La ONU EXPRESA su PREOCUPACIÓN POR EL AUMENTO de ´SIN PAPELES´ en ESPAÑA

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La relatora especial de la ONU para los Derechos de los Migrantes, Gabriela Rodríguez Pizarro, ha elaborado un informe demoledor sobre la situación de éstos en España . Calcula en 600.000 el número de sin papeles en España. Es una estimación moderada, ya que el cruce de los datos del Ministerio del Interior con los del padrón municipal eleva la cifra a 853.000. La relatora ´muestra su preocupación por las dificultades que encuentran los migrantes en situación irregular para regularizarse´. En España residen legalmente 1.647.011 extranjeros, 323.010 más que hace un año, lo que supone un 24% de aumento, según el último balance del secretario de Estado para la Extranjería. El 34,7% son ciudadanos de la UE.


Por TOMÁS BÁRBULO
EL PAIS | 25-02-2004

La relatora especial de la ONU para los Derechos de los Migrantes, Gabriela Rodríguez Pizarro, ha elaborado un informe demoledor sobre la situación de éstos en España. En el documento de 22 páginas, al que ha tenido acceso EL PAÍS, expresa su preocupación «por la creciente bolsa de irregulares», que atribuye a «la dificultad para frenar su llegada y para ejecutar su expulsión». Considera que los cambios en las leyes de extranjería y el aumento constante de los expedientes desbordan a la Administración, retrasan los trámites burocráticos y colocan a muchos inmigrantes en situación de irregularidad. Gabriela Rodríguez Pizarro calcula en 600.000 el número de sin papeles en España. Es una estimación moderada, ya que el cruce de los datos del Ministerio del Interior con los del padrón municipal eleva la cifra a 853.000.

La relatora «muestra su preocupación por las dificultades que encuentran los migrantes en situación irregular para regularizarse». Y resume en dos las razones de la bolsa de indocumentados: la entrada clandestina, agravada porque las órdenes de expulsión no son ejecutadas, y la «irregularidad sobrevenida», por retrasos en los trámites.

Respecto a la primera razón, señala que es debida «a la imposibilidad de documentar a los inmigrantes, por no existir consulado de su país o porque alegan venir de un país distinto para no ser devueltos. Al no ser ejecutada la orden de expulsión, generalmente son internados a la espera de la ejecución; transcurrido el plazo para la misma, quedan en libertad con la orden de salir del país, algo que normalmente no hacen».

En cuanto a la segunda causa, afirma que «un expediente [de regularización] puede tardar un promedio de ocho o nueve meses, incluso en algunos casos hasta dos años», denuncia que «algunos abogados se aprovechan de las dificultades de los migrantes, cobrando por facilitar trámites que son gratuitos» y revela que el Ministerio de Trabajo la informó de que «la tramitación de los permisos de Trabajo requiere mucho tiempo, sobre todo la primera renovación, ya que sobre ella se aplican numerosos controles».

Aunque reconoce que mientras se tramita el permiso el migrante puede trabajar, el informe recoge las quejas de afectados porque los empresarios no les renuevan el contrato si no tienen el permiso de trabajo en vigor, debido a que tienen miedo a las sanciones previstas para quien contrata a sin papeles. «A su vez, la existencia de un contrato de trabajo es requisito fundamental para renovar el permiso de trabajo, sin el cual no se puede obtener el permiso de residencia», añade.

También se muestra «muy preocupada» la relatora especial «por la contradicción existente entre el discurso político oficial en contra de la inmigración irregular y el tácito reconocimiento de una bolsa de irregulares a los que no se permite la regularización sino a través del sistema de arraigo, después de hasta cinco años, durante los cuales están totalmente desprotegidos frente a abusos y explotación».

Finalmente, critica «la imagen que se da en los medios de comunicación desde una perspectiva sensacionalista. (…) La tendencia a asociar migración y delincuencia es muy preocupante. Muchas veces se dan datos distorsionados sobre el porcentaje de migrantes detenidos sin explicar que la mayoría son detenidos por su situación administrativa irregular y no por hechos delictivos».

Rodríguez visitó España entre el 15 y el 27 de septiembre de 2003. Se reunió, entre otras personas, con miembros del Ejecutivo, representantes de los gobiernos autónomos y locales y mandos de las fuerzas de seguridad.

EL GOBIERNO CULPA A LOS EXTRANJEROS POR INCUMPLIR LA ORDEN DE EXPULSIÓN

T. B. – Madrid

EL PAIS | España – 25-02-2004

«El aumento del número de inmigrantes ilegales [sic] en España no es debido a la iniciación de los procedimientos de expulsión o a la falta de ejecución de las órdenes de deportación una vez finalizado dicho procedimiento, sino a que una vez dictada la orden de expulsión el responsable jurídico de su cumplimiento, que es el propio extranjero, no la acata». Con este argumento responde el Gobierno a la principal denuncia de la relatora de la ONU.

En 21 folios, diplomáticamente calificados de «nota verbal», el Ejecutivo rechaza, entre otras imputaciones, «la descripción hecha sobre el conocimiento de la ley por parte de funcionarios públicos competentes y la calificación negativa del nivel de asistencia letrada que se presta a los inmigrantes».

Señala, además, que «no es cierto que los cambios en la legislación de extranjería y el aumento constante de los expedientes hayan conllevado lo calificado como desbordamiento de las oficinas de extranjería. Las reformas realizadas en la legislación de extranjería han estado dirigidas, entre otros objetivos, a agilizar los procedimientos y simplificar los requisitos para la tramitación y la resolución de los expedientes administrativos de concesión de autorizaciones para trabajar y residir a súbditos extranjeros».

«Se han hecho en España», añade el Gobierno, «esfuerzos considerables y recurrentes para regularizar a la población extranjera irregular. Ello no es sin embargo suficiente para abordar un problema tan complejo. Las dificultades que encuentran los migrantes en situación irregular para regularizarse son en parte un efecto lógico de las medidas adoptadas por el Gobierno para promover una información regular. Es evidente que el mecanismo para luchar contra la inmigración irregular no puede ser la regularización de migrantes irregulares».

Respecto a la vinculación de inmigración con delincuencia, el Ejecutivo afirma combatirla: «El Gobierno viene realizando campañas de información y sensibilización, en las que se destacan las aportaciones positivas de los migrantes a la sociedad española, a fin de facilitar su integración y favorecer la implantación de actitudes positivas hacia la inmigración entre la población española».

LA POLÍTICA DE CONTROL DE INTERIOR CHOCA CON LOS PROGRAMAS DE INTEGRACIÓN DE TRABAJO

T. B. – Madrid

EL PAIS | 25-02-2004
La relatora especial de la ONU advierte «riesgo de contradicción» entre «los programas y políticas de control de flujos migratorios, bajo la responsabilidad del Ministerio del Interior, y los programas y políticas de asistencia, educación e integración, responsabilidad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales». En este sentido, opina que «el fortalecimiento de los sistemas de control debería ser proporcional a situaciones de (…) integración de los migrantes que se encuentran en España después de varios años».

También hace referencia a los problemas de funcionamiento de los convenios migratorios firmados con otros países: «Según reconocieron el director general de Asuntos Consulares y el Defensor del Pueblo, la organización consular no está estructurada adecuadamente para atender sus tareas [de extranjería], su distribución geográfica no es acorde a las necesidades actuales y no disponen de medios necesarios en materia de formación y personal».

Asimismo, denuncia la «seria falta de información, asistencia jurídica y servicios de traducción» que padecen los migrantes detenidos: «Aunque su internamiento debe ser autorizado por el juez, éste normalmente ratifica la propuesta de la policía sin contacto directo con el migrante ni visita a los centros de internamiento. (…) Los abogados de oficio a menudo no son expertos en inmigración. (…) La protección consular es nula o débil».

LA INMIGRACIÓN EN CIFRAS

En España residen legalmente 1.647.011 extranjeros, 323.010 más que hace un año, lo que supone un 24% de aumento, según el último balance del secretario de Estado para la Extranjería. El 34,7% son ciudadanos de la UE.

ELPAIS 13-01-2004

Regularizados

235.895 inmigrantes legalizaron su situación en los últimos 12 meses: 30.000 gracias a la reagrupación familiar, 25.000 por la vía del contingente, 80.000 con un permiso de trabajo inicial y 100.000 por otras vías, como demostrar que viven en España desde hace más de cinco años.

Del total de inmigrantes regularizados en 2003, los más beneficiados fueron rumanos (62,25% de incremento), búlgaros (57,27%), argentinos (55,16%), ecuatorianos (51,16%), colombianos (50,85) y peruanos (47,63%).

Comunidades autónomas

Cataluña, Madrid, Andalucía, la Comunidad Valenciana y Canarias encabezan la lista de comunidades autónomas con mayor población extranjera. Pero esta radiografía es engañosa, pues incluye a los ciudadanos del resto de la UE. En cuanto al número de inmigrantes (ciudadanos de fuera de la UE), el orden de precedencia es ligeramente distinto. Madrid encabeza la lista, con 355.035 personas. Le siguen Cataluña (289.326), Comunidad Valenciana (180.011) y Andalucía (108.501).

Procedencia

En Madrid, la mayoría de los inmigrantes (173.924) son iberoamericanos; en Cataluña, africanos (147.288); en la Comunidad Valenciana, iberoamericanos (41.395), y en Andalucía, africanos (62.864).
En el ámbito nacional, aunque la colonia marroquí sigue siendo la mayor, con 333.770 personas, su incremento porcentual es de sólo el 18,8%. La siguen, en términos absolutos, la ecuatoriana (174.289 personas), la colombiana (107.459) y, a bastante distancia, la peruana (57.593).

Afiliados a la Seguridad Social

El colectivo con más afiliados a la Seguridad Social es el marroquí, con 164.524. Le siguen los ecuatorianos (140.280), los colombianos (66.749) y los rumanos (46.009). Los marroquíes son también los mayores demandantes de empleo (24,09% del total de los extranjeros), seguidos de los ecuatorianos (10,29%) y los colombianos (7,96%).

Repatriaciones

La cifra de inmigrantes irregulares detenidos y devueltos a sus países ha aumentado un 20% respecto al año anterior. En total, fueron 92.679, la mitad de ellos rechazados en frontera. Encabezan la lista los rumanos (32.306), seguidos de marroquíes (24.146), búlgaros (8.266) y ecuatorianos (6.476)


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