Amnistía Internacional insiste en que los intereses económicos, la hipocresía política y la discriminación socialmente organizada alimentaron las llamas del conflicto en todo el mundo.
Amnistía Internacional presentó el pasado 25 de mayo su Informe Anual que repasa el estado de los derechos humanos en 149 países y territorios de todo el mundo. Según la organización, en 2004 se cometieron graves abusos como «desapariciones», ejecuciones, restricciones a la libertad de expresión o al derecho al asilo o refugio, tortura y malos tratos o detenciones y juicios injustos contra ciudadanos y ciudadanas de a pie en casi todos los rincones del planeta. El Informe destaca el hecho de que ni gobiernos nacionales ni organizaciones internacionales han sido capaces de atajar estos abusos y pide una mayor rendición de cuentas internacional.
Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, señalaba a las autoridades gubernamentales como responsables de muchos de estos hechos. En 104 países se han recibido denuncias por torturas y malos tratos cometidas por fuerzas de seguridad, policías y otras autoridades. 26 gobiernos llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales y 59 hicieron uso de la pena de muerte. «Los gobiernos están incumpliendo las promesas que han hecho en materia de derechos humanos. Se está elaborando una nueva y peligrosa agenda en la que se utiliza el lenguaje de la libertad y la justicia para aplicar políticas de miedo e inseguridad».
Amnistía Internacional insiste en que los intereses económicos, la hipocresía política y la discriminación socialmente organizada alimentaron las llamas del conflicto en todo el mundo.
Por ejemplo, en Darfur, donde el gobierno sudanés provocó una catástrofe de derechos humanos y la comunidad internacional hizo muy poco para abordar la crisis y lo hizo demasiado tarde, olvidando a su suerte a miles de personas. O en Haití, donde se permitió ocupar de nuevo posiciones de poder a individuos responsables de graves abusos contra los derechos humanos.
Algo parecido ocurrió también en el este de la República Democrática del Congo, donde no hubo una respuesta efectiva a la violación sistemática de decenas de miles de mujeres, niñas y niños, incluidos bebés. O en Afganistán, donde a pesar de haberse celebrado elecciones, se produjo una espiral de desorden e inestabilidad que causó miles de víctimas. Igualmente ocurrió en Irak, donde el clima de violencia y tensión fue endémico durante 2004 y continúa en la actualidad.
«La represión, la censura de los medios de comunicación y las detenciones ilegítimas no son indicadores de una sociedad sana» asegura la organización. Al menos en 79 países se han dado restricciones a la libertad de asociación, expresión, reunión o manifestación.
Un neolenguaje peligroso
Para hacer más grave esta situación, Amnistía Internacional también denuncia los intentos del gobierno estadounidense de suavizar la prohibición absoluta de la tortura por medio de nuevas políticas y de terminología «cuasi administrativa» con la utilización de palabras como «manipulación medioambiental», «posturas estresantes» y «manipulación sensorial». Este, para Amnistía Internacional, fue uno de los ataques más perjudiciales a los valores globales. Las imágenes que reflejaban la aplicación de torturas en Abu Ghraib por tropas estadounidenses y el mantenimiento de centenares de prisioneros en Guantánamo en un limbo legal, deben avergonzar al mundo.
«Estados Unidos, en tanto que superpotencia política, militar y económica sin rival, marca la pauta de la conducta de los gobiernos en el mundo. Si el país más poderoso del mundo hace caso omiso del imperio de la ley y los derechos humanos, los demás se creerán autorizados para cometer abusos con impunidad», ha declarado Irene Khan.
La organización también insiste en que la guerra contra el terror pareció ser más efectiva en la erosión de los principios internacionales de derechos humanos que en la lucha contra el «terrorismo» internacional. «Los gobiernos han fracasado en su intento de hacer del mundo un lugar más seguro, tal y como anunció el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, después de los terribles atentados del 11 de septiembre de 2001».
Barbaries y signos esperanzadores
Pero la traición de los gobiernos a los derechos humanos no es la única desagradable noticia que ofrece Amnistía Internacional, sino que ésta se ha acompañado de actos cada vez más inauditos de terrorismo, al llegar los grupos armados a un grado inaudito de brutalidad. Al menos en 26 países han cometido abusos estos grupos contra la población civil, al menos en 11 han utilizado la tortura y los malos tratos y en al menos 15 han tomado rehenes. La decapitación televisada de rehenes en Irak; el secuestro de más de un millar de personas, incluidos centenares de niños, en una escuela de Beslan, y la matanza de 192 viajeros en los trenes de cercanías de Madrid, son algunos ejemplos terribles de esta realidad.
Como también lo son, los millones de mujeres que sufrieron violencia de género en el hogar, en la comunidad o en zonas de guerra y fueron en su gran mayoría ignoradas. O aquellas personas que vieron desatendidos sus derechos económicos, sociales y culturales.
En este Informe se reconocen también las oportunidades de cambio positivo que surgieron en 2004, a la vanguardia de las cuales estuvo el conjunto de activistas de derechos humanos y los grupos de la sociedad civil; a pesar de que en al menos 26 países muchos de ellos fueron hostigados, intimidados o asesinados por realizar su trabajo.
Sin duda, también ha crecido la fuerza de los llamamientos para la reforma de la maquinaria de derechos humanos de la ONU, y ha habido buenos intentos para hacer que las empresas sean más responsables, para fortalecer la justicia internacional, para que se controle el comercio de armas y para que se ponga fin a la violencia contra las mujeres.
En el terreno judicial, la nueva agenda se combatió con iniciativas como las sentencias de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre los detenidos de Guantánamo y el fallo de los jueces lores británicos sobre la detención indefinida sin cargos ni juicio de «presuntos terroristas». Asimismo, la presión pública se hizo sentir con acciones como la manifestación espontánea de millones de personas en España para protestar contra los atentados del 11 de Marzo, los alzamientos populares de Georgia y Ucrania y el creciente debate sobre el cambio político en Oriente Medio.
«La duplicidad de los gobiernos y la brutalidad de los grupos armados encuentran cada vez mayor oposición, en forma de decisiones judiciales, resistencia popular, presión pública e iniciativas de reforma de la ONU –ha señalado Irene Khan–. El reto que se le plantea al movimiento de derechos humanos consiste en aprovechar la potencia de la sociedad civil para obligar a los gobiernos a cumplir con sus promesas de defensa y promoción de los derechos humanos.»
Ángel Gonzalo
Responsable de Comunicación de Amnistía Internacional España