Numerosas corporaciones, acuciadas por la oposición popular a sus proyectos devastadores del medio ambiente, se han presentado como cruzados ecológicos, contratando a consultores de relaciones públicas para blanquear sus actividades y buscar el ´diálogo´ con sus críticos. Así, también están sacando a relucir el lenguaje de la lucha contra la corrupción y del buen gobierno ante la creciente resistencia popular a la globalización corporativa, como otra arma en la batalla por ofrecer una cara más aceptable del capitalismo mientras aumentan los beneficios y la penetración en el mercado.
Por Aziz Choudry
Numerosas corporaciones, acuciadas por la oposición popular a sus proyectos devastadores del medio ambiente, se han presentado como cruzados ecológicos, contratando a consultores de relaciones públicas para blanquear sus actividades y buscar el «diálogo» con sus críticos. Así, también están sacando a relucir el lenguaje de la lucha contra la corrupción y del buen gobierno ante la creciente resistencia popular a la globalización corporativa, como otra arma en la batalla por ofrecer una cara más aceptable del capitalismo mientras aumentan los beneficios y la penetración en el mercado.
En el caso de Enron no se trata de una manzana corporativa podrida en un cesto de manzanas buenas. Igual como Río Tinto (¿Recuerdan sus hazañas en Panguna, Bougainville; Freeport, Papúa Occidental; las minas de uranio Ranger y Jabiluka en las tierras
| Las corporaciones multinacionales son las auténticas beneficiarias del FMI y del Banco Mundial y de los programas de ajuste estructural del Banco Asiático de Desarrollo (ADB) con sus preceptos de privatización, desregulación y liberalización. |
aborígenes de la tribu Mirrar en Australia, y muchas otras?; Shell (¿Recuerdan el asesinato de Ken Saro Wiwa y la lucha del pueblo de los Ogoni contra la extracción del petróleo en el delta del Níger?); Placer Dome (¿Recuerdan el accidente de la Marcopper en Marinduque en las Filipinas?); Vivendi (¿Recuerdan la condena en julio de 2001 de Alain Maetz, un alto gerente de la división de aguas de Vivendi por sobornar al presidente del consejo municipal de Milán, y su rapaz y apresurada apropiación de los servicios de agua y alcantarillado en más de 100 países?); Bechtel (¿Recuerdan cómo una revuelta popular derrotó la privatización del agua en Cochabamba, Bolivia, y cómo Bechtel está utilizando un tratado bilateral de inversiones para procesar al gobierno boliviano exigiendo compensación?); General Electric (¿Recuerdan a esos generosos patrocinadores de las campañas de Reagan y de George W. Bush, y su antiguo director ejecutivo, «Jack Neutrón» Welch, eliminando despiadadamente 100.000 empleos desde 1981 a 1985?) y (¿cómo podíamos olvidarlo?) Arthur Andersen, todos se encuentran entre los que financian el movimiento Transparency International que se describe como «la principal organización no gubernamental del mundo en la lucha contra la corrupción». Transparency International (TI) es el Secretariado del Consejo de la Conferencia Internacional Contra la Corrupción (IACC, por su sigla en inglés). La 11ª IACC tendrá lugar en Seúl en mayo de 2003.
Hay una considerable coincidencia entre los patrocinadores corporativos de TI y la calidad de miembro de los poderosos grupos de presión de la industria que continúan influenciando considerablemente las reglas del comercio y de las inversiones internacionales. Peter Eigen, Presidente de Transparency International, incluso cree que la «OMC es el guardián universal natural contra la corrupción» y apoya claramente «el comercio internacional libre y sin trabas » (Presentación al Simposio de la Organización Mundial de Comercio, Ginebra, 29 de abril de 2002).
Las corporaciones multinacionales son también las auténticas beneficiarias del FMI y del Banco Mundial y de los programas de ajuste estructural del Banco Asiático de Desarrollo (ADB) con sus preceptos de privatización, desregulación y liberalización.
Es interesante que el industrial suizo Stephan Schmidheiny, fundador y presidente de otro de los patrocinadores de TI, la fundación AVINA, que ha servido en los consejos de Nestlé, ABB, Leica y Swatch, también estableció el World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) [Consejo Mundial Empresarial por el Desarrollo Sostenible] y sirvió como principal consejero sobre negocios e industria del secretario general de la Cumbre de Río. El WBCSD presionó contra la regulación de negocios en Río y, junto con la Cámara Internacional de Comercio, estableció una iniciativa conjunta,
| Globalización como «la libertad para que mi grupo de compañías invierta donde quiera cuando quiera, que produzca lo que desea, que compre y venda donde quiera, y que tolere la menor cantidad posible de restricciones provenientes de las leyes laborales y de las convenciones sociales.» |
«Acción Empresarial por el Desarrollo Sostenible», presidida por el antiguo director ejecutivo de Shell, Sir Mark Moody-Stuart, a tiempo para la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en Johannesburgo.
El enfoque de Transparency International se ajusta cómodamente al lenguaje de buen gobierno y a la hipócrita supremacía moral del libre mercado impulsados por el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo, la Organización Mundial de Comercio, la OCDE y la administración Bush, entre otros.
Mientras las corporaciones, algunas ONG internacionales y el especulador en divisas George Soros trabajan en equipo para combatir la corrupción, el soborno y las comisiones clandestinas, y para pedir transparencia y «una sociedad abierta», el capital global continúa influenciando los sistemas comerciales y de inversiones en todo el mundo. Soros, cuyo Open Society Institute [Instituto de la Sociedad Abierta] es otro de los patrocinadores de TI, no es un aliado de los movimientos populares por la justicia y la autodeterminación. Como ardiente defensor del capitalismo, sólo quiere pulir su estropeada imagen. Deberíamos desconfiar de los diálogos y las coaliciones con empresarios que pretenden luchar «contra la corrupción».
Los negocios de amigotes, la mala administración del sector público, el soborno y la corrupción deben ser denunciados y combatidos. Pero, a la hora de identificar la corrupción, parece existir un estándar y una definición diferentes cuando se aplican a las actividades de las corporaciones multinacionales que ejercen una influencia política y económica. ¿No son fundamentalmente corruptas las privatizaciones que permiten el control por parte de monopolios o de oligopolios, los aumentos de precios, la inferior calidad y el acceso poco equitativo a recursos esenciales como el agua? ¿No es obscena la desregulación financiera que conduce directamente a que las vidas de la gente se transformen en fichas de juego cuando sus sociedades se convierten en economías de casino? ¿No es corrupta la liberalización del comercio agrícola impuesta al Tercer Mundo mediante programas de ajuste estructural y el libre comercio, considerando que el puñado de multinacionales que controlan la mayor parte de las cosechas de alimentos del mundo se basa en un generoso apoyo del estado, el robo de tierras, el desposeimiento y la codicia colonial?
El papel de las corporaciones en la corrupción y en el ajuste de las reglas comerciales para que sirvan a sus propios intereses no es ningún secreto. Percy Barnevik, fundador y antiguo director ejecutivo del ABB Industrial Group (¡otro fundador de TI!) definió sucintamente la globalización como «la libertad para que mi grupo de compañías invierta donde quiera cuando quiera, que produzca lo que desea, que compre y venda donde quiera, y que tolere la menor cantidad posible de restricciones provenientes de las leyes laborales y de las convenciones sociales.» (Citado en «El éxito de ser peligroso: resistir el libre comercio y los regímenes de inversiones» Gerard Greenfield, 2000)
Tomemos el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS) de la OMC. Según David Hartridge, antiguo director de la División de Servicios de la OMC, «sin la enorme presión generada por el sector de servicios financieros de EE.UU., particularmente de compañías como American Express y Citicorp, no hubiera habido un acuerdo sobre los servicios» («Lo que el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios puede hacer», discurso ante «Apertura de los mercados para las actividades bancarias en todo el mundo»: El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS) de la OMC, 6 de enero de 1997, Londres).
La Comisión Europea dice: «El GATS no es algo que exista entre Gobiernos. Es en primer lugar y ante todo un instrumento para el beneficio de los negocios». («Where next? The GATS 2000 negotiations», European Commission, DG Trade, June 1998).
Supachai Panitchpakdi, Director General entrante de la OMC, reconoce que la presión del sector corporativo ha influenciado las negociaciones entre el GATT y la OMC. El Acuerdo de la OMC (Organización Mundial del Comercio) sobre Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (TRIPS, por su sigla en inglés), «fue uno de los ejemplos manifiestos de la presión del sector corporativo sobre los gobiernos, que terminó por dar lugar a que se impusieran algunos acuerdos sobre países que hemos tratado de impedir. (Discurso, Conferencia de Verano del Movimiento por el Desarrollo Mundial, Londres, 8 de junio de 2002).
El Comité de Propiedad Intelectual (una coalición de trece grandes corporaciones de EE.UU., que incluye a Du Pont, Pfizer y a los sustentadores de Transparency International IBM, General Motors, Rockwell, Bristol-Myers y Merck) colaboraron con los Representantes de Comercio de EE.UU. en una proposición para normalizar las leyes internacionales sobre la propiedad intelectual de acuerdo con la posición de EE.UU., y para hacer que sean vinculantes y coercibles bajo la OMC. Buscaban protección contra el «robo» de royalties, de ropa, música y vídeos de marca, y beneficios e incentivos «adecuados» para las inversiones y el desarrollo en fármacos y tecnología. Así nació TRIPS. Siguen sin cambiar la apropiación, la conversión en mercancías y la privatización de la biodiversidad, del conocimiento indígena y tradicional por parte de corporaciones, sobre todo las del Norte.
Las muertes catastróficas y los sufrimientos, en especial la crisis del sida, ¿acaso no es pura depravación causada por la política de precios y los derechos monopolistas de los especuladores de las compañías farmacéuticas, reforzadas por el Acuerdo TRIPS de la OMC que presionaron para lograr? Definitivamente, todos los sustentadores de Transparency Internacional, el poderoso cartel farmacéutico multinacional de EE.UU., los Investigadores y Fabricantes Farmacéuticos de EE.UU. (PhRMA) han presionado para asegurar que la administración de EE.UU. se haga cargo de su agenda. Esto ha dado lugar a las amenazas de sanciones comerciales contra varios países, como India, Suráfrica, Brasil, Argentina y la República Dominicana, por sus leyes de licencias obligatorias o de importaciones paralelas, así como a un caso tristemente célebre contra el gobierno surafricano. Las acciones de PhRMA no son sólo corruptas. Son genocidas.
96 de los 111 miembros de la delegación de EE.UU. que negociaron la propiedad intelectual durante la Ronda Uruguay provenían del sector privado. Diplomáticos en Ginebra dicen que la industria farmacéutica redactó una gran parte del TRIPS, y que el gobierno de EE.UU. fue su principal preconizador. Al comenzar la Ronda Uruguay, el negociador delegado por EE.UU. para encabezar la delegación de lo que sería luego el Acuerdo sobre Agricultura de la OMC fue antes vicepresidente de Cargill, el gigante de la agroindustria, y más tarde volvió a su puesto corporativo.
La decisión de la OMC en la «guerra del plátano», en septiembre de 1997, contra el sistema de importación de la UE para los exportadores del Caribe, ilustra la dominación de las compañías multinacionales en el sistema de la OMC. La queja fue presentada por Ecuador, Guatemala, Honduras, México y EE.UU., aunque EE.UU. no exporta plátanos. EE.UU. presentó el caso por cuenta de la multinacional estadounidense Chiquita, que domina la industria del plátano en América Latina, la que por su parte afirmó que la decisión era una victoria para el libre comercio. Bajo el controvertido Capítulo 11 del NAFTA [TLC] sobre inversiones, y en muchos acuerdos bilaterales sobre inversiones menos conocidos, las compañías privadas poseen derechos exigibles de procesar a los gobiernos por las leyes o las políticas que según ellos afectan sus actividades comerciales reales o potenciales. Tales acuerdos limitan seriamente la capacidad que tienen los gobiernos de realizar políticas sociales, sanitarias y ecológicas.
En EE.UU., las corporaciones trabajan estrechamente con los negociadores comerciales de EE.UU. a través de 17 Comités Asesores del Sector Industrial (USAC). El portal de la Administración del Comercio Internacional de EE.UU. afirma que los funcionarios «trabajan junto a los dirigentes empresariales que sirven como asesores del Gobierno de EE.UU. El Departamento de Comercio y USTR tienen una responsabilidad conjunta para conducir los comités consultivos del ICP [Programa de Consultas de la Industria]». El Comité Asesor sobre productos de madera y leña está formado en su integridad por ejecutivos corporativos y miembros de grupos de presión de la industria.
Consultas secretas entre el gran capital y los gobiernos configuran las políticas comerciales, de inversiones y económicas en todo el mundo. Las corporaciones necesitan que los gobiernos mantengan economías nacionales en las que estén sometidas a un mínimo de regulación, y que propugnen la liberalización en el ámbito internacional. La lista de grupos de presión corporativos en los ámbitos sectoriales, nacionales, regionales e internacional, es larguísima. EE.UU. tiene el Consejo de Negocio Internacional de EE.UU., la Cámara de Comercio de EE.UU. y la Mesa Redonda Empresarial, entre otros. Nueva Zelanda, tiene la Mesa Redonda Empresarial de Nueva Zelanda, la Red de Ciencias de la Vida (que promueve la biotecnología) y la recién formada Red de Liberalización del Comercio, establecida específicamente para impulsar la liberalización del comercio y para vender la idea del libre comercio al público frente a la creciente oposición. En 1998, Wade Armstrong, antiguo Director de Negociaciones Comerciales en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio de Nueva Zelanda, declaró ante representantes empresariales: «Queremos seriamente garantizar que el enfoque de Nueva Zelanda a las negociaciones (de la OMC) esté determinado por las necesidades y prioridades comerciales del sector empresarial.»
El Consejo Asesor Empresarial de APEC (ABAC) tiene un papel consultivo formal ante APEC. Numerosas multinacionales participan en varios de los grupos de trabajo de APEC, defendiendo los intereses del sector privado, como son la desregulación, la privatización y la obtención de proyectos de infraestructura. Los actuales miembros de ABAC incluyen a ejecutivos de Bombardier Transportation, Cargill, Honda, Fuji Xerox, Shell, Hopewell, y del American International Group. El Comité Asesor Empresarial e Industrial de la OCDE fue un participante crucial en el intento de establecer el MAI [Acuerdo Multilateral de Inversiones]. Son organizaciones activistas poderosas, bien financiadas, con acceso privilegiado a los máximos dirigentes en los gobiernos, sin tener que responder ante el público.
La Cámara Internacional de Comercio [ICC] (uno de los asociados de la conferencia durante la 10ª IACC [Conferencia Internacional Contra la Corrupción] realizada en octubre pasado en Praga) tiene lazos especialmente estrechos con el Secretariado de la OMC. Se autocalifica como la organización empresarial mundial para promover la economía global de libre mercado y afirma tener 7.000 miembros en 130 países. El antiguo Presidente de ICC y director ejecutivo de Nestlé, Helmut Maucher, dijo: «No queremos ni ser la amiga secreta de la OMC ni que la ICC entre a la Organización Mundial de Comercio por la entrada de servicio» («Gobernando por Consenso», Financial Times, 6 de diciembre de 1997). Es el hombre que una vez afirmó: «Las decisiones éticas que afectan la capacidad de una compañía para competir son realmente inmorales» («Liderazgo en Acción: Estrategias Duras del Gigante Global», McGraw-Hill, 1994).
Igual como hay puertas giratorias entre el gobierno y el sector privado en todo el mundo, así también vemos a Arthur Dunkel, (hasta hace poco director de Nestlé y de Credit Suisse), Director General de GATT durante la Ronda Uruguay, dirigiendo el grupo de trabajo de la ICC sobre Política Internacional de Comercio e Inversión, así como a un miembro registrado del panel para disputas de la OMC, Peter Sutherland (Presidente de Goldman Sachs International y antiguo co-Presidente de BP Amoco, otro fundador de TI), antiguo comisionado de la UE para competencia, y otro antiguo director general del GATT presidiendo la Mesa Redonda Europea de Industriales (ERT) que goza de gran influencia en la Comisión Europea. Se dice que Mike Moore «está considerando seriamente la provisión de consejos asesores internacionales» («Mucho más por venir», Business Monthly South, Nueva Zelanda, julio de 2002) después que su período en la OMC termine a fines de este mes.
La ICC influencia directamente el proceso de la OMC a través de las organizaciones intragubernamentales, y a través de los gobiernos miembros de esas organizaciones a través de sus comités nacionales. Tiene una representación permanente en la OMC. Reivindica haber obtenido las decisiones adoptadas en la primera Reunión Ministerial de la OMC en Singapur en 1996, para eliminar los aranceles sobre los productos de tecnología de la información y para establecer nuevos grupos de trabajo sobre inversiones y competencia. El documento de la ICC «Reglas Multilaterales para Inversiones» parece un anteproyecto para el borrador del fracasado MAI de la OCDE.
La Coalición de Industrias de Servicios de EE.UU. (USCSI), de 67 miembros, que incluye a los sustentadores de TI: Vivendi, General Electric, Enron, Pricewaterhouse Coopers, y American International Inc., ha presionado agresivamente a los representantes de EE.UU. y de otros países en la preparación de las reuniones de la OMC en Seattle y Doha, y después. Su objetivo consiste en reducir las barreras al comercio en servicios, abriendo los mercados extranjeros a través de negociaciones comerciales internacionales. Para estas corporaciones, los servicios esenciales como el agua, la salud pública y la educación son simples mercancías que se compran y se venden en el mercado. En su propuesta de 1998 al Representante de Comercio de EE.UU., la USCSI dijo: «Creemos que podemos hacer grandes progresos en las negociaciones para permitir que las empresas de EE.UU. se expandan en los mercados de los servicios sanitarios en el extranjero.»
¿Quién dice que el libre comercio y las inversiones debieran constituir la medida de lo que es una «buena política»? Tenemos que rechazar la falsa moralidad del capitalismo de mercado, en el cual las corporaciones multinacionales renacen milagrosamente como guardianes globales de la integridad y como valerosos superhéroes contra la corrupción.
Al fin y al cabo, ¿de dónde salieron todas estas corporaciones? ¿Del planeta Krypton? No. El colonialismo clásico engendró los prototipos de las corporaciones de la actualidad, como la East India Company. Esas compañías trabajaron en total acuerdo con los gobiernos coloniales, gozando de monopolios, extrayendo inmensos beneficios del saqueo y de la conquista mientras destruían las sociedades, los sustentos y negaban los derechos a la autodeterminación de los pueblos de los países que ayudaron a subyugar. Los comienzos del grupo Royal Dutch/Shell fue su inscripción en 1890 como la «Compañía Real Holandesa para la Explotación de los Pozos de Petróleo en las Indias Orientales Holandesas». En la actualidad, las corporaciones multinacionales continúan con este legado imperialista en su cruzada por obtener mayores beneficios y nuevos mercados, por un acceso sin restricciones a mano de obra más barata, a materias primas, a la manipulación de los mercados financieros y a la libertad de merodear y saquear según les plazca.
La liberalización del comercio y de las inversiones, la desregulación y la privatización son sus armas preferidas, aunque como hemos visto tal vez de la manera más vívida en las recientes acciones tomadas por la administración Bush para proteger a los productores de acero y de productos agrícolas de EE.UU., no titubean cuando se trata de presionar para conseguir políticas internas proteccionistas cuando corresponde a sus intereses. Hagan lo que decimos, no lo que hacemos, sigue siendo un dogma central en el evangelio de la globalización según Washington.
En 1999, JK Galbraith escribió:
«La crisis del Consenso de Washington es visible para todos. Pero no todos están dispuestos a admitirlo. Por cierto, cuando las malas políticas produjeron fracasos políticos, los comprometidos en ellas desarrollaron un mecanismo de defensa. Es el argumento que trata todo caso inoportuno como una desgraciada excepción. México fue una excepción: hubo una revuelta en Chiapas, un asesinato en Tijuana. Luego, Corea, Tailandia, Indonesia, se convirtieron en excepciones: se descubrió la corrupción, el capitalismo de amigotes en una masiva escala inimaginable, pero después de que llegara la crisis. Y, después, vino la excepción rusa. En Rusia, nos dicen, la criminalidad dostoievskiana brotó del cadáver del comunismo soviético para superar las eficiencias e incentivos de los libres mercados.
«Pero cuando las excepciones superan en número a los ejemplos, tiene que haber algún problema con las reglas. ¿Dónde están las continuas historias de éxitos de la liberalización, de la privatización, de la desregulación, de la moneda sana y de los presupuestos equilibrados? ¿Dónde están los mercados emergentes que han emergido, los países en desarrollo que se han desarrollado, las economías en transición que han realmente completado una exitosa y feliz transición? Miren de cerca. Miren bien fijo. No existen.» («La Crisis de la Globalización, James K Galbraith, Dissent, verano de 1999, Volumen 46, No. 3).
Los Suhartos y Marcos de este mundo son corruptos. Pero también lo es un modelo económico basado en una ideología que convierte en mercancías y redefine a la gente, la naturaleza y los servicios esenciales como cosas que pueden ser compradas y vendidas en un campo de juego mítico de una economía de libre mercado global. También lo son las confortables y secretas consultas entre el gran capital y los gobiernos que configuran las políticas nacionales e internacionales de una manera profundamente antidemocrática, mientras a la mayoría de nosotros se nos niega cualquier participación en decisiones que tendrán un impacto en nuestras vidas y en nuestras comunidades, hasta que es demasiado tarde.
Algunas ONG, sindicatos y organizaciones están exigiendo más transparencia y responsabilidad de la OMC y de otros vehículos globales, y regionales, que impulsan la globalización corporativa. Están exigiendo que los gobiernos sometan sus compromisos comerciales y de inversiones internacionales al escrutinio público. Pero tales demandas a menudo no llegan a rechazar la ideología fundamentalmente defectuosa que avala semejantes proyectos neoliberales imperialistas. A menos que estas peticiones de mayor transparencia se basen en una posición que busque la ilegalización y el desmantelamiento de esos acuerdos e instituciones y rechacen el imperialismo neoliberal, van a hacer el juego de los especialistas de la tergiversación que quieren que creamos que este modelo explotador e injusto se puede reformar.
Si hablamos en serio sobre la lucha contra la corrupción en todas sus formas, tenemos que tomar una posición clara y formular algunas preguntas duras. Algunas deben ser dirigidas directamente a las organizaciones que pretenden participar en una cruzada contra la corrupción. Si el soborno, el nepotismo y el saqueo por parte de los funcionarios y ministros gubernamentales han de ser denunciados y combatidos, lo mismo debe suceder con las prácticas especulativas y monopolísticas de las corporaciones a costa de la gente ordinaria, mediante los regímenes de privatización, desregulación y liberalización. Pero, además, debemos adoptar una posición clara para confrontar la visión corrupta del mundo que avala la agenda neoliberal