Los informes oficiales del gobierno boliviano establecen que las transnacionales, que han tomado el control de los ricos yacimientos de petróleo y gas en el centro de Sudamérica, tienen los costos de producción más bajos del mundo, al haber recibido sin mayores inversiones los gigantescos pozos y campos desarrollados por el Estado, pagar impuestos casi simbólicos y vender su producción en el mercado interno y de exportación al precio internacional.
La privilegiada posición de las petroleras extranjeras se ha visto consolidada, además, por la decisión del presidente Mesa de que los ciudadanos y consumidores bolivianos paguen por los combustibles que se producen en el territorio nacional como si éstos fuesen importados de Arabia Saudita o Kuwait.
A partir de la fecha, los precios internos estarán dolarizados y atados a la cotización internacional, lo que significa más ingresos altos y ganancias fáciles para las transnacionales, que siguen siendo las dueñas y señoras del gas boliviano, aún a pesar de las insurreccionales jornadas de octubre en las que el pueblo entregaba su sangre por la re-nacionalización del gas y el petróleo.