- Una decena de las multinacionales con más beneficios del planeta ensaya con medicamentos entre indios pobres. Ellos lo ignoran.
- Personas con discapacidades físicas y mentales son sometidos a experimentos, incumpliendo la ley que exige que comprendan los riesgos.
No hay nada palaciego en las condiciones del hospital Maharaja Yashwantrao, nombrado en honor del maharajá que gobernó la ciudad india de Indore a principios del siglo XIX. Pacientes y cucarachas comparten pasillos. Las paredes, enmohecidas y desconchadas, no han sido pintadas desde la inauguración del centro hace seis décadas. La suciedad se amontona en salas donde parte del equipamiento médico ha dejado de funcionar y campesinos llegados a pie desde aldeas lejanas esperan días para ser atendidos.
Pero Chandrakala Bai recibió un trato especial. La mujer, perteneciente a la casta de los dalits o intocables, la más baja de India, ingresó con dolores de pecho en la primavera de 2009, fue conducida a una ‘zona especial’ con todas las comodidades e informada de que era su día de suerte. El hospital contaba con un nuevo fármaco extremadamente caro que podía ser suministrado a personas que vivían por debajo del umbral de la pobreza. Solo tenía que poner una cruz en un papel.
Un mes después de empezar a tomar la medicina experimental contra la arritmia cardiaca, desarrollada a base de tonapofylline por la multinacional estadounidense Biogen Idec, Chandrakala Bai murió de un ataque al corazón. Tenía 45 años y cuatro hijos. Uno de ellos, Anil Sodey, se levantó antes del alba y caminó media jornada hasta dar con el viejo edificio colonial que acoge los juzgados de Indore. “Mi madre no sabía leer ni escribir”, dice Sodey, acompañado por el abogado que aceptó llevar el caso gratis. “Murió sin saber que estaba siendo parte de un experimento”.
Miles de campesinos, miembros de las castas más bajas, analfabetos, menores e incluso discapacitados, están siendo reclutados en hospitales de India y sometidos a pruebas clínicas encargadas por las mayores multinacionales farmacéuticas del mundo. El Maharaja Yashwantrao, donde en los últimos siete años se han llevado a cabo ensayos en más de 3.000 pacientes, es uno entre las decenas de laboratorios donde los pacientes son utilizados como conejillos de indias.
Las multinacionales encuentran en India costos que reducen la inversión en un ensayo clínico a la mitad, regulaciones que rara vez se cumplen, 600.000 médicos mal pagados -y dispuestos a ganar un dinero extra- y un número interminable de potenciales pacientes que incluyen 40 millones de asmáticos, 34 millones de diabéticos y tres millones de enfermos de cáncer, la mayoría sin seguros médicos y dependientes del arcaico sistema público de salud. Indore, en el estado de Madhya Pradesh, añade un atractivo extra para las empresas que quieren ensayar sus medicinas con la esperanza de ponerlas en el mercado. La ciudad, de dos millones de habitantes, está rodeada de tribus y comunidades indígenas que ofrecen la diversidad que hace más valiosos los resultados.
El doctor Anand Rai trabajaba en el hospital Maharaja Yashwantrao cuando hace seis años empezó a advertir que algunos pacientes eran desviados a consultas alternativas, sometidos a tratamientos experimentales y desahuciados cuando dejaban de ser útiles. “Cogen a los más desfavorecidos y en algunos casos les presentan formularios de consentimiento en inglés”, dice Anand mostrando hojas que fueron firmadas con huellas dactilares por campesinos que no podían escribir ni su nombre. El oftalmólogo, de 36 años, denunció lo que estaba ocurriendo a las autoridades de Indore, pero fue despedido. Muchos de sus compañeros en el hospital estaban implicados, atraídos por las 80.000 rupias (1.000 euros) que las farmacéuticas pagan por cada enfermo reclutado, según documentos obtenidos por El Mundo. Para Anand fue el comienzo de su ostracismo entre colegas que lo consideran “un traidor”.
La vivienda de Anand está hoy tomada por pilas de fotos, informes médicos y testimonios de víctimas. Padres que perdieron a bebés en ensayos de vacunas que nunca llegaron a aprobarse. Trabajadores que sufrieron parálisis y otras secuelas que han condenado a sus familias a la miseria. O los cerca de 300 discapacitados mentales enrolados en experimentos de Indore, incumpliendo la ley que exige que los pacientes estén capacitados para entender los riesgos que conllevan las pruebas. Deepak Yadav está entre estos últimos. Tiene seis años y fue incluido en un estudio a pesar de sufrir discapacidades mentales y físicas que le impiden comunicarse o moverse por sí mismo.
Sooraj y Reena Yadav viven en una habitación de 18 m2, sin ventanas o baño, frente al puesto de verduras que regentan en una barriada pobre de Indore. Hace dos años llevaron a su único hijo, aquejado de problemas estomacales, al hospital público Chacha Nehru Bal Chikitsalaya. “Le temblaba el cuerpo, pero nos dijeron que tenían las medicinas que lo solucionarían”, recuerda su padre. A pesar de que el estado de Deepak no mejoró, los doctores insistieron en mantener la medicación, presentándose cada poco tiempo en casa de los Yadav para realizar pruebas y extraer muestras de sangre. El niño siguió padeciendo dolores que lo hacían retorcerse por las noches durante cinco meses. En lugar de recibir los fármacos que podrían haberle aliviado, Deepak estaba siendo sometido al ensayo en niños de un medicamento contra la úlcera desarrollado por Johnson & Johnson. “Un día dejaron de venir y no hemos vuelto a saber de ellos”, dice Sooraj de los médicos.
Entre 2005 y 2012 se llevaron a cabo 475 ensayos clínicos en la India, con la participación de 57.303 personas, según el Ministerio de Sanidad. 2.644 murieron durante las pruebas y 11.972 padecieron secuelas graves, pero el Gobierno atribuye la mayoría de los decesos a un agravamiento de las dolencias que ya padecían. Las autoridades solo reconocen errores en 80 casos fatales -incluidos ensayos clínicos con los medicamentos Rivaroxaban (Bayer) y Aliskiren vs. Enalapril (Novartis)- y otros 506 casos de pacientes que “sufrieron efectos adversos”. Anand ha llevado a cabo análisis propios que contradicen a las autoridades y vinculan muchos más fallecimientos a las pruebas. “Los comités éticos que deciden el motivo de la muerte reciben dinero de las mismas empresas que deben regular, así que hacen todo lo posible por determinar causas ajenas a los ensayos”, asegura el médico.
Rajkumar Tiwari y su mujer, Sarita, perdieron a su bebé recién nacido a los pocos días de su nacimiento. Lo atribuyeron al infortunio hasta que su caso se hizo público durante un debate parlamentario en la asamblea de Madhya Pradesh, en 2010. Entonces todo empezó a encajar: el papel en blanco que firmaron en la consulta -y que después fue convertido en un formulario de consentimiento-, los fallecimientos de otros bebés tratados por el mismo médico, las evasivas a la hora de determinar qué había acabado con su vida a pesar de que había nacido sano. “No tuvimos tiempo de ponerle nombre o de hacerle una fotografía”, dice su madre. El bebé de los Tiwari había recibido una vacuna experimental contra la polio, esta vez de una farmacéutica india.
En los últimos siete años, 45 pacientes han sido compensados, ninguno de ellos en Indore. Bayer ha sido una de las más generosas. De los 138 indios que murieron durante los ensayos que condujo entre 2007 y 2010, la empresa ha admitido que cuatro lo hicieron a causa de los efectos de su medicamento Rivaroxaban. La corporación alemana ha indemnizado a cada una de las familias de los difuntos con 4.000 euros. Bayer obtuvo el año pasado las mayores ventas de su historia, 40.000 millones de euros, y ganancias operativas por valor de 4.000 millones. Las 10 mayores farmacéuticas del mundo facturaron casi 300.000 millones en 2012, según su propia contabilidad.
Anand ha unido a las víctimas bajo la asociación Swasth Samarpan. Juntas se han presentado cuatro veces ante la Corte Suprema de India en Delhi, obteniendo su primera victoria en enero pasado cuando los jueces los reconocieron como “cobayas humanas”. Caso a caso, ellos han empezado a desafiar a las autoridades sanitarias, a las multinacionales y a los médicos que trabajan para ellas, forzando la aplicación de medidas para prevenir los abusos. Los pacientes de Mumbai, por ejemplo, tendrán que consentir su participación delante de una cámara de vídeo, evitando engaños a enfermos analfabetos. Regulaciones como la de Mumbai llegan tarde para Chandrakala Bai, fallecida de un ataque al corazón. Anil Sodey ha sido llamado en el inicio del juicio en el que acusa a 12 doctores de haber experimentado con su madre. “Creen que la vida de una campesina vale menos que la suya”, dice Sodey. “Le debo a mi madre demostrar que no es así”.
Autor: David Jiménez
