No puede hablarse de sorpresa. Vvimos en un sistema político monopolizado por los partidos y la nueva ley que parecía proponerse conseguir la independencia de los medios de comunicación públicos ya fue redactada de manera que estas nobles intenciones pudieran ser burladas en la práctica.
Por Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB
(LA VANGUARDIA, 24/01/08).
Pocas veces ha habido un tan amplio acuerdo social en rechazar una medida aprobada por todos los partidos del Parlament de Catalunya, a excepción de Ciutadans. Me refiero, naturalmente, a la designación de los doce miembros del consejo de gobierno de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), de la cual dependen, además de otras emisoras menores, TV3 y Catalunya Ràdio.
En efecto, como en anteriores ocasiones, las cuotas de partido proporcionales al número de diputados han regido todo el sistema de designación y los parlamentarios, sin sonrojarse lo más mínimo, han elegido a personas que en un pasado reciente (o inmediato) han estado vinculados a estos partidos y han desempeñado, en su nombre, cargos de confianza: consellers, diputados, directores generales, jefes de prensa, etcétera. Todo atado y bien atado. El candidato previamente consensuado para ser presidente es el periodista Albert Sáez, hasta hace poco subdirector del Avui y en la actualidad secretario de Mitjans de Comunicació del Govern. Más claro el agua.
Esta elección de un consejo que, supuestamente, debe velar por la neutralidad de los medios públicos catalanes, ha sido duramente criticada por el Col · legi de Periodistes y el Sindicat de Periodistes, y por los comités profesionales de TV3 y Catalunya Ràdio, además de por numerosos comentaristas de prensa. Incluso el Consell de l´Audiovisual (el famoso CAC) ha afirmado que el perfil y la trayectoria de los nombrados no es el adecuado a los criterios de “independencia y profesionalidad” que prescribe la recién estrenada ley de Medios de Comunicación. No obstante, el CAC, cual Poncio Pilatos, no ha dudado en dar el visto bueno a la lista propuesta, no por azar sus miembros han sido también designados por el Parlament y según el mismo criterio partidista.
En realidad, sin embargo, no puede hablarse de sorpresa. Lo cierto es que vivimos en un sistema político monopolizado por los partidos y la nueva ley que parecía proponerse conseguir la independencia de los medios de comunicación públicos ya fue redactada de manera que estas nobles intenciones pudieran ser burladas en la práctica. Se trata de una ley que esconde el más puro cinismo, y la decisión parlamentaria que comentamos es coherente con sus verdaderos objetivos: proteger los intereses de la partitocracia catalana. Como ha dicho, a propósito de esta decisión parlamentaria, el veterano periodista Wifredo Espina: “Cada vez más la política partidista se infiltra en el periodismo y cada vez más, por tanto, el periodismo está contaminado de partidismo político”. Espina, of course, no ha sido designado miembro del consejo de gobierno de la Corporació.
Esta actuación parlamentaria lleva a preguntarnos si hoy en día la radio y la televisión de titularidad pública – del Estado, de las comunidades autónomas, de las diputaciones o de los ayuntamientos- resulta adecuada para que nuestro sistema democrático funcione correctamente. Ciertamente, el balance de los veinticinco últimos años no es alentador: con raras excepciones, en momentos muy determinados, los medios públicos suelen estar al servicio de los gobiernos de turno y además, por su carácter público, son financiados por los impuestos del contribuyente. En consecuencia, cabe formularse la pregunta: ¿hay razones sólidas para que sigamos manteniendo dichos medios o bien el derecho a la información y la libertad de opinión estarían mucho mejor garantizados si sólo existiesen medios de comunicación privados? Adviértase que en la prensa escrita todos los medios son privados y no parece que, en conjunto, haya menor pluralismo que en los públicos.
Ciertamente, este problema no me lo planteaba hace unos años. Tenía entonces confianza en que se podían encontrar métodos para asegurar, mal que bien, la neutralidad de los medios públicos. Creía, por ejemplo, que los parlamentarios podrían escoger personas de criterio independiente que garantizaran una información objetiva y una opinión plural. Sinceramente, la experiencia me ha enseñado que era un ingenuo. Los medios públicos son hoy, por lo general, un instrumento democráticamente ilegítimo del poder político.
La cuestión no es sencilla de resolver. Habrá que seguirle dando vueltas para encontrar una solución adecuada, partiendo de la base de que ninguna es perfecta. Pero no me cabe duda de que se trata de uno de los grandes déficits de nuestra actual democracia. La división de poderes es un principio que más o menos se cumple respecto a la famosa tríada de Montesquieu. Pero en estos momentos, el cuarto poder – los medios de comunicación, también los privados- no es independiente.
Frente al control público de las ideas, ¿no habría que proponer el famoso mercado libre de las ideas? Ello probablemente requeriría la desamortización de los medios de comunicación públicos, pero también algunas medidas más, no fuera a acabar todo como la merienda de negros que tuvo lugar tras la famosa desamortización de Mendizábal.