A primera vista, la ex África occidental portuguesa encabeza desde 2009 acciones internacionales contra la minería diamantífera como fuente de violencia, explotación y esclavitud infantil. Todo en medio de una guerra civil que dura doce años.
A primera vista, la ex África occidental portuguesa encabeza desde 2009 acciones internacionales contra la minería diamantífera como fuente de violencia, explotación y esclavitud infantil. Todo en medio de una guerra civil que dura doce años.
Por cierto, Angola es un país que rezuma –como Nigeria- petróleo, violencia y corrupción. Esta campaña, específicamente, deriva del protocolo de Kimberley (Sudáfrica, 2008), cuyo fin es frenar el canje de armas por diamantes en bruto, fuente de ingresos de los rebeldes que controlan un tercio del territorio y parte de la costa.
Entretanto, la geografía de las piedras preciosas incluye grandes economías como Rusia (US$ 2.510 millones, segunda del planeta en 2010), Canadá (tercera con 2.250 millones) y Sudáfrica (cuarta con 1.240 millones). Botswana es líder, con US$ 3.270 millones. Angola aporta 1.210 millones, pero su problema se agudiza por los nexos entre guerra civil y tráfico de diamantes. Siguen en la lista Namibia (US$ 920 millones), Congo Kinshasa (430 millones, también con guerrillas), Australia (330 millones), Lesotho (220 millones) y la volátil Sierra Leona (100 millones).
Aparte de quinto exportador mundial, Angola ofrece piedras muy bien cotizadas por los cortadores de Amsterdam, debido a tamaño y pureza. Pero este comercio derrama sangre y genera violencia, dos factores típicos del África subsahariana. En las junglas del noreste y el este, millares de campesinos emplean medios primitivos
para explotar socavones a cielo abierto.
Trabajan en negro desde la infancia y soportan todo tipo de abusos, desde esclavitud o violación hasta confiscación de las piedras extraídas. Su único remedio es unirse a grupos protegidos por rebeldes o por la soldadesca del régimen. Como en Nigeria, o ambos Congos, esa mano de obra vive en aldeas controladas por bandas, que funcionan como semilleros de futuros reclutas. Por ejemplo, en Angola un varón de once años ya porta fusil Kaláshñikov.
Esta violencia estructural suele ser puesta al descubierto por medios y redes sociales de las vecinas Zambia, Botswana, Namibia y, naturalmente, Sudáfrica. Pero varios países exportadores de gemas, oro o cobre se muestran reacios a garantizar los derechos civiles de su población. Así señala el protocolo de Kimberley, que suscriben 75 países. Como sucede con el narcotráfico en México o Colombia, quienes denuncian o resisten esos abusos suelen vivir poco.
