Otra guerra violenta azota a un lugar de África . La población de Cabo Delgado, una hermosa región costera y muy turística del norte de Mozambique, sufre ataques indiscriminados desde 2017 sin saber muy bien lo que pasa. Grupos armados no estatales que declararon su lealtad al ISIS han provocado que 700.000 mozambiqueños abandonen su tierra. Arrasan casas, torturan y violan; asesinan a hombres delante de sus familias y reclutan a menores. Tres cuartas partes de los desplazados son mujeres y niños. El 90% de los que huyen ha encontrado acomodo en casa de familiares y amigos con escasos recursos. Tienen muy poco. El resto, nada.
“Nuestra provincia atraviesa una profunda crisis humanitaria provocada por la violencia terrorista. Asistimos a la regresión de los indicadores de desarrollo integral, agravada también por las consecuencias de las medidas restrictivas de prevención contra la pandemia”. Así lo advierten varios líderes religiosos de la provincia de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique, en un comunicado conjunto con el que denuncian la crisis económica y social provocada por la violencia terrorista en la región, en concreto, en Pemba.
El documento de los líderes religiosos enviado a la Agencia Fides insiste en que los ataques terroristas no deben atribuirse a la religión musulmana y rechazan “cualquier afirmación que vincule tales actos con los principios del islam”. “Rechazamos cualquier acto o individuo que pretenda distorsionar cualquier doctrina religiosa para justificar cualquier tipo de violencia”, reza el texto.
Las comunidades religiosas dicen estar dispuestas a “colaborar con el gobierno, instituciones y organizaciones dedicadas a la causa de la paz en la provincia de Cabo Delgado”. “Estamos unidos ante cualquier amenaza de ruptura y repudiamos unánimemente los actos terroristas y extremistas. Confirmamos nuestro compromiso de caminar codo con codo hacia la paz y la fraternidad”, declaran los líderes cristianos y musulmanes.
Entre los factores que preocupan a la población, destacados en el comunicado”, se encuentran “las desigualdades sociales, el alto nivel de analfabetismo, la crisis de los valores ético-morales y las divisiones étnicas y religiosas”. En este contexto, se reafirma una visión de la religión que se desvincula de la violencia y los prejuicios y defiende el diálogo social “de manera franca, abierta, honesta e inclusiva”.
La declaración también pide que “se condene cualquier visión extremista y cualquier tipo de violencia”, subrayando la necesidad de acompañar a los jóvenes en un camino de “reconciliación y reintegración social”.
Desde hace más de cuatro años, la provincia de Cabo Delgado ha sido escenario de ataques de rebeldes armados, algunos de ellos asociados al autodenominado Estado Islámico. Según autoridades locales y organismos internacionales, el conflicto ha provocado más de 3.100 muertos y más de 800.000 desplazados.
