Observatorio de multinacionales en América latina. Entrevista con Dora Lucy Arias, Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
Iberoamérica es objeto del despliegue de las empresas transnacionales estadounidenses y europeas que toman la región como mercado natural y suministradora de materia prima de sus economías expansivas. Los métodos que utilizan para alcanzar sus objetivos son en muchas ocasiones por encima de la ley: corrompen a funcionarios, intimidan a sindicalistas, cooptan políticos y gobiernos enteros y violan derechos humanos. En Colombia, se acusa, por ejemplo, a la minera Drummond, a la bananera Chiquita Brands o a la compañía de seguridad privada Dyncorp –todas estas empresas son de
Estados Unidos- de este tipo de comportamiento. «Las violaciones a derechos humanos por parte de las transnacionales no son casos aislados», dice Dora Lucy Arias. «Son parte de su sistema de operación y dominio económico y político.» Según la abogada, la mayoría de los actos ilegales de las transnacionales quedan en la impunidad. Dice: «Necesitamos urgentemente normas jurídicas internacionales que permiten juzgar sus violaciones a los derechos humanos.»
A las empresas transnacionales, se les acusa en todo el mundo regularmente de violar derechos humanos, pero raras veces se les condena. ¿Por qué?
Dora Lucy Arias: El principal problema es la falta de voluntad política real para poner en cintura a las empresas transnacionales por sus violaciones a los derechos humanos. Hacerlo significaría en parte crear normas jurídicas a nivel internacional con carácter vinculante. Aunque estas empresas son un factor real de poder y tienen una incidencia directa en la política y en la vida de millones de personas, aun permanecen al margen de las normas internacionales de derechos humanos.
¿Cómo explica usted esta falta de voluntad política?
Arias: La razón fundamental es el poder político y económico de las transnacionales. La Organización de Naciones Unidas, ONU, ha sido renuente a aprobar normas jurídicas claras en relación con esas empresas, porque los estados, reunidos allí, representan en muchas ocasiones sus intereses. Lo único que ha hecho la ONU es nombrar un representante especial, sobre negocios y derechos humanos, John Ruggie. A mi modo de ver, esto no es más que una manera de eludir la creación de las mencionadas normas.
¿Se pueden denunciar las empresas transnacionales que han violado derechos humanos, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Corte Internacional de Justicia?
Arias: No. Estas cortes investigan solo a estados.
¿Qué perspectivas de éxito tendría una denuncia ante el Tribunal Penal Internacional de Roma? Ahí sí se investiga a personas privadas.
Arias: Ante este tribunal sólo se pueden acusar personas naturales, pero no personas jurídicas. Además, aborda solamente los asuntos de violaciones de derechos humanos fundamentales, es decir, derechos civiles y políticos, y no los referidos a violaciones de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que se ven fuertemente impactados por el actuar de transnacionales.
¿Cómo evalúa usted la posibilidad en Colombia de pedir cuentas a las empresas transnacionales?
Arias: En Colombia existen normas genéricas de carácter penal, administrativo y ambiental, que son aplicables a las transnacionales acusadas de haber violado derechos humanos. Sin embargo, la incidencia real de esas normas es muy limitada.
Explica eso con más detalle, por favor.
Arias: Le voy a dar un ejemplo. La empresa Chiquita Brands confesó hace un par de meses que había financiado directamente a los paramilitares. Pero eso no es nada nuevo. El país sabía de estos pagos desde hace mucho tiempo. El Colectivo de Abogados viene presentando desde 2004 acciones jurídicas en las que pide a la administración de justicia que abra una investigación frente a esta empresa, que investigue, juzgue y sancione con seriedad las actuaciones de sus directivos y de quienes aquí cohonestaron sus actos ilícitos. El Tribunal Permanente de los Pueblos también se pronunció frente a estos y otros hechos en febrero de 2006. Sin embargo, no ha pasado nada. El caso sólo adquirió relevancia en Colombia cuando la Chiquita Brands decidió revelar sus nexos con los paramilitares y en Estados Unidos se ventiló el tema.
¿Cuáles son las razones de la inoperancia de la administración de justicia?
Arias: Son los mismos factores de poder antes mencionados, que se traducen en una impunidad de más del 97% en las violaciones a los derechos humanos. Esta situación se agudiza a medida que se asciende en las posiciones jerárquicas y de poder en las que los grupos económicos y las empresas multinacionales ocupan un sitio privilegiado. En el momento de la aplicación de controles y/o sanciones, tanto las normas como las autoridades responsables suelen ser indiferentes, muy laxas y permisivas con las empresas. Por otra parte, muchas de las normas que hoy existen para regular la conservación y explotación de recursos naturales han sido prácticamente diseñadas por las mismas empresas interesadas en el sector. Un ejemplo concreto es la legislación minera. Existen pruebas claras de que fueron las transnacionales mineras las que promovieron y crearon el Código de minas en Colombia.
¿Con qué consecuencias?
Arias: En el código se identifican, entre otros, tratos inequitativos y criminalización de los pequeños mineros, la posibilidad de explorar en lugares definidos como de especial interés arqueológico, histórico o cultural, y la reducción de regalías para los propietarios privados del subsuelo.
¿Existen más factores que debilitan la administración de justicia?
Arias: Otro factor es el contexto de conflicto armado. Las empresas transnacionales tienen en Colombia el escenario propicio para que los impactos negativos que generan se invisibilicen y su responsabilidad se disuelva en medio de los hechos del conflicto interno que vive el país. Además, tienen una gran capacidad de influir en la toma de decisiones, tanto políticas como administrativas. Hay regiones en las que el control social y económico de las transnacionales es casi total y en donde ellas tienen una enorme incidencia en el devenir de las comunidades.
¿Cuál es el mecanismo de influencia?
Arias: La capacidad de incidencia de las empresas transnacionales no sólo se da por lo que se puede hacer legalmente, como por ejemplo el lobby o cabildeo. También recurren a la corrupción y la intimidación.
¿Y a la cooperación con paramilitares?
Arias: En muchos casos es una cooperación activa y directa. Las vinculaciones de Chiquita Brands con grupos paramilitares no son algo aislado, sino apenas la punta del iceberg. En otros casos, las transnacionales se benefician por lo menos del accionar de los paramilitares, es decir, de las intimidaciones a líderes sindicales y sociales, del desplazamiento que generan o del asesinato de trabajadores.
Las empresas transnacionales no solo se pueden denunciar ante un tribunal nacional; algunas, como por ejemplo las de Estados Unidos, son también condenables en el país donde se encuentra su sede principal. ¿Se les hace más justicia a las víctimas si presentan su denuncia allí?
Arias: No creo. Generalmente, las víctimas no tienen la manera de recurrir a un juicio penal, sino solamente a un juicio civil, lo que no garantiza ni la verdad, ni la justicia, ni la reparación integral. Los delitos de las empresas suelen quedar impunes y en lo que se refiere a la reparación, lo único que se ofrece a las víctimas en el marco de esos procesos es una indemnización. Pero la reparación es mucho más que dinero. Tiene que ver también con aspectos como la memoria, dignificación de las víctimas, medidas de satisfacción y con que se garantice que los crímenes no vuelvan a suceder.
En síntesis, hay un vacío jurídico para juzgar violaciones de derechos humanos de las empresas transnacionales. ¿Qué se puede hacer para cambiar esta situación?
Arias: Por un lado, es importante construir y fortalecer la democracia y escenarios en donde la voluntad de las comunidades y los pueblos primen sobre los intereses económicos de las transnacionales. Evidentemente, estas empresas se benefician de los déficit democráticos en Colombia, debido a que les resulta más fácil incidir en la elaboración de normas, manipular el aparato de justicia y generar impunidad. Por otro, es sumamente importante el debate nacional e internacional sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales en las causas estructurales de las violaciones a derechos humanos. Hay que concientizar a la gente e insistir en las mismas organizaciones internacionales, como la ONU, sobre el nefasto papel que las transnacionales están desempeñando.Y tenemos que seguir presionando y abogando por crear normas internacionales de carácter vinculante que permitan juzgarlas por sus crímenes.
¿Cómo evalúa usted la probabilidad de que se puedan juzgar, en los próximos años, las violaciones de las empresas transnacionales a derechos humanos de acuerdo con normas jurídicas internacionales?
Arias: Es difícil, pero hay que seguir luchando contra esta impunidad. Lamentablemente, las transnacionales están ganando poder, por ejemplo, a través de los tratados de libre comercio, que son mecanismos para fortalecerlas y para amarrar a los países de tal manera que queden sometidos a su accionar. Además, al introducir los llamados códigos de conducta, las transnacionales han cortado sagazmente las alas a las iniciativas de crear normas jurídicas internacionales. Nosotros consideramos este tipo de autorregulación como un sofisma de distracción. Convierte lo obligatorio en voluntario.
¿No confía en la buena voluntad de las transnacionales?
Arias: No. El único objetivo de los códigos de conducta consiste en que las empresas pueden mostrar al mundo un catálogo de reglas. ¿Pero qué pasa si desacatan sus propias normas? Nada. Se trata de normas sin dientes, porque no hay ninguna repercusión si se violan. Por eso, los Estados de derecho y la comunidad internacional no pueden negarse la posibilidad de tener una normativa clara y vinculante en relación con el actuar de las empresas transnacionales.
ALGUNOS EJEMPLOS DEL ACTUAR ILEGAL DE LAS TRANSNACIONALES
DRUMMOND:
En uno de sus informes, la Contraloría General de la República considera que el daño al patrimonio de la nación causado por esta multinacional minera asciende aproximadamente a 70 millones de dólares, pues no ha pagado al Estado las regalías estipuladas en los contratos. A esto se suman las denuncias de la población por afectación a la salud y al medio ambiente y por las repetidas amenazas de muerte y hostigamientos a los dirigentes sindicales y populares, hechos que se atribuyen a la alianza entre los responsables de seguridad de la empresa multinacional, los grupos paramilitares y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado colombiano. ¿Qué tan creíbles y serias son estas amenazas y persecuciones? Es una pregunta que se responde con los asesinatos de Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Amaya en el 2001 y con el de Gustavo Soler Mora, ocurridos a la sombra de los vínculos entre la Drummond y el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
CHIQUITA BRANDS:
Hace poco, esta empresa bananera estadounidense reconoció que había financiado desde 2001 hasta 2004 con aproximadamente un millón y medio de dólares al grupo paramilitar que actúa en Urabá, zona donde ha tenido sus cultivos. Además, allí fueron asesinados aproximadamente mil militantes de la izquierda colombiana, gran parte de ellos, trabajadores bananeros. Tanto las voces de los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, como las pruebas que se han recogido y siguen apareciendo, evidencian cómo los paramilitares, en alianza con la Brigada XVII del Ejército, cometieron en conjunto crímenes de lesa humanidad en esa región. Hay más ejemplos de las violaciones de la Chiquita Brands: su filial colombiana, CI Banadex, sobornó a empleados de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para comprar su licencia aduanera y portuaria en el puerto de Turbo, Antioquia. También, la empresa de Estados Unidos estuvo involucrada en el contrabando de armas. El 21 de noviembre de 2001 el barco Oterloo, que arribó al puerto donde opera la Chiquita Brands, traía consigo 14 contenedores, con un cargamento de 3000 fusiles AK 47 con 5 millones de cartuchos calibre 7.65 mm. Este cargamento fue transportado hasta las faldas del nudo de Paramillo para entregarlo a sus destinatarios, los paramilitares comandados por Carlos Castaño.
DYNCORP:
En el año 2000 empezó la ejecución del Plan Colombia, cuyo componente militar incluía la realización de aspersiones aéreas químicas sobre plantacio nes de coca. La transnacional Monsanto, productora de la herbicida Glifosato o Roundup, proveyó la mezcla química, y se contrató a la compañía de seguridad privada Dyncorp para fumigar el área. Entre 2000 y 2006 fueron fumigadas 866.840 hectáreas, con lo que se afectó a la población de cientos de municipios por año, incluso la ecuatoriana que habita en la frontera. Miles de familias han sido lesionadas en sus derechos a la salud, al medio ambiente sano, a la alimentación, a no ser desplazados forzadamente, al acceso a la justicia y otros. Pero la Dyncorp es responsable de otras actividades también lesivas. Varios episodios vinculan a personal de esta transnacional con tráfico de drogas y armas, prostitución infantil y muertes en extrañas circunstancias del personal acantonado en las bases militares colombianas.
Fuente: recuadros elaborados a partir de Alejandro Teitelbaum: Al Margen de la Ley – Sociedades
Transnacionales y Derechos Humanos, Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA), Observatorio Social de Empresas
Transnacionales, Megaproyectos y Derechos Humanos, Bogotá, Colombia, agosto de 2007
