Con la Ley Polanco consumada en el Parlamento puede respirar tranquilo unas semanas porque, haciendo bueno el refrán, quien salda una deuda descansa…y quien la cobra, más…
29-IV-2005
Libertad Digital
Muy acertado anduvo Jesús de Polanco al asegurar, hace poco más de un mes, que Canal+ podría empezar en breve sus emisiones en abierto. Lo hizo delante de sus accionistas y con el aplomo que sólo da saberse dueño de la situación, o, mejor, de saberse el dueño de quienes, políticamente, controlan la situación. Juan Luis Cebrián, en la misma Junta y a renglón seguido de su jefe, lo remató poniendo fecha a la apertura. «Durante este mismo ejercicio» afirmó, y así ha sido. Desde entonces hasta la aprobación por el Congreso de la Ley de marras han pasado, exactamente, 42 días. No es que Polanco y Cebrián sean profetas, que no lo son, es que la luz verde a Canal+ era de esas noticias que estaban cantadas desde que Zapatero pisó por primera vez la Moncloa hace poco más de un año.
Que la decisión política fuese segura no significa que no insistamos en lo arbitraria de la misma, y más cuando para poder materializarla en la Cámara Baja el partido del Gobierno ha echado mano, una vez más, de sus socios de Esquerra Republicana. De la Ley Audiovisual, más conocida como Ley Polanco, poco más se puede añadir. Es un engendro concebido para satisfacer a su principal sustento mediático y acaso para liquidar viejas deudas contraídas en la refriega por el poder que sucedió a los atentados de marzo. La tecnología analógica está desfasada y más pronto que tarde será sustituida por la digital. Las cadenas concesionarias se están preparando para el apagón y no tiene sentido alguno conceder o ampliar nuevas licencias en analógico. Los técnicos han insistido en ello; si el Gobierno apuesta firmemente por la nueva televisión es absurdo que insista en ampliar el menú de la vieja. Además, Canal+, que en su momento se saltó la Ley codificando la señal, ya emite ocho horas diarias en abierto por lo que no hay ninguna razón objetiva para remendar de nuevo una Ley de hace casi veinte años. Por otro lado, el grupo Prisa, propietario de Canal+, posee el monopolio de la distribución digital por satélite desde que el Gobierno Aznar facilitase la fusión de las dos plataformas hace más de dos años. En el ámbito de la televisión local, Prisa posee la primera y quizá más extendida cadena de emisoras para la que, en su día, hubo que legislar ad hoc. Abrir Canal+ supone, por lo tanto, consagrar a Jesús de Polanco como el primer empresario televisivo de España, a muchas millas de distancia del segundo. A esto, el Gobierno de Zapatero, lo llama pluralismo.
En cuanto al modo en que el proyecto de Ley ha salido adelante en el Congreso habría mucho que decir. El precio de estos arreglos parlamentarios se va desvelando conforme pasan los meses. Zapatero se está comprando la legislatura a plazos. Lo de Salamanca es un plazo, lo de la CMT otro y es de esperar que la letra final sea el Nuevo Estatuto que se promete tan inconstitucional como el que Ibarretxe llevó a Madrid a principios de año. El Gobierno está hipotecado hasta las cejas por una minoría cuyo objetivo declarado es, curiosamente, partir en dos la Nación a la que Zapatero ha jurado servir. Lo cierto es que, a quien de verdad se debe el presidente, es a un grupo de comunicación junto al que pretende perpetuarse en la poltrona. Para ello se está valiendo, a la desesperada, de apoyos que más tarde o más temprano terminarán por pasarle una factura que habremos de pagar todos. Con la Ley Polanco consumada en el Parlamento puede respirar tranquilo unas semanas porque, haciendo bueno el refrán, quien salda una deuda descansa…y quien la cobra, más.
