Mientras se condena a vivir a los pobres en medio de la violencia otros hacen caja.
En contra de lo que se pudiera pensar, los países más violentos del mundo no son Irak o Afganistán. Son tres países centroamericanos: Honduras, Guatemala o El Salvador. Honduras es, de hecho, el más peligroso de todos, con una tasa de 82,1 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2010, según un informe sobre violencia e inseguridad publicado por la ONU el pasado octubre, una cifra que supera de lejos a las iraquíes y afganas. La media latinoamericana es de veintisiete y la mundial ronda los nueve. La ciudad/capital más violenta del mundo es Caracas.
En América Central, el problema de la violencia se remonta a los conflictos armados internos que proliferaron en la región y que dejaron como legado un vasto mercado negro de armas de fuego. El narcotráfico ha añadido leña al fuego. Para evadir el acoso de las políticas de seguridad del gobierno mexicano, los poderosos carteles mexicanos han extendido sus redes de contrabando por Centroamérica, aprovechándose de la fragilidad de sus Estados y la debilidad de sus fuerzas de seguridad. En ese marco inflamable, la cocaína ha funcionado como gasolina arrojada a un incendio. Según un reciente informe del Congreso de EE UU, el 95% de la cocaína que llega a ese país lo hace a través de México y un 60% lo hace antes por América Central.
En 2010 se registraron 6.329 asesinatos en Honduras, frente a los 2.417 de 2005 y el año pasado es probable que hayan superado los 10.000. El mayor número de homicidios ocurren en San Pedro Sula, que está en camino de convertirse la Ciudad Juárez de América Central.
Pero el istmo no es un caso aislado, como lo ha demostrado la oleada de violencia que se apoderó de Salvador de Bahía durante la reciente huelga policial y en la que su tasa de asesinatos se duplicó de un día para otro.
Según un reciente estudio del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública de México basado en estadísticas oficiales, 40 de las 50 ciudades más violentas del mundo están hoy en América Latina. Las ciudades que ocupan los nueve primeros lugares se concentran en México, con cinco; Brasil, con dos; Honduras, con una y Venezuela, con una.
Con una tasa de 159 por 100.000 habitantes, San Pedro Sula fue la urbe más violenta del mundo en 2011. Después de tres años consecutivos de ocupar la primera posición, la mexicana Ciudad Juárez (148/100.000) pasó al segundo lugar, seguida de Acapulco (128), Torreón (88), Chihuahua (83) y Durango (80).
La violencia latinoamericana es un caso excepcional. En 2001 en todo el mundo murieron 557.000 personas en todo el mundo víctimas de homicidios, frente a las 208.000 que murieron en guerras, casi el doble. Pero desde 2002 los homicidios han venido cayendo sostenidamente en casi todas partes. Ese año se produjeron 332.000 homicidios en 94 países que cuentan con estadísticas fiables, según Naciones Unidas. En 2008 fueron 289.000. Entre esos dos años, la tasa de homicidios cayó en 68 países y solo aumentó en 26, la mayoría de ellos latinoamericanos.
Las causas de la excepción latinoamericana son diversas.
La desigualdad es una de ellas. Aunque haya caído en los últimos años, los países latinoamericanos siguen siendo los más desiguales del mundo, con el 1%, 5% y 10% de los sectores de mayores ingresos absorbiendo volúmenes desproporcionados de la renta nacional. En Brasil, México y Chile, que representan casi el 70% del PIB y la población regional, el 10% más rico recibió el 42% de los ingresos nacionales entre 2008-09. En EE UU esa cifra es del 29%.
Otra es la impunidad. En 1997 un estudio del Banco Mundial sobre la criminalidad en la región mostró que los delincuentes calculan los potenciales beneficios de un delito en relación a los costes y riesgos de cometerlo y la probabilidad y severidad del castigo. Si la industria del secuestro en países como México o Venezuela es un indicativo fiable de esa teoría, entonces las bandas han concluido que el crimen es hoy extremadamente lucrativo y las consecuencias penales poco probables.
Otra razón es la corrupción policial y judicial. En las encuestas del Latinobarómetro, solo uno de cada tres ciudadanos en los 18 países de la región expresa su confianza en la policía (Chile es la excepción, con el 60%). En México, un 75% de los encuestados declara no tener ninguna confianza en las autoridades judiciales.
Otra, obviamente, es el narcotráfico, en pleno apogeo en toda la zona, con destino a los países del norte.
Las bandas han concluido que el crimen es hoy extremadamente lucrativo y las consecuencias penales poco probables.
Según Amnistía Internacional, en Brasil hay 15 millones de armas cortas en manos privadas, nueve de ellas ilegalmente y probablemente cuatro en las de criminales. Brasil es el mayor fabricante y exportador de armas cortas de América Latina. Desde los años setenta, México no ha otorgado prácticamente licencias para adquirir armas.
Pero en ese país existe un gigantesco mercado ilegal que se alimenta del contrabando de armas de EE UU, donde 38 de los 50 Estados tienen leyes muy permisivas de venta de armas de fuego. Según Los Angeles Times, el 95% de las armas ilegales que se incautan en México anualmente se compran en EEUU.
El negocio de la seguridad
El Banco Interamericano de Desarrollo estima que el PIB per cápita de la región sería un 25% más alto si la tasa de criminalidad fuera similar a la media mundial. Sao Paulo, la ciudad más populosa del país con casi 20 millones de habitantes, tiene un mayor número de helipuertos que Nueva York debido al temor de los ejecutivos de grandes empresas a desplazarse por la ciudad en sus automóviles. Sao Paulo tiene además la mayor demanda mundial per cápita de vehículos blindados para uso civil.
Una respuesta de los más ricos a esos problemas ha sido amurallarse en una especie de «ghettos blancos», un fenómeno que indica una segregación de clase que hace sus propios cordones de seguridad con policía privada. Es casi un paraíso para quienes lo pueden pagar. Pero al otro lado están los grandes vacíos de gobierno, donde la justicia, la seguridad, los impuestos directos y los servicios públicos muchas veces no existen.
La seguridad privada se ha convertido, por ello, en un negocio en alza en muchos países de la región. Según estadísticas oficiales mexicanas, el número de compañías de seguridad privada se ha duplicado desde 2006, hasta las 1.600 registradas legalmente, pero puede haber hasta 10.000 que funcionan sin la autorización apropiada. El negocio de la seguridad -que va desde la venta de pólizas antisecuestro a la de equipos de vigilancia electrónica- está creciendo a un 20% anual en México, según la consultora británica IHS-Jane’s.
Compañías como Dyn Corp., que recluta a ex militares para enviarlos como guardias privados a Irak o Afganistán, han encontrado en México un mercado con una demanda creciente para sus servicios a pesar de la prohibición para portar armas que impone a los extranjeros. El pasado noviembre, la oficina encargada de los programas antiterrorismo y antinarcóticos del Pentágono convocó un concurso global para asignar contratos para proveer equipos y servicios por valor de 3.000 millones de dólares, una parte importante de los cuales irán a compañías que operan en México. Los propios gastos de seguridad del Estado mexicano han pasado de 1.700 millones de dólares en 2005 a más de 12.000 millones en 2011, según el think-tank México Evalúa.
