Desde que fueran aprobadas las leyes de eutanasia en Bélgica y Países Bajos hacia el año 2002, el número de suicidios asistidos ha crecido de forma exponencial. Lo que comenzó siendo un reclamo aislado en los dos países ha pasado en el caso de Bélgica a 2.656 en 2019 y a 6.361 en el mismo periodo en Holanda.
Tal y como informa Catholic Agency News, el experto en ética Kaspar Raus, de la Universidad de Gante, con el apoyo del IMABE, instituto vienés dedicado a la medicina desde una perspectiva antropológica y bioética, vinculado a la Conferencia Episcopal Austriaca, publicó un estudio bajo el título Euthanasia in Belgium: Shortcomings of the Law and Its Application and of the Monitoring of Practice el pasado mes en el Journal of Medicine and Philosophy que además de recoger las cifras expuestas concluye que en el caso particular del gobierno belga, sus esfuerzos por salvaguardar la vida y ofertar la eutanasia como última alternativa a los pacientes habría fallado en la práctica.
La realidad de Bélgica
Para Raus y sus colegas, coautores de dicho estudio, la realidad de hoy sobre los suicidios asistidos en Bélgica deriva de tres aspectos esenciales.
En primer lugar, la ampliación de las razones que llevan al paciente a solicitar la muerte asistida. Si bien en un principio la ley permitía casos incurables con un alto padecimiento por parte de las personas en esta situación, según el estudio, en la práctica, el «estar cansado de la vida» es un motivo aceptado, según recoge la CNA, por las autoridades médicas para suministrarle la muerte a alguien que así lo ha pedido.
En segundo lugar, el estudio sugirió que la consulta obligatoria con uno o dos médicos independientes no ofrece ninguna seguridad real. Las competencias de los médicos son limitadas y, sobre todo, su valoración no es vinculante. Al final, «la autoridad final para realizar la eutanasia recae en el médico tratante, que puede realizarla incluso en contra del consejo (negativo) de los médicos consultados».
Por último, los autores critican a la Comisión Federal de Control y Evaluación de la Eutanasia de Bélgica. A su modo de ver, esta comisión «no parece actuar como un filtro entre los médicos que practican la eutanasia y el gobierno, sino como un escudo que evita que los casos potencialmente problemáticos sean remitidos». En todo este tiempo, dicen en el estudio, solo se ha remitido un caso a la fiscalía.
El caso de Holanda frente a una Europa urgida de dar una respuesta
En Holanda, dice el IMABE, el crecimiento de la eutanasia ha ido de la mano de lo que expertos en ética y científicos de la Universidad de Utrech han venido a denominar como la sintomatología propia de las personas de edad avanzada. Un total de 1.605 casos de suicidio asistido se notificaron oficialmente entre 2013 y 2019 y se clasificaron en esta categoría.
Tal y como recoge la CNA, cuestiones de índole existencial como la soledad o el sin sentido, por encima incluso de dolencias físicas, están jugando un papel importante en las solicitudes de eutanásicas.
La senda trazada por el gobierno portugués en favor de la despenalización de la eutanasia y el trabajo que está llevando a cabo Austria en esta misma dirección —junto al itinerario legal trazado en España—, son muestras más que significativas de que en Europa es necesario dar una respuesta al fin de la vida en un diálogo abierto con todas las instituciones, donde la Iglesia debe aportar sus razones para hacer una defensa comprometida con el valor de la vida.
