Las autoridades venezolanas deben suspender inmediatamente una investigación criminal dirigida contra uno de los abogados de derechos humanos más renombrados de América Latina, señaló hoy Human Rights Watch. Es un caso claro de persecución política dirigida contra alguien que ha sido un crítico eficaz del desempeño del gobierno de Chávez en materia de derechos humanos…
Washington, D.C., 5 de abril de 2005) — Las autoridades venezolanas deben suspender inmediatamente una investigación criminal dirigida contra uno de los abogados de derechos humanos más renombrados de América Latina, señaló hoy Human Rights Watch.
El destacado jurista Carlos Ayala Corao fue citado a comparecer esta mañana ante un Fiscal de Caracas para informarle de la apertura de una investigación criminal contra él, aparentemente por su presunta participación en el golpe fallido de abril de 2002 contra el Presidente Hugo Chávez. Ayala, que preside actualmente la Comisión Andina de Juristas, una organización regional no-gubernamental, ha sido presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ayala compareció ante el Fiscal, quien le informó que su caso había sido postergado y le ordenó presentarse de nuevo la próxima semana. El Fiscal no entregó ninguna explicación por la demora ni información sobre la investigación.
«Es un caso claro de persecución política dirigida contra alguien que ha sido un crítico eficaz del desempeño del gobierno de Chávez en materia de derechos humanos», señaló José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. «La acusación de participación en el golpe es indignante y debería ser rechazada de plano ante cualquier tribunal independiente», agregó.
Human Rights Watch insta al Fiscal General de Venezuela, Isaías Rodríguez, que suspenda inmediatamente la persecución penal del distinguido jurista de derechos humanos.
Carlos Ayala ha sido un litigante frecuente en casos de violaciones a los derechos humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muchas veces en apoyo a representantes de grupos de derechos humanos no-gubernamentales venezolanos. El 3 de marzo de este año participó en una sesión especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dedicada a examinar los derechos humanos en Venezuela. Al término de la reunión, la comisión emitió una declaración expresando su preocupación por la «situación de riesgo y estigmatización» que afecta a los defensores de los derechos humanos en Venezuela
Durante el golpe frustrado, Ayala intervino para proteger los derechos de un congresista prochavista que había sido detenido ilegalmente y estaba incomunicado por los servicios de seguridad. El congresista, Tarek William Saab, agradeció posteriormente a Ayala su oportuna intervención en un programa de televisión. Una comisión especial de la Asamblea Nacional que investigó los acontecimientos de abril de 2002 también señaló que Ayala había esperado durante cinco horas en la sede central de la policía mientras intentaba obtener la liberación de Tarek William Saab.
Durante el último año, la mayoría prochavista en la Asamblea Nacional de Venezuela ha debilitado seriamente la independencia judicial. En diciembre de 2004, nombraron a 12 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, después de aprobar una ley en mayo que ampliaba el número de ministros de 20 a 32. La coalición chavista justifica la ampliación del máximo tribunal como una respuesta a los fallos favorables a la oposición, como la altamente cuestionable decisión de absolver a cuatro oficiales militares acusados de participar en la intentona golpista de 2002.
El mes pasado, tras los nuevos nombramientos judiciales, la Sala Constitucional del mismo tribunal anuló las absoluciones-una decisión aparentemente sin precedentes en la historia reciente de Venezuela.
Numerosos artículos de prensa recientes señalan que el Fiscal General está estudiando iniciar procesos penales contra más de 200 personas por delitos políticamente motivados como la participación en la intentona golpista. Los abogados defensores esperan que el número se eleve significativamente en los próximos meses.
«Este caso demuestra que las autoridades venezolanas están decididas a valerse de la persecución penal como instrumento de hostigamiento a quienes critican el gobierno», señaló Vivanco.