Los españoles tenemos que pedir perdón por el papel que estamos desempeñando de gendarmes de las fronteras de España y de Europa por extensión: se nos ha impuesto desde nuestros Gobiernos (por mandato de la supranacional Unión Europea) la idea de que la inmigración “no controlada o ilegal” es un problema de “seguridad nacional”. España está cumpliendo con nota ese papel de gendarme. Y para ello, desde 1998 levantó la “valla de Melilla”.
Es Europa la que financia la valla que nos separa de los empobrecidos: la UE gastó entre 2007 y 2013 cerca de 2.000 millones en blindar sus fronteras.
Lo que molesta es que quien fundamentalmente entra en España a través de Ceuta y Melilla son inmigrantes empobrecidos: según APDHA, un 56 % de las personas que entraron en 2013 provenían del África Subsahariana. Inmigrantes expulsados del hambre, de la violencia y de la guerra, cuya deportación o “devolución” le sale muy cara al Gobierno español. ¿Por qué? A muchos de ellos su propio Estado ni les reconoce, ni les quiere, ni va a colaborar en su deportación. Por eso España ha legalizado la salvajada de las “devoluciones en caliente”: así, la administración no tiene ni que contactar con su embajada, ni que comprobar su nacionalidad, ni pasar por un procedimiento administrativo con garantías legales.
Nos alegramos de que parte de la sociedad española (especialmente organizaciones de la Iglesia católica) y también algunos medios de comunicación estén teniendo sensibilidad y denuncien las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en la frontera sur española: las concertinas, las alambradas, las devoluciones en caliente, las muertes de Ceuta y todas las del Mar Mediterráneo… pero no es suficiente.
Hay que dejar de robar a los países empobrecidos y hay que restituir lo robado. La sociedad española también tiene gran responsabilidad en esto. No basta la denuncia al Ministro del Interior de turno, a la Guardia Civil en la frontera o a la policía por sus abusos: los españoles somos cómplices de un sistema económico y político basado en el expolio de materias primas y en la explotación de personas a través del crimen de la esclavitud a los pueblos empobrecidos. Por lo tanto, la única solución es una revolución desde los cimientos hacia un sistema económico que ponga la dignidad y el respeto de todas las personas y sus necesidades vitales en el centro de la economía.
Desde Autogestión denunciamos una vez más, no sólo la agresión a los inmigrantes empobrecidos cuando intentan acceder a nuestro país, sino, y sobre todo, las causas que provocan que tengan que huir del hambre y de la violencia, de las cuales los europeos somos responsables.
Nos solidarizamos y exigimos justicia con los empobrecidos. Lo primero, para que la emigración no sea forzada, es que Europa y España dejemos de robar. Mientras saldamos esta deuda histórica y actual con ellos, nuestro deber es acogerles y tratarles como las personas que son, no como ilegales, delincuentes y mercancías
Editorial de la revista Autogestión
