ESPAÑA GASTA MÁS en DESHACERSE de los INMIGRANTES que en INCORPORARLOS a SU PAÍS

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El programa de expulsiones masivas de inmigrantes ilegales acordado en la cumbre europea de Sevilla mueve sus primeros engranajes.
El selecto club de los países más ricos del viejo continente dispondrá de más de 90 millones de euros para «luchar contra los sin papeles». Es la primera factura común a pagar por los nuevos tiempos que corren: más «solidaridad interna» entre los Quince para «protegerse» de los visitantes no deseados.

Todos los Gobiernos que conforman la Unión Europea, indistintamente de izquierdas o de derechas (si es que podemos hablar hoy día de izquierdas), expresaron su preocupación ante el dato de que existen cerca de tres millones de inmigrantes irregulares en el territorio europeo. Esta cifra hasta el pasado 2001 tendía a aumentar en medio millón al año. Pero ninguno de estos países siente la más mínima preocupación por las causas de la inmigración.

Por lo demás, casi todo está listo: los mecanisms perfeccionados de expulsión, una mayor coordinación y colaboración entre Estados, los estudios para aproximar las dispersas y, en algunos casos, contradictorias legislaciones y, lo que no es menos importante entre lo anterior, ese dinero necesario para llevarlo a cabo.

Pero a la factura común que corre a cargo del presupuesto comunitaro hay que sumarle la particular de cada Estado. La española no es de las menores. El Gobierno del Partido Popular quiere batir todos los records de expulsiones este año -quizás para dar ejemplo en Europa, ya que fue uno de los mayores impulsores de la idea y ahora se ve en el aprieto de defenderse- y eso cuesta. El Ministro del Interior dispone desde antes del verano de un crédito extraordinario de seis millones de euros concedido por Hacienda que ayudará a dejar fuera de nuestras fronteras a los 60.000 inmigrantes que se han calculado.

Esa cantidad debe sumarse a los más de tres millones de euros inicialmente presupuestados para todo el 2002 y que a comienzos de junio ya habían sido gastados. El objetivo del Gobierno no parece ninguna utopía a la luz de las estadísticas. Al concepto de expulsión debe sumarse el de devoluciones (detenidos en el momento en que intentan entrar ilegalmente) y el de denegaciones de entrada (el inmigrante es rechazado en la frontera), sumando a finales de mayo 19.290, frente a los 7.403 del año anterior (un 160% más).

La repatriación a países como Ecuador, Colombia, Nigeria, China, Rumanía o Polonia le cuesta a las arcas del Estado algo más de 5.500€ debido al billete de avión y a la obligación que establece la ley de que cada extranjero expulsado vaya acompañado de 2 miembros de las fuerzas de seguridad. ¿Acaso estamos hablando de los peores terroristas para necesitar este dispositivo?, ¿o estamos hablando de víctimas de hambre?

No obstante, los gastos de las repatriaciones y de toda la burocracia que las acompaña no son los únicos. Baste otro ejemplo. El «blindaje» de la frontera de Ceuta con un nuevo sistema de imper- meabilización ha supuesto un desembolso de 27 millones de euros. No se ha escatimado esfuerzos: dos vallas de tres metros de altura con un pasillo central, sistema de sensores en las alambradas, cámaras térmicas, visores nocturnos, 35 cámaras de televisiones por circuito cerrado y una veintena de torres de vigilancia.

No dejan de ser interesantes las palabras de Aznar referidas a su plan de actualización y agilización de la «justicia» en el que prevé acabar con los pequeños delincuentes. Los que roban mucho pueden estar tranquilos: especuladores, mafiosos, banqueros, corruptos de todo tipo aplauden esta iniciativa.

España sube su natalidad (necesaria para mantener pensiones) a costa de los inmigrantes. También necesitamos mano de obra barata en condiciones de semiesclavitud (en muchos de esclavitud feudal) para mantener un sistema de coacción al trabajador que permita sostener la precariedad que tanto interesa a esos que la «justicia» de todos los políticos no va a tocar.

Hitler, Mussolini… estarían contentos de ver cómo sus aventajados discípulos siguen sus enseñanzas en nuestro país al dictado de las grandes empresas multinacionales