España se aleja hasta la posición 42 en el ranking de competitividad del World Economic Forum. Nuestro nivel formativo no deja de descender en los informes de la OCDE. Sólo un 22% de los ciudadanos españoles han completado la Educación Secundaria Postobligatoria frente al 44% de la OCDE.
Uno de cada tres niños abandona el colegio antes de finalizar la educación obligatoria. Pero, no escatimamos en fondos para la formación a través de los sindicatos. Nuestro nivel educativo se ha convertido en uno de los peores obstáculos a la competitividad, y con ello, a la generación de empleo. Pero el Gobierno, ni por lo más remoto se replantea -sino más bien todo lo contrario- el mantenimiento de un mecanismo multimillonario y absolutamente ineficaz que se ha convertido en una de las grandes vías de ingreso de esos mismos sindicatos que, curiosamente, han firmado el recorte de pensiones de todos los españoles.
Uno de los máximos ejemplos de esta locura lo plasma el enésimo juguete presupuestario al alcance de los dos grandes sindicatos, CCOO y UGT, y de la CEOE. Más allá de las subvenciones directas (con un coste anual cercano a los 15 millones de euros); de las partidas que gestionan a través de las fundaciones de Riesgos Laborales y del Sistema de Intermediación y Arbitraje (entidades con una financiación total cercana a los 60 millones de euros al año); más allá de las comisiones que obtienen en la gestión de algunos de los grandes fondos de pensiones españoles (como el de la Administración General del Estado o Fonditel); más allá de sus ingresos por su supuesta asesoría en los despidos colectivos (cercanos al 2% del coste total del ERE); más allá de todo este interminable listado se encuentra la Fundación Tripartita para la Formación del Empleo. Bajo esta fundación late un inmenso maná de 2.571 millones de euros -casi dos veces el impacto de la congelación de las pensiones- destinado teóricamente a la formación de los trabajadores a lo largo de su vida laboral.
La memoria de esta Fundación detalla un mecanismo de financiación sangrante en un momento como el actual. Porque el 84% de sus fondos parten directamente de la cotización -o sea, del bolsillo- de todos los trabajadores: un 0,7% de la base de cotización de cada empleado acaba en este saco sin fondo. Pero, por si la cuantía no fuese capaz de satisfacer suficientemente a esos mismos sindicatos que acaban de hacer el paseíllo al Gobierno, el Estado destinó en 2010 un total de 149 millones de euros extra, al margen de los 250 millones igualmente pagados desde el Fondo Social Europeo. El esquema de amamantamiento de los agentes sociales lo cierra el Ministerio de Trabajo, organismo encargado de decidir la aplicación de los recursos, en parte de la mano de las comunidades autónomas. Y el simple repaso por el informe elaborado por la Fundación Tripartita permite observar hasta la extenuación el encadenamiento permanente de dos nombres como adjudicatarios de las partidas de formación: UGT y de CCOO.
Pero nada de esto ha impedido que los responsables de ambos sindicatos, Cándido Méndez y Fernández Toxo, se hayan presentado ante la sociedad como los protagonistas de un enorme sacrificio: el recorte de las pensiones. Un sacrificio que, sin embargo, no tocará ni uno de sus euros.
