Redadas y detenciones de extranjeros que se llevan a cabo ‘al margen de la ley’ y con criterios ‘racistas y étnicos’
El 74% de los españoles son partidarios de endurecer la Ley de Extranjería. Este dato se desprende del informe “Evolución del racismo y la xenofobia en España (2009)” presentado por el Observatorio del Racismo del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Los españoles tienen una mala imagen de la inmigración y la mayoría considera que las leyes que regulan la entrada y permanencia de extranjeros en nuestro país son demasiado tolerantes.
Según el documento, hay un acuerdo unánime en la necesidad de endurecer la Ley de Extranjería. Así lo afirma el 72 por ciento que, además, considera que el número de extranjeros es elevado o excesivo (77 por ciento), que han provocado el aumento de la delincuencia (33 por ciento), que quitan puestos de trabajo (54 por ciento) y que son responsables de la caída de los sueldos (71 por ciento). Además, en tres años el número de partidarios de expulsar a los parados de larga duración ha aumentado un 12 por ciento.
En general, el 47 por ciento tiene una mala imagen de los inmigrantes. Los colectivos más desfavorecidos por la encuesta son los marroquíes (17,8 por ciento), los rumanos (16,17) y los árabes y suramericanos (8,0). Además, el 39 por ciento considera «muy aceptable» que «se expulse del país a los inmigrantes legalmente instalados que cometan cualquier delito», y un 29 por ciento lo juzga «bastante aceptable». Este dato supone un aumento del 18 por ciento respecto a 2005.
El estudio refleja una realidad que es «peligrosa»: con la crisis económica de los últimos tiempos la sociedad se ha radicalizado contra los inmigrantes empobrecidos que llegan al país, ya que nos sentimos “amenazados” tal y como muestran otras conclusiones del informa que se refieren a la necesidad de expulsar a los inmigrantes que se encuentren en el paro o que cometan cualquier delito, una propuesta que el 68 por ciento de los españoles estarían dispuestos a compartir. Teniendo en cuenta que se iguala a los inmigrantes en paro con los delincuentes, partimos de una tendenciosa opinión que se tilda de racista.
Recientemente, una encuesta desvelaba que la mitad de los catalanes creen que la inmigración es mala para el país. El 64% de los encuestados, son contrarios al empadronamiento de inmigrantes sin papeles.
El estudio del Observatorio no fue bien recibido por el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, que afirmó que «las percepciones no se corresponden con la realidad». Que alguien haya llegado a conclusiones equivocadas «no significa que las personas tengan una posición xenófoba», dijo.
Sin embargo, no todos opinan como el ministro, ya que un total de 141 asociaciones que trabajan con inmigrantes en España cursaron en estos días una queja al Defensor del Pueblo y al Ministerio del Interior en la que denuncian las redadas y detenciones de extranjeros que se llevan a cabo “al margen de la ley” y con criterios “racistas y étnicos”.
El estudio, elaborado por el Grupo Inmigración y Sistema Penal -formado por fiscales, jueces y catedráticos de derecho penal- cuestiona la legalidad de detener y conducir a comisaría a extranjeros documentados que no acreditan su estancia legal en España, así como identificar en lugares públicos y seleccionar a los extranjeros por sus rasgos étnicos o raciales.
Hace unas semanas, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) denunció que los agentes están obligados a hacer “detenciones preventivas” en cumplimiento de una instrucción emitida este año por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.
Todo ello viene determinado por las políticas insolidarias y represoras contra los inmigrantes que se imponen desde la UE, con programas como el “Programa de Estocolmo” (2010-2014), que ha sido aprobado en Consejo Europeo y que enmarcará la acción de la Unión sobre las cuestiones de la ciudadanía, la justicia, la seguridad, el asilo y la inmigración en los próximos cinco años, desde este 1 de enero de 2010. Este programa pretende administrar mejor las fronteras y satisfacer las necesidades del mercado de trabajo a costa de tratar a los inmigrantes como mercancía y no como personas.
A esto hay que añadir la nueva ley de inmigración en España, que da una vuelta de tuerca más contra los empobrecidos de la tierra, más explotación laboral y más persecución, más servicio al capitalismo salvaje, con el gobierno del PSOE y el consentimiento de los sindicatos.
Afirmamos que la inmigración es siempre una riqueza para el país que acoge, pero sin embargo, la percepción manipulada muestra este fenómeno como algo negativo por miedo a lo desconocido. Este miedo viene alimentado por ciertos tópicos xenófobos que debemos desmentir:
Frente al mensaje alarmante de que nos invaden cientos de pateras, decir que estas suponen solo el 1% de las personas que vienen a nuestro país, y gracias a ellas, España ha crecido en su PIB ya que ellos aportan su trabajo.
Frente a la mentira de que la inmigración aumenta la delincuencia, el Ministerio del Interior afirma que ha descendido el número de delitos un 22,7% entre 2002 y 2006, en tanto que la inmigración ha crecido un 86,5%.
No es verdad que nos quiten el trabajo, sino que más bien hacen los que nosotros depreciamos. Según un estudio de La Caixa, no quitan el trabajo a los españoles, sino que crean más: hasta junio del año pasado, 241.000 inmigrantes crearon una empresa. Esta realidad descubre otro mito: el nivel de cualificación de los inmigrantes es superior al del puesto de trabajo que ocupan.
Desmentir que copan las ayudas sociales: En la Comunidad de Madrid, donde vive casi la cuarta parte de los inmigrantes que residen en España, los extranjeros que perciben la renta mínima de inserción (la prestación dirigida a los que tienen menos recursos) no llegan al 10%, según datos del sindicato UGT.
No es verdad que los inmigrantes abusen de la Sanidad Pública: Según Sanidad, el uso que hacen de ella es un 15% menor que el de los españoles. La Sociedad Española de Medicina Comunitaria (semFYC) confirma que los inmigrantes van al médico la mitad que los españoles: suponen un 10% de la población, pero sólo un 5% de los pacientes.
En un ambiente de crisis, los ciudadanos de origen extranjero son tomados como chivo expiatorio del peligro que corre nuestro “Estado del bienestar”, a pesar de que ello suponga una legitimación de la xenofobia. Los trabajadores inmigrantes aportan a las arcas de la Seguridad Social como el resto, y por tanto deben tener los mismos derechos y prestaciones. Pero además, tenemos el deber de acogerlos por solidaridad, y sabiendo que, queramos o no, vamos hacia la sociedad del mestizaje, con la riqueza que ello supone.
Ante esta situación, nuestro silencio nos hace cómplices, por ello tenemos el deber de salir a la calle para denunciarlo, y exigir, que igual que nuestros padres y abuelos tuvieron que emigrar para ganarse el pan, otros también tienen derecho a luchar para acabar con su hambre. No se emigra porque se quiere sino porque se necesita.
