El día que peor lo pasó Emilio Botín fue el 26 de enero de 2005; la única vez en su vida en que fue juzgado, por el caso de las pensiones millonarias de Amusátegui y Corcóstegui.
En 1996 también había tenido que sentarse delante de un juez (jueza para ser exactos) por las cesiones de crédito, pero no llegó a ser juzgado gracias a una modificación de un criterio jurídico aplicado a infinidad de casos, que fue bautizada con su nombre: la 'doctrina Botín'. Sin duda, la parte más sombría de su trayectoria al frente de Banco Santander fue su tormentosa relación con la justicia, ya que fue acusado en numerosas ocasiones. Pero nunca llegó a ser condenado.
En estas peripecias judiciales ha habido dos grandes protagonistas. Del lado de Botín, el bufete Uría y Menéndez, uno de los más prestigiosos de España y que ha conseguido librar al banco y a su presidente de todas las amenazas, incluso cambiando la interpretación de la ley. En el rincón opuesto, su peor pesadilla: Rafael Pérez Escolar, exconsejero delegado de Banesto en la época de Mario Conde, que fue condenado a 10 años por falsedad y apropiación indebida, de los que cumplió sólo 54 días en 2002.
Culpó a Botín de esta condena y dedicó su vida a pleitear contra el banquero –le demandó en 30 ocasiones e intervenía en todas las juntas de accionistas– por un sinfín de motivos, empezando por la propia adjudicación de Banesto al Santander en 1994.
En el asunto de las pensiones de su exconsejero delegado, Ángel Corcóstegui (108 millones, la mayor jamás pagada en España), y de su copresidente cuando todavía se llamaba BSCH, José María Amusátegui (56 millones), Botín resultó absuelto por la Audiencia Nacional al estimar que no había ninguna ley que pusiera límites a estos pagos y que era el Banco de España el que debía autorizarlos. Posteriormente, el Supremo confirmó esta decisión en 2006.
Las cesiones de crédito, el gran quebradero de cabeza
Las cesiones de crédito persiguieron a Botín durante 14 años. Se trataba de un producto financiero comercializado por el Banco Santander a sus clientes entre 1987 y 1989, que se presentaron como la panacea puesto que eran fiscalmente opacas, lo cual disparaba su rentabilidad. La Fiscalía investigó más de 47.240 operaciones con unos 3.500 titulares por un importe superior a los 2.600 millones de euros, a través de las cuales los clientes podrían haber cometido un supuesto delito fiscal. Los directivos del banco, con su presidente a la cabeza, fueron acusados de ello por la jueza Teresa Palacios, con un teórico perjuicio patrimonial de 84 millones de euros.
Sin embargo, el banco sostuvo que los clientes habían regularizado su situación a través de un proceso extraordinario en 1996, tesis que fue asumida por el fiscal y el abogado del Estado. Sólo la acusación particular, ejercida por una asociación presidida por Pérez Escolar, insistió en la apertura de juicio. Esto llevó a Botín a sentarse ante la jueza en 1996, pero solamente para resolver las cuestiones previas.
La Audiencia Nacional decidió paralizar el proceso al aceptar el argumento de la defensa de que la acción popular no puede, en solitario, sostener la acusación si no la acompañan el Ministerio Público o la acusación particular. El fundamento es que sólo los afectados directamente por un delito pueden instar la apertura de juicio, y en el caso de un delito fiscal, el afectado es el Estado. Esta era la 'doctrina Botín', que cambiaba toda la interpretación anterior de la norma.
Pérez Escolar recurrió al Supremo, y este en 2007 ratificó la suspensión, aunque con una fuerte división en su seno. Los magistrados discrepantes sostenían que no se podía permitir a la acción popular intervenir en todo el proceso para después negarle el derecho a instar la apertura de juicio cuando el juez aprecia indicios de delito. Era la consagración de la 'doctrina Botín', que ahora puede librar también a la Infanta Cristina de sentarse en el banquillo. Por último, el Constitucional la confirmó definitivamente en 2012 y liberó para siempre al presidente del banco de esta espada de Damocles.
La benevolencia del PSOE con Alfredo Sáenz y del PP con Suiza
Botín también consiguió –al menos inicialmente– doblegar al poder político en otro caso sonado: el de Alfredo Sáenz. Cuando su consejero delegado fue condenado en firme por el Supremo en 2011 por acusación falsa, se negó a prescindir de él como en teoría imponían las normas del supervisor, que prohibían ocupar cargos en entidades a personas con antecedentes penales por delito doloso.
Al contrario, consiguió que Zapatero le concediera el indulto en su último consejo de ministros como presidente y que Rajoy relajara la normativa del Banco de España. Pero cuando el Supremo en 2012 matizó que dicho indulto no borraba los antecedentes, no le quedó más remedio que tirar la toalla, jubilar a su mano derecha en abril del año pasado (con una pensión de 88 millones) y nombrar a Javier Marín como su sustituto.
Autor: Eduardo Segovia