La mayoría de costureras que producen para los grandes modistas españoles cobran el salario mínimo que marca el convenio, no perciben vacaciones ni pagas extra y cotizan menos horas de las que en realidad trabajan.
Muchas son empleadas de terceros talleres adonde los grandes de la moda derivan su producción, sin importarles, al parecer, que produzcan sus vestidos en condiciones leoninas. Otras son directamente empleadas por estos embajadores de la marca España. El margen de beneficio es mínimo y alguien tiene que pagar el pato, reconocen los profesionales del sector. Y quien lo paga, casi siempre, es el eslabón más débil, las patronistas, bordadoras, modistas y cortadoras. Cientos de mujeres y unos pocos hombres que cobran unos 800 euros al mes por jornadas maratonianas en las que dan forma a los fabulosos vestidos que luego se venderán por 5.000 o 10.000 euros o se exhibirán en la pasarela Cibeles entre vítores y aplausos.
«Hay muchísimos abusos laborales en el sector del textil, y los talleres de alta costura no son una excepción», confirma Carmen Expósito, responsable del sector textil en el sindicato Comisiones Obreras. «Pero ocurre que apenas hay denuncias porque la gente tiene miedo. Este es un trabajo artesanal, en su mayoría hecho por mujeres humildes en pueblos pequeños, muchos en Andalucía y Galicia, y denunciar es exponerse a perder el trabajo y convertirse en unas apestadas. Además, estos modistas al menos les dan un contrato cuando en otros talleres más convencionales ni siquiera se les da de alta, así que prefieren callar y seguir», explica.
Las denuncias y abusos suelen quedar ocultos tras los ‘flashes’ de la pasarela, las fiestas de los famosos y las galas de la familia real, eventos en los que se exhiben tan fastuosas prendas. Pero fuera del foco las denuncias van cayendo. El caso público más reciente salpicó al modista Alejandro de Miguel, diseñador de cabecera de decenas de famosas, entre ellas María Teresa Campos y sus hijas. La causa está en manos de la Fiscalía de Castilla-La Mancha, después de que la Inspección de Trabajo comprobase ‘in situ’, en el taller del empresario en Miguel Esteban (Toledo), los graves abusos laborales. De Miguel tenía a sus 12 costureras a media jornada cuando en realidad trabajaban ocho horas o más, no les retribuía vacaciones y las obligaba a firmar nóminas por una cuantía superior a la que en realidad percibían.