Comisiones bancarias, el arte de cobrar por todo

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Aunque retirada, la disposición del Banco Popular a cobrar a sus clientes por sacar dinero en sus cajeros ha reavivado el debate sobre las comisiones bancarias, un negocio que supone una cuarta parte de los ingresos anuales de las entidades. Mientras éstas defienden su derecho a cobrar por sus servicios, los usuarios exigen al Banco de España que regule …

MARIA LUISA ATARÉS
Nueva Economía
16 de Enero de 2005

Esta semana los clientes han ganado una partida a la banca y, de momento, seguirán sacando su dinero en los cajeros de sus respectivas entidades, a cualquier hora del día o de la noche, sin pagar comisión. El Banco Popular ha recogido velas y su intento de cobrar 0,30 euros a sus usuarios por cada retirada de efectivo en sus cajeros fuera del horario de oficina se ha disuelto en el aire. Sin embargo, ganar una batalla no es ganar la guerra y las comisiones son una constante en todos los movimientos y operaciones bancarias que avanza en progresión creciente desde que, en pleno boom hipotecario y con los tipos de interés en mínimos históricos, las entidades se lanzaran a recuperar el margen perdido.

¿Qué ingresos suponen para los bancos las comisiones por uso de tarjetas de crédito y débito? Pues alrededor de un 40% de lo que obtienen en total por este concepto y más de la cuarta parte de los ingresos totales de cada entidad, según un informe de la consultora Tatum. Por poner un caso concreto y reciente, la presidenta de Banesto, Ana Patricia Botín, ha admitido que buena parte de los resultados de 2004 (un beneficio neto de 456,39 millones de euros con un incremento del 3,2% respecto a 2003) se han logrado gracias a esa partida. En total, las comisiones netas aportaron el año pasado 502,4 millones de euros a las cuentas de Banesto, un 8,6% más que en 2003. Un dato que ha permitido a su consejero delegado, Federico Outón, afirmar que Banesto «no tiene intención» de realizar modificaciones en su estructura de comisiones ni cobrará por operar en cajeros propios.

Los bancos tienen perfecto derecho a poner precio a sus servicios, como puede un comerciante gravar su mercancía con el 100% antes de sacarla a la venta -si no, que se lo digan a los agricultores-.Es su negocio y la normativa española reconoce claramente la plena libertad que disfrutan las entidades de crédito para fijar las comisiones por sus productos o servicios. La misma libertad que tienen sus clientes para buscar un banco menos gravoso -aunque, salvo raras excepciones, la variación entre las comisiones de las distintas entidades suele ser mínima por razones de competitividad- o incluso para volver al calcetín y la baldosa bajo la cama.Más de uno lo está pensando.

¿Cuánto le cuesta a un ciudadano disponer de una cuenta corriente con alrededor de 50 apuntes al año, una tarjeta de débito y otra de crédito con siete disposiciones de efectivo? Por esos servicios financieros básicos los españoles pagan a sus bancos y cajas una media de 176 euros anuales en concepto de comisiones, según un estudio de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae). Para esta organización, la renuncia del Popular no soluciona «el injustificado y continuado incremento de las comisiones», por lo que exige que, respetando la libertad de mercado, se regule su aplicación.

La banca está cobrando de media una comisión máxima de 0,60 euros por retirar dinero a débito en un cajero de una oficina no perteneciente a su firma y un 4,5%, con un mínimo de 2,40 euros por operación, si se hace en cajeros de otra red (ver cuadro). Si se retira dinero a crédito, el cliente pagará comisión aunque acuda a un cajero de su banco e independientemente de los intereses que haya pactado por esa disposición.

Desde que lo dispusiera una orden ministerial de octubre de 2002, los clientes están puntualmente informados de estos cobros, lo que les da opción a seguir adelante y pagar, buscar otro cajero, acudir a la ventanilla de su banco o renunciar a esa operación.Una ventaja que esgrimen fuentes del sector financiero para defender su posición, que no tranquiliza a las asociaciones de usuarios: «Estamos satisfechos de ver que en el plazo de dos semanas la reacción de los consumidores ha logrado hacer desistir a bancos y cajas de dos prácticas inaceptables: el cobro de comisiones en las transferencias de ayuda al sureste asiático y la actual retirada de la comisión anunciada por el Banco Popular», declaran desde Adicae. Pero consideran que estas victorias no acaban con el problema «de las mil y una comisiones, las más altas de Europa» ni con «la voracidad recaudatoria de las entidades financieras», por lo que exigen la implantación de una regulación legal mínima en esta materia, como ya se está haciendo en algunos países como Francia, y «respetando la libertad de mercado, se establezcan los criterios básicos en la aplicación de comisiones».

Mientras las entidades y la patronal del sector mantienen un prudente silencio oficial -aunque defienden su derecho a cobrar por sus servicios, insistiendo en los altos costes que entraña mantenerlos-, los partidos políticos no han podido resistirse al debate. Así, el secretario de Economía de Izquierda Unida, Javier Alcázar, alineado con las asociaciones de usuarios, no ha dudado en exigir al Gobierno la puesta en marcha de una ley para evitar que los servicios bancarios sean cada vez más caros.En su opinión, la iniciativa del Banco Popular para cobrar una nueva comisión a sus clientes por sacar dinero en cajeros fuera del horario de oficinas «no ha sido más que un globo sonda que responde a una estrategia bancaria mucho más amplia».

El dirigente de IU considera que «muy probablemente» la iniciativa sólo pretendiera captar las reacciones de la sociedad en un primer paso para ir «hasta estar en un futuro respaldados por más entidades bancarias».

Por su parte, el portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Arias Cañete, declaraba que «en una economía de libre mercado como la nuestra, los bancos son muy libres de cobrar las comisiones que estimen oportunas, igual que lo son los clientes de cambiar de banco». Para Arias Cañete, «no se puede limitar la actuación de los agentes económicos en un mercado libre, pero se les puede obligar a que cumplan con una total transparencia informativa, de manera que, sin letra pequeña, el cliente sepa exactamente qué es lo que se le va a cobrar».

Así se hace ya en los cajeros de los tres sistemas de pago existentes en España y, sin embargo, no ha descendido el número de operaciones.Aunque, eso sí, más de un 86% de ellas tienen lugar en los cajeros de la propia entidad donde la retirada de efectivo a débito, es decir, contra la cuenta corriente del usuario, es gratuita (de momento). No obstante, si el uso de tarjetas en cajeros está muy extendido, su empleo como sustituto del dinero en efectivo para pagar en comercios o gasolineras sigue verde. Apenas el 13% del consumo de los hogares se paga con tarjeta. Un negocio aún por explotar sobre el que el sector opina que, «quizá la iniciativa del Popular, más nuevos ingresos, persiguiera fomentar ese uso».