El nacionalismo fue la fuerza política que menos luchó contra Franco. Se fue con el PSOE cuarenta años de vacaciones. Era normal porque Franco se ocupó de recompensar a quien le financió la guerra.
Revista Autogestión nº61
Diciembre 2005
El Proyecto de nuevo Estatuto de Cataluña puede haber sorprendido a muchos, pero leyendo sus claves económicas creemos que este debate no es nuevo. Cuando Arzalluz dijo aquello de «no puede haber un desarrollo idéntico para todos» estaba marcando la hoja de ruta de la política de los nacionalistas en nuestro país.
No es un proyecto nuevo. Este latido insolidario se viene repitiendo en la Historia de nuestro país. Cuando España poseía colonias, el capitalismo vasco y catalán eran los más entusiastas españolistas porque eran los que más se beneficiaban económicamente. Es al desatarse la crisis de fines del siglo XIX cuando se desarrollan los partidos nacionalistas, que chantajean al resto de españoles con el único fin de mantener su nivel económico privilegiado.
El nacionalismo fue la fuerza política que menos luchó contra Franco. Se fue con el PSOE cuarenta años de vacaciones. Era normal porque Franco se ocupó de recompensar a quien le financió la guerra.
Los silencios del Estatut son aberrantes y propios de una interpretación histórica de ultraderechistas. Cuando se habla en el preámbulo de la memoria histórica calla, entre otras cosas, el movimiento sindical libertario y militante de la Cataluña de principios del siglo XX. Claro que como allí participaron inmigrantes y catalanes no nacionalistas hay que silenciarlo.
Además de las barbaridades de la imposición de la lengua, el invento de naciones por decreto, la creación de más fronteras y controles a los inmigrantes, el estatuto presentado por el Partido Socialista Catalán al Congreso es la muestra más palpable de la insolidaridad y el pensamiento económico reaccionario.
¿Estamos ante un proyecto independentista?. Leyendo detenidamente el proyecto de Estatuto, creemos que no. El Estatuto catalán que proponen Maragall y Carod es profundamente estatista. Está lleno de exigencias, consejos y regulaciones al resto de españoles. Eso sí, con el único objetivo de llenar más los bolsillos de los catalanes.
Cuando el nuevo estatuto catalán aborda el tema económico lo hace desde una mentalidad retrógrada y neoliberal. Ni Margaret Tatcher, Pinochet o Reagan se hubieran atrevido a hacer afirmaciones tan duras contra los empobrecidos. «Se acabó la generosidad de Cataluña con el resto de las Españas», «o se aprueba el Estatut o el drama está servido», «Cataluña no puede seguir siendo el banco de España ni su espónsor permanente», «hay que primar la cultura del esfuerzo frente a las Comunidades que viven de subvenciones», etc. La presentación del Estatuto recordaba a una escena de la película El Padrino.
El Estatut mira con envidia el sistema de financiación vasco. Es este un sistema que ha permitido a los vascos tener en mayor proporción que el resto de españoles segundas residencias fuera de su comunidad. De hecho, el personaje que inventó la expresión «ámbito vasco de decisión» tiene varias mansiones en Marbella. La hacienda vasca dispone hasta de un 50% más de recursos por habitante que otras comunidades aunque los vascos no pagan más impuestos que el resto de españoles. ¿Cómo es esto posible?, pues muy sencillo: Permitiendo que no aporten a la solidaridad y rompiendo el principio de que quien más tiene más pague, revirtiendo lo recaudado de los impuestos de los que más tienen en ellos mismos, con lo que las diferencias aumentan y se perpetúan.
Pues bien, el tripartito exige este modelo para Cataluña.
El modelo general de financiación español se basa en la cesión a las Comunidades Autónomas del 33% del IRPF recaudado en ese territorio y la totalidad del Impuesto del Patrimonio. Luego existen otros impuestos de recaudación autonómica y otros de entera disposición estatal. Este modelo ya es discutible e injusto porque las Comunidades Autónomas de más población y más riqueza son más beneficiadas. Era un modelo prohibido pero por la presión de CiU se modificó en 1993.
Maragall pretende ahora que Cataluña recaude todos los impuestos y efectúe la cesión en función de su exclusivo interés, lo que ha llamado «pacto fiscal federal con toques de bilateralidad».
¿Cómo se ha llegado a esto?: mintiendo. Maragall ha puesto de moda la expresión «balanzas fiscales» que dice que el criterio de financiación debe guiarse por la diferencia entre lo recaudado y lo gastado en un lugar. Es injusto y mentiroso porque lo que realmente ocurre es que en determinados territorios hay muchas más personas con mayor capacidad económica y que tributan más que otros. No es Cataluña la que paga impuestos, sino los catalanes con los mismos tipos impositivos que los extremeños. No es cierto que en este país el rico haga un mayor esfuerzo fiscal. Y puestos a seguir su planteamiento, ¿Cuánto tardará Madrid en pedir el mismo sistema de financiación cuando desvele, aplicando el método Maragall, que cada madrileño aporta el doble que el catalán?.
Con la excusa de que en el Estado «existen diferentes dinamismos económicos» el tripartito plantea un sistema de financiación blindado y basado en la mentira de que Cataluña tenga un espacio económico propio. Cuando, en una ocasión, le preguntaron a Carod qué pensaba de que la mayoría de clientes de las empresas catalanes fuera el resto del Estado, calló.
Cuando Maragall cuestiona que sea España el marco para la distribución de la renta y para fijar los servicios públicos universales está planteando una solidaridad catalana y otra solidaridad limitada en el tiempo y de 0,7% con el resto de españoles. Es como si los ricos de un país no estuvieran de acuerdo con los servicios públicos que reciben y acordaran dejar de pagar impuestos unilateralmente marcando las reglas de juego que más les interesara.
Su modelo es injusto por las siguientes razones:
1. La Constitución dice que los ricos deben pagar más. Aquí se está exigiendo que los ricos deben recibir más.
2. Son inmedibles los efectos económicos de la pertenencia a un Estado.
3. La historia nos enseña que la autarquía franquista favoreció de forma exagerada a País Vasco y Cataluña.
4. Los flujos de inmigración no solo han enriquecido a País Vasco y Cataluña, sino que han empobrecido a las regiones que proporcionaban mano de obra porque eran previamente esquilmadas.
5. Los beneficios de las empresas radicadas en un lugar se generan allí donde se venden sus productos o se prestan los servicios. Es injusto que el domicilio social determine la recaudación de los impuestos. Es injusto que los olivares andaluces y la energía de los pantanos del Duero tributen en la Gran Vía de Bilbao.
6. Dividir las agencias tributarias potencia el fraude fiscal.
¿Cuáles sería los efectos de la aplicación del modelo económico del Estatut?:
La consecuencia más grave sería ahondar irreversiblemente en la ruptura de la solidaridad. Recordemos que la Constitución plantea la solidaridad en diversos artículos: «La solidaridad entre todas las nacionalidades y regiones que integran la nación española» [art. 2]; «el Estado garantiza la realización del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales» [art. 138]; «Los poderes públicos promoverán una distribución de la renta regional y personal más equitativa [art. 40]; «para corregir desequilibrios económicos territoriales y para hacer efectivo el principio de solidaridad se constituirá un Fondo de Compensación» [158.2]; «dentro de su autonomía financiera, la actuación de las CC.AA. se adecuará al principio de solidaridad» [art 156].
Pues bien, el Estatut plantea romperlo cuando afirma que el rendimiento de todos los tributos estatales soportados en Cataluña forman parte de la Hacienda de la Generalitat [203]; otorga capacidad normativa de la Generalitat sobre todos los impuestos estatales soportados en Cataluña lo que incluye la capacidad de fijar el tipo impositivo, bonificaciones, exenciones, reducción, deducciones, etc. [204]; contribuye a la solidaridad con el resto de CC.AA. imponiéndoles condiciones [209], etc.
Es decir, el nivel de solidaridad de todos los españoles pasa a ser fijado por una sola Comunidad.
Ya se han realizado cálculos sobre los números que saldrían de hacer estas operaciones y el resultado es una mayor recaudación para Cataluña de algo más de 18.260 millones de euros en 2003 (año en el que se dispone de datos completos) y una pérdida de recaudación del Estado del 2,4 % del PIB. El Estado se vería obligado a disminuir la solidaridad con el resto de España en un nivel de 544 euros de media al año por habitante (lesionando especialmente a Castilla y León, La Rioja, Cantabria, Galicia, Extremadura y Aragón) o a incrementar los impuestos a las comunidades de régimen común para financiar el incremento de ingresos de Cataluña.
Si todas las CC.AA. pidieran este sistema el Estado perdería en recaudación una cantidad cercana a los 86.000 millones de euros, el 11% del PIB. La solidaridad interregional desaparecería totalmente. ¿Se puede uno llamarse socialista y hacer bandera de un programa que proporciona mayores ingresos para las regiones más ricas a costa de los más pobres?.
País Vasco y Cataluña son conscientes de que su propuesta económica no puede extenderse a los demás porque es un modelo que solo puede prosperar a costa de que otros carezcan de él. Por eso quieren que la insolidaridad se llegue a hacer obligatoria. Incluso el Estatut se atreve a exigir que la aportación económica de Cataluña, tras apropiarse de una recaudación en la que intervenimos todos los españoles, no alterará la posición de Cataluña en el ránking de renta de Comunidades Autónomas. Esto quiere decir que blinda la situación de Comunidades que doblen en riqueza a otras, y que cuando una comunidad pobre se acerque a las ricas, el Estado debería movilizar todos sus recursos en evitarlo.
Por eso el Estatut no es independentista. Pide modelar todas las instituciones estatales en función del blindaje de su modelo económico insolidario. Tienen pánico a instituciones autónomas e independientes que puedan poner freno al saqueo económico. El Estatut exige, por ejemplo, mantener negociaciones bilaterales para determinar la inversión estatal en infraestructuras en Cataluña un mes antes de presentarse los presupuestos generales del Estado mediante una Comisión presidida por la Generalitat. Volvemos a insistir en que nadie es quien para decidir cuanto deben recibir los demás. ¿Es esto separarse de España o vivir a su costa?.
Otro de los nubarrones del Estatut es el que se cierne sobre la Seguridad Social. Ésta, a través de las pensiones y las prestaciones por desempleo, constituye otro elemento de redistribución de la renta por lo que su régimen es competencia exclusiva del Estado. La caja única es el elemento que garantiza la equidad y un reparto solidario. Este criterio vuelve a ser roto por el proyecto que pide para la Generalitat un régimen propio que no solo lo haría más ineficiente sino que plantea graves dudas de los derechos de pensionistas y trabajadores que hayan cotizado en otras comunidades. El volumen de dicha caja hace muy apetecible trocearla.
El Estatut es un engendro creado por una burocracia ávida de poder. Por eso es justamente lo contrario al verdadero federalismo y a la descentralización. El Estatut usurpa competencias a los ayuntamientos y crea un espacio con mayor resistencia al control democrático del pueblo.
Al señor Zapatero, que no es socialista, no se le ha ocurrido pensar en como solucionar el problema de nuestro país en el que se multiplican los centralismos antidemocráticos, en el que se transfieren competencias sanitarias a Comunidades que como primera medida que toman es subir el sueldo un 25% y al poco tiempo lloran por sus déficits. ¡Y sin que nadie haya dimitido!.
Zapatero prometió aprobar lo que saliera del parlamento catalán y ha salido un engendro insolidario. A nuestro parecer solo le quedan dos salidas: o dimitir inmediatamente o devolver a los corrales el Estatut y propiciar otro en el que prohíba la especulación de la vivienda, la corrupción del 3%, los altos sueldos de los cargos autonómicos, los abusos de la banca, etc., y se apueste por la solidaridad, el cooperativismo, la autogestión, etc.
El Estatuto catalán es la mejor prueba de que en nuestro país es más necesario que nunca un socialismo solidario