Desde Roma no paran, llevan una temporada repitiendo por activa y por pasiva la condena de este sistema económico que produce cada vez mas miseria.
El último posicionamiento ha venido de la mano del observador vaticano ante Naciones Unidas, el arzobispo Celestino Migliore, este martes en Nueva York.
El prelado tomó la palabra ante la tercera comisión de la 62 sesión de la Asamblea General, para recordar a todos que se habían comprometido a «afrontar el problema de la pobreza atacando a sus raíces estructurales» (es decir, no a base de «ayuditas»).
El objetivo no debe ser otro que «extirpar» la extrema pobreza (no reducirla un poco para el dosmilciento y quien sabe…), mediante la acción sobre la deuda externa y el gobierno de las finanzas mundiales entre otros.
Según el arzobispo, es también importante subrayar que las políticas económicas no pueden ser separadas de las políticas sociales, porque en caso contrario, ni la una ni la otra, lograrán alcanzar los respectivos objetivos.
Por si alguno sigue pensando que los mecanismos del mercado que se están imponiendo son el medio para acabar con la pobreza, el obispo afirmó que en los últimos doce años, «ha habido una clara tendencia al aumento de la desigualdad entre ricos y pobres, entre países desarrollados y en vías de desarrollo, y entre naciones.
Además, han surgido nuevas formas de pobreza, tanto en los países ricos como en los pobres, junto a aquellas más tradicionales, caracterizadas principalmente por amplias diferencias de ingresos.
«La escasez de fondos entre los sectores más débiles de la sociedad ha llevado a la pérdida de relaciones y redes sociales, necesarias para mantener la integridad y la dignidad personales, constató; es el caso de los ancianos abandonados a sí mismos, las personas enfermas no aseguradas, los desocupados y los trabajadores no cualificados, los migrantes que no encuentran trabajo, las mujeres y los niños que sufren por la disgregación de las familias, todos aquellos que se encuentran en situaciones precarias».
Si la responsabilidad de la equidad social corresponde en primer lugar a cada gobierno, «la comunidad internacional tiene el deber de colaborar activamente en su implementación, creando condiciones comerciales y financieras favorables al crecimiento de todas las economías nacionales, y rechazando las condiciones que sean obstáculo para los estados a la hora de adoptar políticas encaminadas a ayudar a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, como las personas con minusvalía y los ancianos», es decir, lo contrario de lo que habitualmente hacen el FMI y el BM.
Del mismo modo, «está llamada a ayudar a los estados a desarrollar estas políticas, a promover una nueva cultura de solidaridad y a reforzar a los pobres para que puedan ser los protagonistas de su desarrollo», o lo que es lo mismo, basta ya de ayudas asistencialistas que crean dependencia.
«La extirpación de la pobreza y el pleno disfrute de los derechos sociales de base, por parte de todos los individuos y de sus familias, es fundamentalmente un compromiso moral», añadió. Por tanto, «deben ser objetivos de todas las políticas económicas y de desarrollo, y ser la medida de su éxito o fracaso», concluyó.
