Una vez más queremos denunciar las mentiras y manipulación de la opinión pública que, dentro del permanente ataque a la Iglesia Católica, realiza este Gobierno, falsamente socialista y laicista.
El diario Expansión publicó, el pasado día 7 de diciembre, una noticia titulada El PSOE acusa a la Iglesia de recibir una financiación «inconstitucional», en la que decía, fundamentándose en un informe titulado Datos y cifras: asignación presupuestaria del Estado a la Iglesia: «En los últimos cinco años la Iglesia ha recibido una sobrefinanciación en torno a los 200 millones de euros. Subvención que consigue a cargo de los contribuyentes con independencia de sus ideas y credo religioso. Así, en los últimos 15 años, según el PSOE, el Estado ha pagado de más 450 millones a la Iglesia. Esto supone que anualmente, como media, la sobrefinanciación es superior a los 40 millones de euros… El Gobierno denuncia el incumplimiento del acuerdo de 1979″.
Una vez más queremos denunciar las mentiras y manipulación de la opinión pública que, dentro del permanente ataque a la Iglesia Católica, realiza este Gobierno, falsamente socialista (por su dependencia de Polanco, el apoyo a la banca, a la dictadura marroquí…) y laicista, y sus medios afines, fieles todos ellos a la masonería. Para ello vemos necesario hacer una serie de aclaraciones a la opinión pública sobre la financiación de la Iglesia.
1. La Iglesia, jurídica y administrativamente, no es una entidad.
Solamente en España son 40.000 entidades distintas: parroquias, órdenes religiosas, movimientos, asociaciones, fundaciones, organizaciones, diócesis. Cada una tiene su propio estatuto económico, cada una lleva sus propias cuentas, según las leyes civiles vigentes y según el derecho canónico. Hablar de «el dinero de la Iglesia» es como hablar de «el dinero de la sociedad civil»: se refiere a muchas entidades distintas y de muy diversas funciones. Sólo la Conferencia Episcopal Española es dueña de dos editoriales, promociona la Universidad Pontificia de Salamanca, tiene institutos extranjeros, y, además colabora con el asesoramiento de 69 diócesis, 23.000 parroquias y más de 15000 entidades adscritas a la Iglesia.
2. El Estado no subvenciona a la Iglesia.
Son los ciudadanos quienes libremente asignan una cantidad de dinero a la Iglesia mediante la casilla del IRPF. El Estado no da ese dinero, lo dan los ciudadanos. El Estado lo único que hace es ayudar a recaudarlo. Resulta fundamental el respeto a los acuerdos con la Santa Sede en materia económica. Unos acuerdos que no son un privilegio sino que suponen el desarrollo del espíritu de la Constitución. En ellos, el Estado se obliga a cooperar con la Iglesia, por lo que el complemento presupuestario que reciben los católicos forma parte de lo acordado entre España y la Santa Sede. Acuerdo firmado el 3 de enero de 1979. Aquel texto fue elaborado tras la entrada en vigor de la Constitución y su ratificación fue aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados (273 votos a favor, 21 en contra y 1 abstención) y por el Pleno del Senado, por unanimidad (188 votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención). Este acuerdo preveía la sustitución progresiva de la antigua dotación a la Iglesia Católica con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, por un sistema de asignación tributaria, en virtud del cual la aportación económica de la Iglesia la harían sólo aquellas personas que lo deseen y manifiesten de forma expresa en su declaración de la renta, que el año pasado marcaron 5 millones de contribuyentes, menos de un tercio del total.
Es mentira que la Iglesia no haya conseguido la autofinanciación desde este Concordato de 1979, ya que la asignación del 0,52 % fue decidida unilateralmente por otro Gobierno del PSOE, basándose en el supuesto de que todos los ciudadanos marcaran esa casilla. Muy por debajo de otros países europeos, como por ejemplo Alemania, donde cada ciudadano con capacidad fiscal, por el sólo hecho de estar bautizado, destina automáticamente a su Iglesia (católica o protestante) una cantidad adicional de un 9 % sobre lo que paga a Hacienda. La Conferencia Episcopal Española recuerda que con que sólo se destinara el 0,8 % del IRPF de las personas que actualmente lo hacen, la Iglesia cumpliría su deseada autofinanciación. Por lo tanto, el «complemento» que el Estado aporta a la Iglesia es lo que falta para cumplir los acuerdos de 1979 y no ningún privilegio. Es más, hoy la Iglesia Católica en España recibe, vía complemento presupuestario, un 10 % menos que hace 15 años; mientras que la aportación directa de los fieles que marcan la casilla correspondiente en el IRPF, se ha incrementado en un 49 %.
El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, D.Fernando Jiménez Barriocanal nos recuerda en una entrevista del pasado mes de diciembre que hay que buscar una solución técnica que evite que cada año se tenga que estar pidiendo lo que por los acuerdos Iglesia-Estado le corresponde a la Iglesia: la cuantía similar. Y nos recordaba que soluciones técnicas hay muchas. Hay que estudiar qué es lo que ocurre cuando la gente no hace declaración de la renta, pero paga impuestos vía retenciones, y ver qué ocurre con esos contribuyentes. Hay que ver si estamos aplicando correctamente la cuota concreta. Hay que ver por qué cada vez que el Gobierno publica los datos no publica los datos del País Vasco y Navarra, donde las competencias de recaudación están transferidas a las haciendas forales, y no sabemos si ese dinero se lo reclama la Agencia Tributaria Española a las haciendas forales.
Por otro lado, si acudimos a los presupuestos aprobados por la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española para este año 2006, que cualquier persona interesada puede encontrar en su página web, vemos que sólo un 10% va destinado a gastos de personal: remuneración de los Sres. Obispos y Seguridad Social del Clero diocesano. El resto se distribuye entre las aportaciones a la Santa Sede, el Fondo Intermonacal, Ayudas al Tercer Mundo, Confers, Universidad de Salamanca, Ayudas a proyectos de evangelización y otros conceptos. Por lo tanto, es nuevamente mentira que ese dinero se destine a «pagar a los curas».
3. En España el Estado tiene una larga tradición de confiscar bienes eclesiales, y las confiscaciones a la Iglesia siempre han perjudicado al pueblo y han beneficiado a la burguesía.
Cuando al Estado le falta dinero, confisca cosas a la Iglesia. Empezó en 1768 (Reforma de Olavide), cuando se expulsó a los jesuitas y se confiscaron sus tierras. Justo antes de la Guerra de la Independencia (desamortización de Godoy) se confiscaron los bienes de hospitales, hospicios, casas de misericordia y cofradías, casi todas ellas entidades eclesiales. En 1808 era José Bonaparte, el hermano de Napoleón, quien confiscaba bienes eclesiales. En 1823 fueron las Cortes de Cádiz, decretando la reducción a un tercio del número de monasterios y conventos. De 1834 a 1854 la famosa desamortización de Mendizábal confiscó todas las propiedades de monjes y frailes y parte de las del clero secular. En 1855 la Ley Pascual Madoz fue la confiscación más completa de bienes del clero, tanto regular como secular. Estas confiscaciones nunca beneficiaron a los pobres, sino que contribuyeron a enriquecer a la burguesía urbana y rural. Hoy todavía se mantiene viva esta tradición de expropiar. Una víctima preferencial son los conventos de monjas carmelitas: en el 2003 el Ayuntamiento de Córdoba (IU) quería expropiar un huerto a un convento carmelita, pero 40.000 firmas y una oleada de e-mails pararon la medida. Lo mismo intentó el ayuntamiento socialista de León en el 2004 con sus carmelitas descalzas, con la consiguiente reacción de los ciudadanos. En Esplugues (Barcelona), el Ayuntamiento socialista en el 2005 acosaba con desahucios y expropiaciones a un monasterio de dominicas. Una vez más, la presión ciudadana ha bloqueado el proceso.
4. ¿Dónde están los privilegios fiscales de la Iglesia?
La exención de tributación por los ingresos propios de la actividad religiosa o la reducción del tipo del Impuesto de Sociedades al 10 % son las exenciones previstas para cualquier institución acogida a la ley de fundaciones, no sólo la Iglesia Católica. Tal como contempla la ley, la Iglesia cumple con sus tributos obligatorios (actividades empresariales, cesión de patrimonio a terceros, incrementos de patrimonio, etc.); y en el ámbito de la Seguridad Social se cumplen también todos los requisitos derivados de la ley. Por lo que se refiere al Impuesto de Patrimonio, cabe recordar que la ley distingue entre las personas físicas y las jurídicas. Así, los sacerdotes tienen las mismas obligaciones fiscales que el resto de los ciudadanos, mientras que las casas parroquiales están exentas de ese impuesto. Y si se refiere al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), todas las confesiones religiosas (en España, católicos, evangelistas, judíos e islámicos) están libres de ese tributo. También están exentas de tributos locales e impuesto de sociedades las fundaciones, ONGs, entidades sin ánimo de lucro y federaciones deportivas, entre otras. Respecto a la exención del IVA, en el artículo 4 del Concordato se establece la exención total de los impuestos reales y de producto, y posteriormente en la OM de 29 de febrero de 1988 pactada con la Iglesia española, se detalla el contenido de dicha exención aplicable al IVA de los templos, que no alcanza a la totalidad del importe, ya que los materiales no quedan exentos, es decir, que la exención del IVA se aplica sobre la plusvalía del constructor y la mano de obra, aproximadamente la mitad del coste, cuyo valor medio ronda el millón de euros, lo cual está dificultando a la Iglesia la tarea de encontrar constructor. La Comisión Europea propone como alternativa el modelo portugués, en el que primero se abona el IVA y posteriormente es devuelto por parte de la Administración.
Como conclusión
Afirmamos categóricamente que no hay una sobrefinanciación ni ningún tipo de privilegio para la Iglesia Católica por parte del Estado. Este Gobierno utiliza el anticlericalismo porque es lo único que le da un perfume de izquierdas, un Gobierno que pasará a la historia por haber destruido más valores sociales y morales en menos tiempo. Es la Iglesia Católica la que ahorra al Estado más de 31.000 millones de euros al año (5,19 billones de ptas) sólo en su labor social y educativa. Una Iglesia Católica que, en su servicio a la sociedad, ofrece un 5.580 % más de lo que recibe. Si la Iglesia no prestase sus servicios a la sociedad, tendrían que aumentarse considerablemente los impuestos para que estos servicios pudieran ser asumidos por el Estado. Periodistas, políticos e intelectuales de esta falsa izquierda que tenemos actualmente afirmaban recientemente que el Estado no podría asumir las tareas sociales de la Iglesia. ¿Quién se ocuparía de los enfermos de sida, de los colectivos más pobres, de las prostitutas…? se preguntaban algunos de ellos.
Mª Luisa Sáinz, economista
Jaime Gutiérrez, sacerdote diocesano
