Cáritas Europa y otras tres organizaciones cristianas denuncian la directiva de la UE sobre retorno

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Han expresado de manera conjunta sus reparos a la propuesta de Directiva de la Unión Europea 'sobre normas y procedimientos comunes para el retorno de los nacionales de terceros Estados en estancia irregular'






Cáritas. 5 de junio de 2008.- Cáritas Europa, la Conferencia de Iglesias Europeas, la Comisión de Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea y la Comisión de las Iglesias Europeas para las Migraciones han expresado de manera conjunta sus reparos a la propuesta de Directiva de la Unión Europea “sobre normas y procedimientos comunes para el retorno de los nacionales de terceros Estados en estancia irregular”.


En una carta enviada a Jacques Barrot, representante de la Comisión de Justicia, Libertad y seguridad del Parlamento Europeo y a todos los representantes permanente de los Estados Miembros de la UE, los máximos responsables de esas organizaciones llaman la atención sobre “algunos puntos críticos de la propuesta” con objeto de que sean observados “cuidadosamente cuando se produzca la votación del texto”. Como se sabe, hoy  está previsto que los ministros de Interior de la UE den el visto bueno a la citada Directiva, que deberá ser sometida posteriormente a la consideración de la Eurocámara.


Las organizaciones firmantes, que representan a Iglesias de toda Europa –anglicana, ortodoxa, protestante y católica— y a organizaciones cristianas especialmente involucradas en la defensa de los derechos de los migrantes y refugiados, reconocen en la carta “la dificultad de alcanzar un compromiso sobre un tema tan controvertido entre los Gobiernos de los 27 Estados miembros y los miembros del Parlamento Europeo”, además de valorar “los cambios introducidos en la última redacción acordada por el Comité de Representantes Permanentes de los Estados miembros en lo que respecta al acceso a la asistencia jurídica gratuita”.


La detención, “una decisión demasiado extrema”


No obstante, las entidades señalan que aunque “valoramos el intento de mejorar la propuesta de la Comisión respecto a la duración de la detención (artículo 14.1), nos preocupa profundamente que los Estados miembros puedan detener a personas durante un máximo de 18 meses (artículo 14.5)”. “Esto es inaceptable como procedimiento común de la UE”, afirman y añaden: “Aunque se prevea una revisión de esta disposición, en cualquier caso, no queda claro qué periodo de tiempo se considera necesario, ya que, tampoco está definido el concepto de ‘detención prolongada’”. “La detención –se asegura– es una sanción demasiado extrema para ser aplicada a personas que no han sido declaradas culpables por un tribunal por la comisión de un delito, y viola uno de los derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional, el derecho a la libertad”.


La prohibición de entrada, “una doble sanción”


Con relación a la prohibición de entrada de hasta cinco años prevista en la Directiva, como una medida aparejada a las decisiones de retorno (artículo 9), las entidades firmantes denuncian que “esta prohibición equivale a una doble sanción, y cinco años es demasiado tiempo para considerarla justa”, además de advertir sobre las “graves consecuencias” que puede tener “sobre el principio de no devolución, garantizado por la Convención de 1951 sobre los Refugiados”


A este respecto se recuerda que “una prohibición general para los 27 Estados Miembros de la UE o de los Estados Partícipes en Schengen excluye toda posibilidad de que una persona pueda encontrar refugio, especialmente si se impone por un extenso período de tiempo y sin tener en cuenta que la persona puede estar regresando a un entorno inestable que podría empeorar”. “Un número importante de personas –alertan– se verán, probablemente abocadas a acudir a los traficantes, ante la desesperación de ser excluidos de los cauces de entrada legal”, por lo que “el instrumento de una prohibición de entrada es probable que aumente la migración irregular y el tráfico de seres humanos”.


En la carta se recuerda cómo “las Iglesias en Europa han expresado en varias ocasiones, de forma individual y también conjuntamente, su profunda preocupación por el creciente uso de la detención administrativa de inmigrantes a la espera de ser expulsados, en muchos países de Europa”, motivo por el cual “muchas Iglesias y organizaciones han resuelto rechazar la actual propuesta porque no tiene en cuenta la realidad de muchos migrantes, refugiados y solicitantes de asilo en los Estados miembros de la UE”. Para estas entidades “el respeto a la dignidad de todo ser humano requiere un esfuerzo en la mejora del retorno voluntario de nacionales de terceros países que no tienen permiso de estancia”.


Cáritas Europa y las otras tres organizaciones instan a Jacques Barrot al final de su escrito a “restringir más que ampliar el uso de la detención administrativa”, a “restringir la prohibición de entrada obligatoria a circunstancias excepcionales y prever los procedimientos para hacer frente a los desafíos legales que suponen estos actos administrativos” y a “mejorar el acceso al retorno voluntario, mediante la concesión para este fin, de un mínimo de al menos 30 días, o del tiempo equivalente dado a las autoridades para hacer cumplir una orden de expulsión”.


“Si no se pudiera alcanzar un acuerdo sobre estas cuestiones –concluye la misiva–, y para salvaguardar los derechos de los deportados, instamos al Parlamento Europeo a no aprobar el presupuesto del Fondo Europeo de Retorno, manteniéndolo en reserva”.


La carta está firmada por Erny Gillen, presidenta de Cáritas Europa; Jean-Arnold de Clermont, presidente de la Conferencia de Iglesias Europeas; Adrianus Van Luyn, presidente de la Comisión de Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea; Artlington W. Trotman, moderador de la Comisión de las Iglesias Europeas para las Migraciones