Se difunde un nuevo informe de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte, que constata un descenso en número y países. En todo caso, las cifras son excesivas, pese a los esfuerzos abolicionistas de los últimos años. Algunos los protagonizó Juan Pablo II, que incluyó este problema entre los que dieron lugar a la corrección de la primera versión del Catecismo de la Iglesia Católica.
La Gaceta de los Negocios
Editorial, 09 de abril de 2005
Los guarismos siguen siendo altos: al menos 3.797 personas fueron ejecutadas en 2004; la cota se habría alcanzado en 1996, con 4.272 muertes. Otras organizaciones ofrecían un número mayor en 2003: 5.599. Ciertamente, los datos no acaban de ser fidedignos, sobre todo en países como China que, por otra parte, alcanza el 97% de las ejecuciones confirmadas (3.400). Le siguen Irán (159), Vietnam (64) y EEUU (59, en claro descenso).
Por fortuna, 120 países (33 en los últimos 10 años) han abolido la pena de muerte en su ordenamiento jurídico, o no la aplican, por decisiones de hecho de sus gobernantes o en aplicación de moratorias formales. En algunos lugares se mantiene sólo para crímenes de guerra.
Gracias a Juan Pablo II, ningún gobernante podrá justificarse ya en la enseñanza católica. El Catecismo de la Iglesia, aunque no condena formalmente la pena capital, apuesta decididamente por los medios incruentos para proteger y defender la seguridad de las personas, porque corresponden mejor a las condiciones del bien común y son más conformes con la dignidad de la persona humana.
El Estado moderno tiene otras posibilidades eficaces para reprimir el crimen. Como escribió el Pontífice en su encíclica sobre el Evangelio de la vida, los casos en los que es absolutamente necesario suprimir al reo «suceden muy rara vez, si es que ya en realidad se dan algunos».