Escribo el 4 de marzo de 2010, un día aciago para la historia de España. Hoy el Boletín Oficial del Estado publica la nueva ley del aborto. Un engendro normativo que deniega el derecho fundamental a la vida al no nacido. ¿Era necesaria esta ley? Desde luego lo era para que en España pudiera seguir siendo un paraíso abortista.
La historia es sencilla: desde que el Tribunal Constitucional permitió la despenalización parcial del aborto (Sentencia de 11.4.1985) que operó Felipe González (Ley de 5.7.1985), el fraude de ley se convirtió en norma hasta el punto de que España se potenció esta industria pasando a ser país receptor de “turismo abortista”.
El cinismo jurídico del sistema llegó a tal grado de inaplicación de las normas penales que sin rubor ni falta de medios se llegaba al extremo de permitir a adolescentes el aborto de criaturas de siete meses sin ningún control parental. El mal es antiguo: los gobiernos de Felipe González cuando había condena criminal indultaban al médico.
El PP sencillamente no hizo nada y dejó crecer el problema: con el PP el aborto pasó de 51.002 anuales (1996) a 84.985 anuales (2004). Esto duró hasta que la actuación de los jueces de instrucción ordenó la investigación en Madrid de la clínica Isadora (1.3.2007) y la detención en Barcelona de Morín (26.11.2007).
Con la actuación judicial penal exigiendo en Madrid y Barcelona el puro y simple cumplimiento de la ley la industria se quedó sin “seguridad jurídica”, desestabilizándose el mercado hasta el punto de que la patronal ACAI (“Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo”) hizo “cierre patronal” en enero de 2008 y en rueda de prensa de 21 de enero de 2008 protestó porque les investigaba la Comunidad de Madrid y aumentaba la cuota de abortos clandestinos. Tenían motivos: en 2008 abortaron el 11,78 por mil de las mujeres españolas y se practicaron 115.812 abortos (cifras de Ministerio de Sanidad y Consumo).
Negocio y seguridad jurídica
El aborto considerado como actividad económica produce buena renta: a 300 euros el aborto estamos hablando de una “cifra de negocio” de 34.743.600 euros. Cantidad que, si se divide entre los 137 centros abortistas que había en 2008 en España, tocan a 2.536.032 anuales por “clínica”. Era pues necesaria una ley de plazos que diera “seguridad jurídica” al “sector” para que las detenciones no se volvieran a repetir.
Los negocios buscaron amparo en la ideología y por tanto en los Partidos. La ideología de la muerte engendró la táctica política del engaño. En las elecciones de 2008 tanto Zapatero como Rajoy callaron sobre su programa en materia de aborto. Ganadas las elecciones, Zapatero se quitó la careta y para gestionar un sistema de plazos nombró a una especialista en diálogo de sordos, la joven Aído, a la que se le ha encomendado la tarea de igualar a los vivos con los muertos cumpliendo un estricto calendario pensado para que el debate y la nueva ley no influyesen en las elecciones, ni siquiera en las municipales.
Como todo el mundo sabe, el Pueblo tiene memoria de pez y de lo que se trataba era de concentrar el desgaste político en el periodo intermedio. Para no retrasarse ni un día, la chiquilla ha tensionado las instituciones hasta extremos indecibles. El Estado se ha puesto a prueba. En el proceso de aprobación de esta ley más de uno se ha dejado pelos en la gatera. Sobre el Gobierno está todo dicho. El Consejo Fiscal ha brillado por su fortaleza y es el único que ha tenido el coraje de defender los derechos fundamentales denunciando la inconstitucionalidad de los artículos 12 y 14.
El Consejo General del Poder Judicial se ha abstenido de cumplir la función que tiene constitucionalmente encomendada, traicionándose a sí mismo y a su Comisión de Estudios. La Comisión Permanente del Consejo de Estado –y cómo me duele en el alma recoger esto– en su dictamen se limitó a hacer consideraciones sobre el texto del anteproyecto de ley. Las Cortes Generales no se acordaron (ni el Congreso de los Diputados ni el Senado) de la Constitución que aprobaron en su día: había que reinterpretarla porque está demostrado que no tienen coraje para cambiarla.
Gran decepción
El Rey ha sido para mi la última y la más grande decepción de esta larga cadena de debilidades. El resultado es que no sólo no se ha atajado el antiguo fraude de ley, ni se ha legalizado, sino que se ha dado un paso más declarando el derecho a abortar como derecho fundamental, implementando así una nueva Constitución sin procedimiento ni referéndum, con notoria desviación de poder. La ley, dice el artículo 12, garantiza los derechos fundamentales de la mujer a abortar como forma de libre desarrollo de su personalidad, de su vida, de su integridad física y moral, de su intimidad y de su libertad ideológica. Soslaya deliberadamente que lo que la mujer lleva en el vientre es una persona y que por tanto esos derechos no existen porque los cedió al engendrar. Se concibe a otro y por tanto no se le puede matar.
Se legaliza así Auschwitz en democracia. Desde 1993 hasta 2008 en España faltan 1.152.245 personas, que hoy serían de entre 17 y dos años de edad, que han sido asesinadas por su madre con la anuencia de los poderes públicos. Tanta sangre derramada necesitaba una coartada moral y la Ley Zapatero –la ley formal, no la ley natural– es lo único que pretende, enturbiando las palabras para esconder la vergüenza que produce enterrar estos cadáveres. Los sistemas totalitarios que no han respetado la vida se han caracterizado siempre por engendrar eufemismos terminológicos para difuminar todo concepto que esconda un valor moral objetivo y así poder justificar lo injustificable.
Algo que nunca funciona porque aunque la soberanía es del Pueblo y una parte del Pueblo quiere el aborto, los derechos fundamentales no son del Pueblo. Ni siquiera son del Tribunal Constitucional. Los derechos fundamentales existen por sí mismos allí donde hay personas. Y el cadáver del niño abortado clama por sus fueros. Eso es lo peor de esta ley: que para dar “seguridad jurídica” a los abortistas todos los demás hemos visto desvirtuados nuestros derechos fundamentales. Hasta 2010 el aborto era una actividad criminal despenalizada en diversos supuestos. Ahora se concibe como derecho fundamental de la madre y ausencia de derechos del hijo. Una crueldad constitucional.
Argumento clave
Mi llanto fundamental por esta subversión jurídico-constitucional mediante ley orgánica va más allá de la técnica jurídica y se concentra en la ausencia total en el debate del argumento clave. Hemos llegado a la cúspide del agnosticismo colectivo al diseñar derechos fundamentales sin reconocer su trascendencia. Los derechos sólo son fundamentales en un contexto de valores que los genera en la medida en que es superior a ellos.
Pero el soberano –el Pueblo– no se reconoce trascendido por nada superior y en su absolutismo se suicida al expulsar a Dios de la vida política, convirtiendo su presencia en mito para minorías que los agnósticos displicentemente consideran necesario tolerar. Se niega como si nada el quinto mandamiento convirtiéndose así cada uno, por negar colectivamente a Dios, en esclavo de los dictados de la mayoría.
Con la ley del aborto los derechos fundamentales han cambiado en su esencia, no sólo en su contenido. ¿Cómo defender el derecho a la vida si antes no se defiende el honor del autor de la vida, que es Dios? Si el hombre carece de autor ¿por qué no la ley del más fuerte? Si no hay creación ¿cómo hay derecho a la vida? Las respuestas a estas preguntas, hasta la ley del aborto, estaban en la trastienda de la Constitución. No afloraban, pero cimentaban. Ahora los derechos fundamentales ya no tienen más cimientos que el consenso partidista. O sea, ninguno. Así de importante es el honor de Dios.
Miembro del Consejo Asesor de EXPANSIÓN y ‘Actualidad Económica’.
