Las cifras comparativas son incuestionables. El número de embarazos no deseados, de modo particular en adolescentes –las mayores consumidoras de la píldora del día 'después'–, sigue aumentando y de modo alarmante.
Manuel de Santiago,
La Gaceta 13/7 /2007
Hace poco, el Colegio de Médicos de Madrid se vio inundado por centenares de cartas —muchas firmadas por colegiados o por personal sanitario— contra la publicación, en su revista, de un artículo que incitaba a los médicos madrileños a facilitar la denominada píldora del día después, sin reservas de cualquier naturaleza. El asunto fue objeto de análisis en la Comisión Deontológica, y el Colegio emitió un informe consensuado donde zanjaba toda duda sobre la libertad de prescripción de los médicos y su derecho, en todo caso, a la objeción de conciencia.
Merece la pena hacer público que el estudio más reciente sobre esta píldora —publicado en la revista del Colegio de Obstetras y Ginecólogos de EEUU— demuestra que la prescripción indiscriminada de la píldora y el acceso fácil al fármaco, no reduce la tasa de embarazos no deseados ni el número de abortos. Este fracaso también ha sido recientemente destacado por el departamento de Salud de Gran Bretaña, al dar a conocer un llamativo aumento del 3,9% de los abortos en adolescentes y mujeres jóvenes en 2006. Una cuestión que el Independent Advisory Group on Sexual Health and HIV ha relacionado con la crisis de valores sobre la cuestión sexual en los adolescentes, incentivada por los mensajes de los medios a ellos dirigidos.
El hallazgo es definitivo y viene a contradecir la pretensión de los lobbies de la contracepción de emergencia (incluida la OMS) de difundir masivamente esta píldora con la pretensión de reducir los embarazos no deseados y el aborto.
El estudio, además de proporcionar una soberana bofetada a los laboratorios del ramo, pone en cuestión toda una política de salud pública de la que participan algunas de nuestras Comunidades. Estamos, pues, ante un dato de gravedad social que no debiera pasar inadvertido a las Consejerías de Sanidad. Porque si la difusión de la píldora post coital se compara con la tasa de abortos y embarazos no deseados en la Comunidad de Madrid —en el confuso tramo de las mujeres de 15 a 19 años— lo que las estadísticas afloran es que, pese al incremento de su consumo entre adolescentes, el aborto en este tramo de edad se había incrementado en 2005 un 10 % respecto a 2004; y el número de abortos se elevaba por entonces a 1.876, más los 53 declarados en menores de 15 años, en total no menos de 2.000 casos, o quizás más si se consideran los no declarados.
¿A qué se debe este incremento cuando la difusión de los medios anticonceptivos es mayor que nunca y las adolescentes disponen de la píldora post coital, el más seguro método —según sus promotores— de evitar embarazos no deseados? ¿Acaso las reiteradas afirmaciones de la OMS y de los organismos promotores de la píldora no revelan toda la verdad y se está manipulando a la población femenina joven del país?
El análisis de Obstetrics & Gynecology es demoledor y admirable por la honestidad de sus autores, hasta ahora favorables al uso de esta píldora. Sus conclusiones son claras: las estrategias para favorecer el acceso a la píldora post coital por parte de las jóvenes han fracasado, ni se reducen los embarazos no deseados ni las tasas de aborto. Los autores afirman que las medidas de salud pública orientadas a hacer más asequible la adquisición de la píldora lo que promueven, en realidad, es una mayor difusión de su consumo entre las adolescentes y que más parejas accedan al método considerándolo seguro.
La situación en la Comunidad de Madrid, por más que se quiera ocultar, es preocupante y evidencia el fracaso de la política seguida hasta el momento. Cataluña y Madrid encabezan la mayor proporción de abortos sobre el total de embarazos en mujeres menores de 18 años. La experiencia del Colegio de Médicos y la antipatía de muchos médicos de Madrid a la hora de facilitar esta píldora —más ahora, cuando se va reconociendo su fracaso— exige de una nueva política de salud pública que, sin paños calientes, aborde el problema de los embarazos no deseados en niñas y adolescentes en nuestra comunidad; que proteja a las edades más inmaduras y a quienes, intoxicadas por los medios y el machismo, son víctimas propiciatorias de esta retórica de falsos derechos y falsa madurez, que hace terminar a muchas en una camilla, ante una legra y un daño psicológico difícil del olvidar.
Los médicos debemos considerar lo que ya parece un hecho demostrado: que, en las actuales circunstancias, facilitar la píldora sin adecuados controles administrativos, de urgencia o sin expectativa real de emergencia, es extender los riesgos de embarazo y de aborto. Y que es algo que, aunque nos toca de cerca, no nos corresponde dirimir. Pues a la clásica función de «sanador» —y a la más reciente de «controlador del gasto»— al médico parece caerle ahora el papel de consejero moral de las parejas. Un papel nuevo que no puede correspondernos. Ciertamente es un desafío para la nueva Consejería de Sanidad. Pero esto es lo que hay.
