Cuba: Juicio viola el derecho de los disidentes a la libertad de expresión

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El juicio previsto en Cuba contra un invidente abogado de derechos humanos, junto con otros nueve disidentes y periodistas independientes, acusados de desacato a la autoridad, demuestra un patrón continuo de represión política, señaló hoy Human Rights Watch. Hace exactamente un año, el 18 de marzo del 2003, el gobierno cubano lanzó una férrea ofensiva contra disidentes pacíficos, periodistas independientes, defensores de derechos humanos y sindicalistas, bibliotecarios, médicos y maestros independientes. Casi 90 activistas por la democracia fueron detenidos en pocos días, sus casas extensamente registradas, y muchas de sus pertenencias confiscadas. 

El próximo juicio es una farsa. Los acusados se enfrentan a cargos penales que violan claramente su derecho fundamental a la libertad de expresión. Ha declarado Joanne Mariner, subdirectora de la División de las Américas de Human Rights Watch

El juicio previsto en Cuba contra un invidente abogado de derechos humanos, junto con otros nueve disidentes y periodistas independientes, acusados de desacato a la autoridad, demuestra un patrón continuo de represión política, señaló hoy Human Rights Watch.

Juan Carlos González Leiva, un abogado invidente, es el presidente de la Fundación Cubana de Derechos Humanos. Tanto él como la mayoría de los acusados llevan más de dos años en prisión provisional en la provincia oriental de Holguín.

«El próximo juicio es una farsa», señaló Joanne Mariner, subdirectora de la División de las Américas de Human Rights Watch. «Los acusados se enfrentan a cargos penales que violan claramente su derecho fundamental a la libertad de expresión».

Los acusados fueron detenidos el 4 de marzo de 2002 en el Hospital Provincial Antonio Luaces Iraola de Ciego de Ávila (una ciudad del centro de Cuba), y detenidos sin cargos formales durante seis meses. Según se ha informado, ahora están siendo enjuiciados por desacato al Presidente, desacato a la policía, desorden público y resistencia a la autoridad.
Entre los acusados hay siete activistas políticos (Lázaro Iglesias Estrada, Enrique García Morejón, Antonio Marcelino García Morejón, Delio Laureano Requejo Rodríguez, Virgilio Mantilla Arango, Odalmis Hernández Márquez y Ana Peláez García) y dos periodistas independientes (Léxter Téllez Castro y Carlos Brizuela Yera).

González Leiva, al parecer se enfrenta a una sentencia de seis años, mientras que el resto de los acusados pueden ser condenados a penas que oscilan entre dos y medio y siete años de prisión. El auto de procesamiento contra González Leiva, que ha conocido Human Rights Watch, señala que «no se encuentra integrado a las organizaciones de masas ni realiza ninguna actividad socialmente útil».

Los acusados fueron detenidos cuando visitaban a un periodista independiente que ingresó en el hospital al parecer por ataques de la policía ese mismo día, cuando se dirigía a una reunión de la Fundación Cubana de Derechos Humanos. En el hospital, los miembros del grupo gritaron consignas como «Viva los derechos humanos». La policía de seguridad del Estado reaccionó con una dureza desproporcionada y arrestó al grupo. Según se informó, la policía golpeó a González Leiva en el momento del arresto, provocándole una cortada en la frente que requirió cuatro puntos de sutura.

La negación de los derechos civiles y políticos fundamentales está recogida en la legislación cubana. Una serie de disposiciones penales conceden al Estado poderes extraordinarios para enjuiciar a las personas que intenten ejercer sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, opinión, asociación y asamblea. Los tribunales nacionales también niegan a los acusados garantías procesales internacionalmente reconocidas, como el derecho a un juicio público por parte de un tribunal independiente e imparcial.

De acuerdo con el derecho cubano, el delito de desacato penaliza al que «amenace, calumnie, difame, insulte, injurie o de cualquier modo ultraje u ofenda, de palabra o por escrito, en su dignidad o decoro a una autoridad, funcionario público, o a sus agentes auxiliares.» Dichas acciones son sancionables con tres meses a un año de prisión. Si la persona comete un desacato al Presidente, la sanción es de uno a tres años de privación de la libertad.

En marzo de 2003, la policía detuvo a numerosos disidentes políticos y otras personas cuyas ideas se consideraban «contrarrevolucionarias». A principios de abril, los tribunales cubanos habían sentenciado a 75 acusados-entre ellos personalidades destacadas como el poeta y periodista Raúl Rivero y Héctor Palacios, líder del movimiento pro democracia-a condenas de prisión de 6 a 28 años.

El 15 de abril, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra aprobó una resolución criticando las prácticas de Cuba en materia de derechos humanos. La resolución declara que la Comisión «lamenta los hechos ocurridos el año pasado en Cuba».
«Este inminente juicio continúa la tendencia represiva que estuvo de manifiesto durante el año pasado en Cuba», señaló Mariner.

En el primer aniversario de la ola represiva contra disidentes pacíficos en Cuba

Hace exactamente un año, el 18 de marzo del 2003, el gobierno cubano lanzó una férrea ofensiva contra disidentes pacíficos, periodistas independientes, defensores de derechos humanos y sindicalistas, bibliotecarios, médicos y maestros independientes. Casi 90 activistas por la democracia fueron detenidos en pocos días, sus casas extensamente registradas, y muchas de sus pertenencias confiscadas.

Durante las tres semanas siguientes, 75 de los arrestados fueron juzgados, condenados y encarcelados bajo condenas de entre 6 y 28 años de prisión. El gobierno los acusó de intentar subvertir la autoridad del Estado, espiar para los Estados Unidos y otros gobiernos, e informar mentiras a la prensa internacional acerca de la economía cubana. Los juicios quedaron muy por debajo de los estándares internacionales mínimos de derechos humanos. Jueces y fiscales en Cuba no son independientes, sino que operan bajo control directo del gobierno. A los observadores internacionales se les prohibió el acceso a las salas de juicio. A los abogados defensores no se les garantizó la oportunidad adecuada de preparar las defensas de sus clientes. Además, no se les dio acceso a los archivos de la corte hasta las 24 horas previas a los juicios y, en la mayoría de los casos, los abogados no vieron a sus clientes hasta una hora antes del inicio del proceso judicial.

Al mismo tiempo, el gobierno cubano condenó a muerte y ejecutó a tres jóvenes cubanos de raza negra que habían intentado salir de la isla ilegalmente secuestrando una pequeña embarcación. Los jóvenes fueron detenidos el 4 de abril, y siete días después fueron ejecutados sumariamente, a pesar de que nunca llegaron a herir físicamente a nadie durante el secuestro de la embarcación. Los familiares de los jóvenes supieron de las ejecuciones post-facto, cuando se les notificó que podían pasar a recoger los cuerpos sin vida para enterrarlos.

Desde la ola represiva, todos los 75 prisioneros siguen encarcelados y, según reportes, se los mantiene en condiciones inhumanas por debajo de los estándares mínimos. La mayoría están encarcelados en prisiones a cientos de kilómetros de sus casas, lo que dificulta enormemente, y a veces hace casi imposible, las visitas familiares. Muchos de los presos, como es el caso de los economistas Oscar Espinosa Chepe y Marta Beatriz Roque, no están recibiendo tratamiento médico adecuado para sus padecimientos de salud, los cuales en algunos casos han sido adquiridos durante el período de encarcelamiento y hacen peligrar la vida del preso. Otros, como el Dr. Oscar Elías Biscet, han sido recluidos en celdas de aislamiento durante meses, han visto sus visitas familiares canceladas, y se les ha denegado el acceso a la luz del sol. En algunos casos, como el del prisionero Blas Giraldo Reyes, el gobierno ha presionado a los familiares de los presos para que dejen de recibir a disidentes en sus casas, bajo la amenaza de empeorar las condiciones en prisión de sus familiares.

Héctor Palacios, Leonel Grave de Peralta, Marcelo López Bañobre, Roberto De Miranda, y Luis Enrique Ferrer son otros de los prisioneros cuyo activismo a favor de los derechos básicos y la democracia, y como promotores del Proyecto Varela, los coloca dentro del ámbito de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos. Esta Declaración, adoptada por la ONU en 1998, reafirma el derecho de individuos y organizaciones a promover y proteger los derechos humanos. De acuerdo a los términos de la Declaración, todas las personas tienen derecho a acceder efectivamente a la participación en el gobierno de sus países y en el manejo de los asuntos públicos. La Declaración también dispone que toda persona tiene derecho al ejercicio legal de su profesión y a participar en actividades pacíficas contra las violaciones de los derechos humanos. El Proyecto Varela es una iniciativa pública dentro de Cuba que reúne firmas para una petición en pos de reformas fundamentales. Las leyes cubanas disponen que si más de 10,000 firmas de votantes apoyan una propuesta, ésta debe ser sometida a referéndum. Hasta la fecha, el Proyecto Varela ha recogido más de 25,000 firmas pidiendo democracia y el respeto de los derechos básicos.

Llamamos al gobierno cubano a preservar los derechos de todos los cubanos que desean promover y defender los derechos humanos de acuerdo a su conciencia.

Hoy, en el primer aniversario de su arresto, condenamos vigorosamente el encarcelamiento continuado en Cuba de 75 defensores de los derechos humanos, periodistas independientes, activistas por la democracia, bibliotecarios independientes, y otros activistas. Estos ciudadanos cubanos fueron encarcelados solamente por haber ejercido sus derechos humanos elementales de expresión y reunión, y por promover un mayor respeto a los derechos humanos y civiles dentro de Cuba. Exigimos a las autoridades cubanas que ordenen su liberación inmediata e incondicional, y que aseguren que todos los presos son tratados de acuerdo a los estándares y normas internacionales básicas hasta que sean puestos en libertad.

Exhortamos a los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, actualmente reunidos en Ginebra, a condenar inequívocamente el encarcelamiento ininterrumpido de defensores de los derechos humanos y activistas pro democracia en Cuba. Exigimos al gobierno cubano que coopere con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, y permita el acceso incondicional a Cuba de sus representantes.

Freedom House
Human Rights First
Human Rights Watch
International League for Human Rights
Jacob Blaustein Institute for the Advancement of Human Rights
Minnesota Advocates for Human Rights
Physicians for Human Rights