La tendencia de la privatización sanitaria en todos los países del mundo responde a unas estrategias de largo plazo, en la que los pueblos no harán más que aportar más de su esfuerzo y trabajo, paradójicamente, a costa de su propia salud. No podemos en este marco identificar estatal y público, que sea un servicio público es lo importante.
En su informe (Banco Mundial) de 1987 sobre “Financiación de los servicios sanitarios: un programa de reformas” recomendó cuatro medidas para aplicar en los sistemas de salud de los gobiernos a nivel mundial:
- Trasladar gasto a los usuarios de los sistemas sanitarios públicos
- Introducir Seguros Privados para cubrir los principales riesgos para la salud
- Potenciar la utilización de los servicios privados con cargo a fondos públicos
- Descentralizar y fragmentar los sistemas de salud pública para promover la competencia interna de proveedores
Posteriormente, en 1993 el Banco Mundial publica su “Informe sobre el Desarrollo en el Mundo” donde se propone la introducción de empresas privadas en los sistemas sanitarios públicos y se recomiendan dos medidas para la mejora de la eficiencia en la asignación y gestión de los recursos sanitarios:
- La introducción del mercado en los sistemas sanitarios, promoviendo la competencia entre proveedores públicos y privados.
- Recortes de recursos y externalización (privatización) de los servicios, potenciando las intervenciones de alta efectividad y bajo coste.
La concesión al sector privado de servicios públicos lleva implícita la aceptación de los servicios de salud como un valor de cambio en vez de un valor de uso, pasando de concebir los servicios sanitarios como instrumentos para satisfacer las necesidades de salud de la población a un área de negocio.
La reducción del papel de los Estados en materia de salud a favor de la responsabilidad y elección individual, promovida por la OMC está generando e incrementando la desigualdad y dificultando el acceso a los servicios a la población con menos recursos.
Esta estrategia ha conseguido (con el apoyo de los gobiernos de los países desarrollados) modificar la orientación de la Organización Mundial de la Salud que ya no rechaza la participación privada en los sistemas públicos, si bien propone la necesidad de control y seguimiento continuo de la aplicación de estas medidas.
En España estas recomendaciones fueron recogidas por el llamado Informe Abril, realizado en 1992 para reformar el sistema sanitario y han servido de guion a los sucesivos gobiernos.
El acuerdo sobre liberalización de servicios en Europa negociado por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Unión Europea (UE): Eliminar los servicios públicos
La negociación entre la OMC y la UE del Acuerdo General sobre Comercio y Servicios (AGCS), fue llevada a cabo con total opacidad por Pascal Lamy, Comisario responsable de Comercio de la Comisión Europea, miembro del Partido Socialista Francés y directivo de la Rand Corporation y Michael Servoz principal negociador de la Comisión para los Servicios. Este proceso fue supervisado y controlado por importantes lobbies multinacionales como la Transatlantic Business Dialogue, el European Services Forum y la Coalición Estadounidense de Servicios Industriales. El propio Pascal Lamy, nombrado posteriormente Presidente de la OMC, llegó a plantear en el US Council for Internacional Bussnines en 1999 que “si la UE quiere acceder a los mercados sanitarios de otros países no puede mantener sus mercados protegidos “lo que exige aceptar ciertos costes y sacrificios”, es decir facilitar la entrada de empresas multinacionales estadounidenses en la sanidad pública y “negociar fuera de las miradas curiosas de los ciudadanos atentos”.
Los puntos del Acuerdo están dirigidos a:
- Eliminar barreras para la implantación de empresas sanitarias en cualquier país
- Abrir los sistemas sanitarios a la libre competencia
- Permitir la libre circulación de capitales y empresas sanitarias en países de la Unión Europea
La aplicación de estas medidas en la UE y en España está suponiendo:
- El desmantelamiento de los sistema sanitarios públicos.
- Recortes en los presupuestos sanitarios para reducir gasto público.
- Restricciones en la capacidad reguladora de los gobiernos para legislar en sanidad.
- Traslado de los gastos por utilizar los servicios de salud a los usuarios (copagos)
- Apoyo a los Seguros Privados para afrontar principales riesgos para la salud
- Potenciación de la utilización de servicios sanitarios privados (aumento de conciertos).
- Descentralización y fragmentación de los sistemas públicos (Unidades de Gestión Clínica, Consorcios, Fundaciones, etc.)
La estrategia para la creación del euro como Moneda Única en la Unión Europea: El tratado de Maastricht:
Trampa en el control del endeudamiento para favorecer a los consorcios privados
Para evitar tensiones inflacionistas y garantizar el control de la unión monetaria por los países con economías más potentes (Alemania, Austria, Holanda, Finlandia, etc.) el Tratado estableció un férreo control del déficit público que no deberá superar el 3% del PIB de cada país; de la Deuda Pública que no podrá estar por encima del 60% PIB; y una inflación que no podrá superar en 3 puntos la de los 3 países que la tengan más baja.
Sin embargo en el Tratado se introdujo una trampa contable destinada a favorecer y potenciar al sector privado ya que, aunque limita el endeudamiento público, se admite que si este se contrae recurriendo a la Financiación Público Privada (PPP) el Sistema de Contabilidad Europea (Eurostat) no lo contabilizará como tal.
Esto supone potenciar y subvencionar los Consorcios Privados con dinero público y la privatización durante largos períodos (20-40 años) de los nuevos centros sanitarios. Gracias a esta medida, las constructoras, las multinacionales de servicios, las grandes auditoras (PWC, Deloitte) y los bancos están consiguiendo enormes beneficios económicos a costa de los fondos públicos que los gobiernos europeos destinan a sanidad (que suponen entre el 5 y el 12% del PIB).
Fuente: Nuevatribuna.es ( * Extracto)
