No existe ninguna duda que el diario El País actúa como intelectual orgánico de la ideología de la desvinculación, que se expresa en términos políticos en la perspectiva de género y el radical-liberalismo; es decir, la combinación de laicismo de la exclusión religiosa y cultural con políticas económicas «de derechas», para entendernos por la vía rápida. Pero es muy posible que con ocasión del suicidio de la señora Madeleine Z. tal y como la nominaba el periódico, haya traspasado muchos límites morales y deontológicos seguro, y jurídicos quizás.
El hecho es conocido: una mujer, Madeleine, se ha suicidado en presencia de representantes de la Asociación para el Derecho a Morir Dignamente y con la narración minuciosa y morbosa de sus últimos instantes y, presuntamente también ante una periodista de aquel periódico, Ana Alfageme.
Es un detalle extraño que El País no dé el apellido de esta mujer, y no será por una razón de pudor porque llena su portada y páginas interiores de dos días con fotos de dicha persona, con detalles de donde vivía, e incluso dedica una página entera a su biografía. Al ocultar el apellido ¿qué pretende?
En toda esta cuestión, es un dato principal que el hijo de esta mujer, el apellido omitido por el periódico, haya presentado una denuncia ante la Guardia Civil por presunto delito de inducción o asistencia al suicidio por parte de las personas que estuvieron con ella.
Su hijo, que tenía todo el derecho del mundo a ser informado de los deseos de su madre, ha contado, por activa y por pasiva, que ella, como otros enfermos crónicos, sufría depresiones más o menos momentáneas que le hacían hablar de desear la muerte, pero que quedaban atrás, al cabo de poco tiempo: literalmente «pero a los dos días se le pasaba y no volvía a tocar el tema».
Si cada vez que una persona, enferma o no, deseara morirse, se viera rodeada de una corte de malignos personajes que le presentaran esta muerte como una liberación, le explicaran cómo matarse sin un especial sufrimiento, ingiriendo el veneno en un helado, ¿cuánta gente no incurriría en esa caída momentánea pero irrecuperable? Gente que en realidad tiene, como la inmensa mayoría, deseos de seguir viviendo. Actuar de esta manera es una canallada y quien lo estimula participa de esta condición.
Pero, además, hay un presumible delito de inducción, incluso de asistencia al suicidio, y esto está castigado por el Código Penal en su artículo 143, con penas que pueden oscilar entre dos y cinco años, o de seis a diez, en función de la naturaleza y el resultado de la inducción. Se trata, por tanto, de un delito grave, y además como los de su misma naturaleza, perseguible de oficio.
El hijo ya ha hecho la denuncia ante la Guardia Civil. Debería ser un acicate pero en ningún caso es necesario para que el fiscal actúe. La fiscalía de Alicante tiene el deber de intervenir en este tema.
Y una reflexión final y de carácter general: existe la sensación creciente en este país de que determinados delitos claramente tipificados, el aborto es uno de ellos, reciben un trato -digamos- comprensivo por parte de la justicia y la policía.
No decimos que sea así, simplemente que lo parece, porque se cometen demasiados presuntos delitos de esta naturaleza sin que se produzca desde hace años ni tan siquiera un solo juicio. Y este hecho contrasta con la saturación que registran los juzgados españoles por otro tipo de delitos perseguidos estos sí de oficio. Los vertidos ilegales en los ríos, por ejemplo.
Debe existir la misma diligencia para toda vulneración grave de la ley y no se puede dar la sensación de impunidad o de mirar hacia otra parte, porque quienes actúan así y quienes lo permiten estarían convirtiendo a España en una república bananera, estaría destruyendo la credibilidad del estado de derecho.
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