A Juan le dieron dos tapabocas, un par de guantes, una bolsa con comida y un envase de alcohol. De la terminal de Bogotá salió desinfectado, él y sus maletas, y con un pinchazo en el dedo por la prueba de la covid-19 en la que resultó negativo. El kit de protección se lo dieron las autoridades colombianas, el viaje hasta Cúcuta le costó 50 dólares, después de registrarse para solicitar la autorización en Migración.
A finales de mayo emprendió el regreso a Venezuela en un autobús en el que viajaba sin nadie al lado, por las medidas de seguridad que aplicaron en el transporte en Colombia. Apenas cruzó el puente internacional Simón Bolívar salió de su cápsula. “Ahí, en la mitad del puente, se acaba toda la bioseguridad”, contó la semana pasada por teléfono desde el Estado fronterizo de Táchira, en medio del enésimo apagón. “La Guardia venezolana amontona a todos bajo el sol, mientras hace los chequeos. Los 10 que iban delante de mí dieron positivo, los cinco de atrás también. No sé cómo no me contagié. Me tomó 15 horas cruzar el puente”.
El joven de 25 años es uno de los venezolanos que ha regresado al país durante la pandemia del coronavirus por los pasos fronterizos entre Colombia y Brasil, por las trochas o caminos informales o en vuelos humanitarios gestionados por el Gobierno venezolano. Contra ese flujo de migrantes, que hasta el retorno de Juan se mantenía en casi 1.000 ingresos diarios, Nicolás Maduro ha dirigido toda la responsabilidad por el aumento de los casos de la enfermedad en el país, luego de dos meses de una estricta cuarentena que se juntó con la parálisis de la escasez de combustible.
Así como Donald Trump hablaba del virus chino, Maduro se refiere al coronavirus señalando a Colombia y Brasil. A diario subraya que la mayor cantidad de casos son importados, al punto de criminalizar a los migrantes, unos de los más vulnerables sectores en medio de la pandemia. “No acepten en sus casas a familiares que por capricho y de forma irresponsable han vuelto por las trochas”, ha exhortado. Hace dos semanas restringió los ingresos a tres días de la semana y a un máximo de 300 personas diarias, creando un embudo del lado colombiano.
Unos 60.200 venezolanos han retornado a través de los PASI (Puntos de Atención Social Integral), los controles sanitarios oficiales para volver a casa, según los datos del Gobierno, a ellos se suman las personas que cruzaron por caminos informales. Son escuelas, moteles y espacios deportivos habilitados con colchonetas para dormir. De esos retornos, 2.251 han resultado positivos en las pruebas. Esta semana, cuando se contabilizan más de 3.500 casos, más de la mitad registrados solo en junio, y 30 muertes, Maduro ha hablado de reforzar el cerco sanitario en la frontera y ha anunciado que echará para atrás la flexibilización del confinamiento en seis Estados e implementará medidas más estrictas a partir del lunes.
Juan, que usa este seudónimo por temor a represalias por sus denuncias, regresó a Venezuela luego de dos años y medio en los que trabajó en la construcción y vendió tintos y pastelitos en las calles de Bogotá. En los últimos meses estuvo contratado como repartidor. Llegó el virus y quedó desempleado. Con los estudios universitarios casi culminados en Venezuela, emigró para buscar una mejor vida y hacer dinero. Había hecho ahorros, pero prefirió regresar a su país, antes que gastarlos en sobrevivir durante la pandemia. Las horas que tardó en cruzar el puente, las dos noches que durmió en las aceras del terminal de San Antonio del Táchira con 366 personas y los 15 días que pasó en un refugio habilitado en la escuela lo hacen valorar de nuevo su decisión. “Si hubiese sabido que iba a pasar por eso, hubiese intentado aguantar en Colombia”.
Una vez en territorio venezolano, los migrantes están en manos del Gobierno, en muchos casos bajo control militar. Hay denuncias de detenciones por denunciar el mal estado de los refugios, con poca comida y falta de higiene, y también noticias de escapes, como ocurrió en La Fría hace unas semanas.
A Juan, además de sellarle el pasaporte y preguntarle si tenía el carnet de la patria ―el instrumento a través del cual el Gobierno entrega bonificaciones que también se ha usado para cooptar votantes― le pincharon el dedo en el puesto migratorio para hacerle una nueva prueba. Las dos primeras noches, los negativos dormían a la intemperie y los positivos dentro de la terminal. Una vez le dieron comida, un pedazo de cochino y una papa. Se las dieron en la mano porque no había platos. El aislamiento entre los diagnosticados duró poco. “Cuando llegaron los buses a llevarnos otro refugio todo el mundo se aglomeró”.
Los 15 días de encierro que siguieron en el Liceo Nacional de San Antonio fueron de más precariedad. “Ahí daban las tres comidas, pero un pan o una arepa sin relleno o una sopa que solo era agua caliente”. Compartieron tres baños portátiles entre más de 300 personas, no tenían duchas para bañarse ni agua corriente para cumplir las medidas básicas de prevención contra la covid-19 que es lavarse las manos con frecuencia. La gente volvía con sus enseres. Los cubiertos lo decomisaban, cuenta Juan. A un señor que tenía herramientas para reparar relojes también lo despojaron de sus instrumentos de trabajo. “Entre el hambre y el calor, todos los días que estuve ahí hubo peleas”. Un día antes de partir le hicieron la prueba PCR y nunca supo el resultado. “Esos refugios van contra la sanidad, se ven demasiadas cosas feas”, dice. “Me da tristeza volver para ver que todo empeoró. Cuando me fui todavía había luz”.
El protocolo que ha establecido el Gobierno para las personas que regresan consiste en la aplicación de pruebas rápidas. Los casos negativos deben cumplir una cuarentena de 14 días, de la que pueden salir después de una segunda prueba. El último informe de mayo de OCHA (Oficina de Atención Humanitaria de la ONU en Venezuela) advirtió de que algunos casos han sido diagnosticados luego de su traslado a los Estados de destino. “Esto resalta la importancia de aumentar la capacidad de diagnósticos conclusivos en los puntos de entrada que permitan un adecuado protocolo de control y seguimiento sanitario de las personas retornadas con covid-19 para evitar la propagación en otros Estados”.
La baja capacidad de diagnóstico de Venezuela, además del frágil sistema sanitario, han sido una alerta constante de los epidemiólogos. Jennifer regresó el mes pasado en un vuelo humanitario de Chile. Le tocó guardar cuarentena de 15 días en un refugio habilitado en un viejo club en La Guaira, en donde le quitaron su pasaporte y otros documentos. “Una noche llegaron golpeando las puertas como si fuéramos delincuentes. Nos sacaron a un grupo de ocho de los que llegamos, porque supuestamente éramos positivos”. La joven, de 34 años, fue llevada a un hospital de la zona sin presentar ningún síntoma. Le hicieron la prueba molecular y tampoco le dieron a conocer los resultados. “Me sacaron la sangre muchas veces, pero ahí lo que estábamos era secuestrados, sin nuestros papeles, sin contacto con mi familia que es del interior y recibiendo una comida en pésimas condiciones”, cuenta la joven que también prefiere usar un seudónimo por temor. Allí pasó más de un mes hasta que un día, sin explicaciones, le dieron el alta.
Esta semana, Ciro Ugarte, responsable de emergencias de la Organización Panamericana de Salud, insistió en que la epidemia de la covid-19 en Venezuela sigue siendo “preocupante” porque no se puede conocer con exactitud el número de casos y el origen de los contagios. El país va a ciegas con la epidemia. “El número exacto o inclusive aproximado cuando el sistema de vigilancia y diagnóstico no está adecuadamente establecido es muy difícil de lograr”, zanjó.