Continúa la persecución a la Iglesia en Nicaragua

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Monseñor Rolando Álvarez Lagos, obispo de Matagalpa. Fuente: Diócesis de Matagalpa

Las detenciones de los presbíteros y el bloqueo al obispo se suman, entre otras acciones de restricción a la Iglesia Católica, al cierre de ocho emisoras de radio y a la expulsión de Nicaragua de las Misioneras de la Caridad, religiosas fundadas por santa Teresa de Calcuta.

Detención de otro sacerdote en estos días:

Por medio de un comunicado de prensa en su página de Facebook la diócesis de Siuna confirmó la detención de Óscar Danilo Benavídez Tinoco, párroco de la iglesia del Espíritu Santo en el municipio de Mulukukú, en la Región Autónoma del Caribe Norte de Nicaragua. De acuerdo a la versión de organismos de defensa de derechos humanos, el presbítero habría sido sacado de su vehículo y arrestado por la policía antidisturbios luego de celebrar la misa dominical. La diócesis también manifestó que se desconocen los motivos de esta acción, que se suma a la detención de otros dos sacerdotes católicos en lo que va de 2022.

Según medios de comunicación locales, en un primer momento se desconoció el paradero del padre Benavídez, quien posteriormente fue localizado en la Dirección de Auxilio Judicial, más conocida como El Chipote, ubicada en la capital, Managua, a más de 300 kilómetros de su lugar de detención.

Persiste bloqueo a obispo de Matagalpa

Este martes el obispo de la diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, cumple 13 días detenido en el Palacio Episcopal junto a cinco sacerdotes, tres seminaristas y dos laicos. Acusado de promover la creación de “grupos violentos” contrarios al régimen sandinista del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, el prelado ha mantenido una actitud de serenidad ante el asedio. En una misa celebrada online el domingo, convocó a los fieles a una cruzada de oración y adoración al Santísimo Sacramento, expresando así su opción cristiana de resistir la violencia con las armas de la paz.

Las detenciones de los presbíteros y el bloqueo al obispo se suman, entre otras acciones de restricción a la Iglesia Católica, al cierre de ocho emisoras de radio y a la expulsión de Nicaragua de las Misioneras de la Caridad, religiosas fundadas por santa Teresa de Calcuta.

El obispo de Matagalpa y uno de los religiosos más críticos del gobierno del presidente Daniel Ortega, cumplió el pasado viernes 9 días sitiado por la Policía Nacional en la curia diocesana en la ciudad de Matagalpa, 135 kilómetros al norte de Managua. Lo acompañan cinco sacerdotes, tres seminaristas y dos laicos.

Tras varios días de silencio y especulaciones sobre su posible expulsión del país, Álvarez, de 55 años, reapareció este jueves para celebrar una eucaristía que fue transmitida por las redes sociales de su diócesis.

Durante su homilía, Álvarez expresó: «Nuestras 11 vidas están en las manos de Dios. Estamos en las manos de Dios. Queremos hacer solamente su voluntad y queremos darle gloria a él».

El religioso, quien también es administrador apostólico de la diócesis de Estelí, dijo que están «retenidos» en la Capilla de las Mercedes y expresó: «Gracias a Dios (estamos) bien de salud, viviendo en comunidad, en familia, rezando, celebrando la eucaristía, compartiendo entre nosotros, dialogando, conversando, con fuerza interior, con paz y serenidad en el corazón».

La Policía Nacional de Nicaragua informó el 5 de agosto que Álvarez presuntamente intenta «organizar grupos violentos, incitándolos a ejecutar actos de odio en contra de la población, provocando un ambiente de zozobra y desorden, alterando la paz y la armonía de la comunidad, con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales». En su comunicado, la Policía dijo que Álvarez y las otras personas investigadas “se mantendrán en sus casas”.

Un día después, Álvarez dijo desconocer el motivo por el cual se lo investiga: «Como todos ustedes saben, ayer salió ese comunicado de la Policía, en el que básicamente hemos leído dos cosas. Primero, estoy siendo investigado. Bien, no sé de qué, pues ellos estarán haciendo sus propias conjeturas. Y segundo, pues, que formalmente han dicho que tenemos casa por cárcel. Nosotros aquí estamos reunidos y retenidos y estamos siempre con la fuerza interior y la paz, y la alegría en el corazón que el resucitado nos da. La alegría de aquel que nos dice: Ánimo, soy yo, no tengan miedo».

Álvarez había denunciado el 4 de agosto que la Policía no le permitió salir de su oficina para celebrar una misa en la Catedral. Ese día se vivieron momentos de tensión cuando él salió a la calle con la figura del Santísimo Sacramento en las manos y los policías le salieron al paso. En la transmisión de los medios digitales de la diócesis se apreciaba que varios agentes permanecían en el exterior del Palacio Episcopal.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció las medidas policiales que consideró “represivas” contra el obispo y quienes le acompañaban: «Han negado la entrada de alimentos, han impedido el ingreso de la encargada de la cocina, han sembrado el terror espiando la curia con drones, obstaculizando el paso de peatones en la zona, militarizando la ciudad».

Monseñor Álvarez denunció el 20 de mayo que algunas patrullas policiales lo escoltaban durante sus gestiones y que incluso ingresaron a la residencia de su familia en Managua. Dijo que durante varios días estuvo refugiado en la Parroquia Santo Cristo de las Colinas de Managua, en una jornada de ayuno y oración hasta que regresó a su diócesis.

Esta última retención fue precedida por el cierre de siete estaciones de radio religiosas y dos canales locales de televisión, administrados por la Iglesia en el norte del país. La cancelación fue ordenada por el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, (Telcor) bajo el argumento de que no contaban con los permisos de transmisión. La Unión Europea y el Departamento de Estado de Estados Unidos condenaron la medida y la consideraron una violación a las libertades de expresión y de culto.

El obispo de Matagalpa, quien coordinaba los medios de su diócesis, dijo que en 2016 se había reunido con el exdirector de Telcor, Orlando Castillo, y que le había presentado toda la documentación legal para actualizar la situación de los medios según las normas vigentes, pero que nunca recibió respuesta.

Telcor ordenó en mayo que las empresas de televisión por suscripción cancelaran la transmisión del Canal Católico de Nicaragua, perteneciente a la Conferencia Episcopal. La institución no argumentó las causas de la medida.

La Conferencia del Episcopado Mexicano expresó en un comunicado el 8 de agosto que: “la Iglesia de México, a través de sus pastores, [manifiesta su] solidaridad con la Conferencia Episcopal de Nicaragua por los lamentables sucesos que vienen padeciendo y que han provocado sufrimiento e indignación global por la suspensión de garantías individuales, particularmente en sus derechos fundamentales como son la libertad de expresión y la libertad religiosa».

Por su parte la Conferencia Episcopal de Paraguay condenó «cualquier tipo de violencia, ataques, censura contra la Iglesia», los que considera «son hechos que quebrantan los principios básicos del Estado de derecho».

Los obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica expresaron «su más sincera solidaridad y cercanía con la Diócesis de Matagalpa, Nicaragua, especialmente con su pastor, Monseñor Rolando José Álvarez Lagos. Asimismo, con los sacerdotes, consagrados y laicos frente a la difícil situación que están viviendo y que cada día se agrava más”.

La Conferencia Episcopal de Honduras y el Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam) también se solidarizaron con el pueblo nicaragüense ante los últimos acontecimientos de esta semana.

Fuentes CNN y Vatican News