Los centros de internamiento son inconstitucionales. En los Centros de Internamiento se violan derechos fundamentales.
Los CIE no tienen un carácter penitenciario: el ingreso del extranjero no resulta de la aplicación del código penal, puesto que dicho extranjero no ha cometido ningún delito, o tenido ninguna condena (si no estaría en la cárcel).
El extranjero está “retenido” (y no “detenido”) de manera preventiva por una falta administrativa: por no tener los papeles requeridos a la espera del retorno a su país de origen, de la devolución a la frontera o de una sanción de expulsión. Aparece así como una especie de cárcel, pero sin las garantías constitucionales que por mínimas que sean, amparan a los centros penitenciarios, además de, como se dice, internar a personas que no han cometido ningún delito.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona ha podido calificar estos Centros como “inconstitucionales”, porque “se detienen personas por lo que son y no por lo que han hecho” 1. Pero la suma de informes que denuncian las condiciones de los Centros de Internamiento y la falta de respeto a derechos fundamentales en los mismos es abrumadora2.
La falta de garantías y el control policial, que no social, implica que con frecuencia sean numerosos los problemas de violación de derechos humanos que se producen en mayor o menor grado en la mayoría de los Centros:
- Secretismo y falta de transparencia respecto a lo que pasa dentro de los centros: las ONGs no tienen la posibilidad de entrar y de entrevistar a los extranjeros detenidos, excepto muy raramente, pese a lo que indica el Art. 6.2 de la orden del 22 de febrero de 1999: “La administración facilitará especialmente la colaboración de las instituciones y asociaciones dedicadas a la ayuda de los extranjeros, que deberán respetar en todo caso las normas de régimen interno del centro”.
- Arbitrariedad de las autoridades del centro: posibilidad de emplear la fuerza física para restablecer la normalidad dentro del centro, sin obligación de notificar al juez (salvo infracción penal). Tampoco existe un cuadro de sanciones como en las cárceles: falta de determinación de la sanción, y falta de proporcionalidad entre las sanciones y las penas.
- Los adultos y sus hijos están separados puesto que los niños están llevados a centros de acogida de menores, las mujeres y los hombres también.
- Falta de intérpretes, de asistencia jurídica y de servicio medico regular
- Deficientes condiciones de vida: hacinamiento y falta de espacio o de aire, malas condiciones de salubridad, frío o calor (muchos de los Centros son antiguas cárceles o cuarteles), falta de mantas y otros elementos para condiciones de vida digna.
- Régimen de visitas arbitrario: De hecho, los visitantes no tienen mejor trato: como “amigos”, familiares o esposo/a de los detenidos, están también vistos como “delincuentes”. Los guardias se reservan el derecho de anular las visitas (solamente un cupo por día para el conjunto de todos los detenidos) si tienen “demasiado trabajo”
- Tratamiento como presos: Los guardias tratan de hecho los extranjeros mantenidos como presos o/y como delincuentes: vigilancia en todo momento (presencia policial, cámaras de vigilancia por todos lados), revisión de los efectos personales (celda, ropa, comida, regalos, letras, etc…).
- Abusos y malos tratos: Los abusos producidos en el Centro de Capuchinos de Málaga son el caso mas extremo de un mal trato y abusos extendido y bastante amplio en los CIEs por parte de la policía
Los Centros de Internamiento en España
Existen en España 10 Centros de Internamiento de Extranjeros “oficiales”, situados en las provincias de Barcelona (Zona Franca), Las Palmas (Matorral en Fuerteventura, Barranco Seco en Gran Canaria y Lanzarote), Tenerife (Hoya Fría), Málaga (Capuchinos), Madrid (Carabanchel), Valencia (Zapadores), Murcia (Sangonera la Verde) y Algeciras (La Piñera), y 2 Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI), Melilla y Ceuta, además de Centros de Retención Informales de dudosa legalidad.
MÁLAGA: Centro de Capuchinos
Se trata del antiguo cuartel de Capuchinos. Se trata sin duda de uno de los Centros que ha recibido mas denuncia y que cuenta con una historia mas siniestra.
El Centro de Capuchinos entró en funcionamiento en 1990, con capacidad para 80 personas, y ya en 1992 el Fiscal General del Estado denunció las malas condiciones de sus instalaciones3. El pasado verano, el escándalo de los abusos contra internas obligó a los medios de comunicación a destapar una larga lista de irregularidades acumuladas durante toda su historia y denunciadas por diversas organizaciones sociales en multitud de ocasiones: comidas en mal estado, hacinamiento, falta de asistencia sanitaria, medicación suministrada por los policías ante la ausencia de personal sanitario, falta de intérpretes, gravísimos problemas de higiene y estado ruinoso de las instalaciones. Desde su apertura se han producido dos “supuestos” suicidios, cinco incendios (tres de ellos documentados) y, pese a su corta existencia, ha tenido que cerrar en dos ocasiones para la realización de reformas de acondicionamiento sin que las denuncias por las malas condiciones disminuyeran.
Ya en 1994, 46 internos protagonizaban la primera de las huelgas de hambre, para denunciar las condiciones del centro. En 1995 una brasileña internada realizaba la primera de las numerosas denuncias por abusos sexuales. Ese mismo año, desde el “Hotel Capuchinos”, como gustan en llamarlo algunos funcionarios, partieron 103 inmigrantes sedados previamente con haloperidol, y trasportados en cinco aviones militares hacia Malí, Senegal, Camerún y Guinea Conakry. Aznar, que había transgredido así todo tipo de normas internacionales, afirmó: “Teníamos un problema y lo hemos resuelto”.
El pasado junio, la Comisaría Provincial de Málaga no pudo esconder por más tiempo el descubrimiento de hechos que ellos mismos definieron como de considerable gravedad, “consistentes en fiestas nocturnas en la que participaban internas y que podrían haber llegado a mantener relaciones sexuales con los funcionarios”. Seis mujeres internadas manifestaron haber sido víctimas de abusos sexuales. Siete funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía fueron detenidos, y seis de ellos pasaron a disposición judicial (tres acusados de agresión sexual y otros tres de omisión del deber de perseguir el delito). Según un auto judicial, las inmigrantes que no acudían a los encuentros eran insultadas y amenazadas. Iban “a beber, cenar y follar”, relató una de las víctimas. El jefe de seguridad del CIE fue cesado, así como el director del centro, Luis Enrique López Moreno, que permanece en libertad con cargos.
Dos meses después se producía un nuevo incidente: una inmigrante testigo de esos abusos sexuales sufrió un aborto en el interior del CIE. La mujer, de origen brasileño, no fue atendida hasta más de una hora después de que los agentes fueran avisados por otras internas, según relató la única inmigrante que presenció los hechos y que no fue deportada aquella misma madrugada. Por su parte, la víctima del aborto ya no podrá estar presente cuando se celebre el juicio por los abusos ya que fue deportada con posterioridad, al igual que el resto de las mujeres testigos de las agresiones sexuales. Su abogado acusa a los agentes de cometer un delito de “omisión del deber de socorro”.
Finalmente una delegación de ONGs acompañó al diputado de los Verdes, Francisco Garrido, realizando un nuevo informe sobre la situación en el Centro4.
1 En “La Cárcel camuflada”, Viejoblues, Mikel-Catalonià-, pagina 2 (29/03/2005).
2 Por citar algunos: “Los Centros de Internamiento y el Estado de Derecho” de Hector Silveira; “Miles de inmigrantes se hacinan en los CIES” de Decio Machado; “Primer informe sobre procedimientos administrativos de detención, internamientos y expulsión..” del OSPDH.
3 Reproducimos literalmente el relato sobre Capuchinos del artículo ya citado de Decio Machado publicado en Diagonal.
4 Se puede consultar en Málaga Acoge.
Extracto del documento: Derechos humanos en la frontera sur 2006
Asociación pro derechos humanos de Andalucía
