La LOCA EXALTACIÓN del TERRITORIO

Jorge Marsá

Boletín Copan nº 46

También en Alemania se está poniendo en cuestión lo que aquí denominamos el modelo territorial. La nación a la que no pocos consideran uno de los modelos federales de referencia, debaten precisamente sobre las limitaciones de su modelo. Resulta sorprendente la escasa proyección que esa controversia está teniendo en la clase política y los medios de comunicación españoles, y aún más que no se relacione con las continuas polémicas que sobre esta cuestión se producen en nuestro país. Aunque quizá no lo sea tanto, si pensamos que allí se plantea una transformación política que camina en dirección prácticamente opuesta a la que se persigue en España.

En un editorial del diario El País se decía: todos los partidos alemanes admiten que el actual sistema federal, con sus inmensas burocracias, fraccionamiento de competencias, legislaciones diversas y laberintos procedimentales se ha convertido en un anacronismo. Si el periódico de referencia hubiera escrito algo parecido sobre el Estado autonómico español, las voces se oirían en toda la galaxia. Y se le hubiera acusado de alinearse con el más casposo y rancio nacionalismo español.

En nuestro país puede cuestionarse también el funcionamiento de los servicios públicos. Se publica la noticia de que la OCDE considera al sistema educativo español como uno de los peores entre los países desarrollados o que la sanidad funciona de pena. Se constata que las pensiones o el salario mínimo son de los más bajos de Europa. Es decir, que el sistema de protección social funciona de pena en España.

Pero lo que no se puede decir, como se hace en Alemania, es que el pobre funcionamiento de los servicios básicos del Estado del bienestar pudiera obedecer también a las inmensas burocracias, fraccionamiento de competencias, legislaciones diversas y laberintos procedimentales de nuestro Estado de las autonomías. Aquí resulta políticamente incorrecto plantear lo obvio.

Cuando se hojean en los periódicos las páginas dedicadas a la política, se tiene la impresión de que el principal problema de la sociedad española fuera el conflicto de competencias entre sus distintas administraciones territoriales. Sin embargo, cuando se pregunta a los españoles cuáles son los problemas que consideran más importantes, nunca aparece la cuestión territorial. Por lo tanto, hay que destacar el éxito de los políticos de este país al convertir en el principal componente de la agenda política un asunto que a ellos les interesa sobremanera pero que apenas afecta a los ciudadanos, a los que, sin embargo, parecen haber convencido para que les sigan por este derrotero.

Resulta completamente lógico que cada clase política local batalle denodadamente por obtener todas las competencias y todos los cargos públicos posibles. Por ello a nadie extraña el acuerdo generalizado con que existan dieciocho parlamentos, dieciocho presidentes de gobierno, dieciocho ministros de sanidad, dieciocho viceconsejeros de sanidad, dieciocho directores generales de sanidad, etc. A ese incremento de la burocracia, esto es, de los puestos y fondos públicos a disposición de políticos locales, se le denomina en España acercar el poder a los ciudadanos. Ahora bien, que los problemas de los ciudadanos sean otros, y si ese acercamiento ha contribuido o no a resolverlos, a mejorar los servicios públicos que se les prestan, eso es harina de otro costal. Eso puede discutirse en Alemania; aquí, no.

Aquí no puede hablarse de inmensas burocracias, fraccionamiento de competencias, legislaciones diversas y laberintos procedimentales. Y mucho menos preguntarse si la descentralización administrativa acometida pudiera tener alguna relación con el incremento de la corrupción política que caracteriza a este país.