Pues eso, que no es a Portugal a quien se está rescatando. Se está rescatando a los inversores privados que además de tener títulos de deuda pública muy lucrativos tienen miedo a que finalmente éstos resulten incobrables.
Cuando dicen
Portugal, por lo tanto, no están queriendo decir «la ciudadanía de Portugal»
porque resulta obvio que, precisamente,
es esta ciudadanía la que va a rescatar con su pérdida de derechos a los
otros, esto es, a esos ricos inversores que temen no poder ser más ricos en el
futuro.
Ya sabemos que
los Estados se endeudaron como consecuencia de la crisis, para revitalizar la
economía y para salvar a los bancos. La deuda pública de Portugal antes de la
crisis, en 2006, era del 63′9%, y ahora, tras la crisis, es del 93%. No
excesivamente alta en cualquier caso, pues la deuda alemana es del 83′2%, la
belga del 96′8%, la italiana del 119% y la española del 60′1%. Así pues, el
endeudamiento es posterior a una crisis cuya responsabilidad reside
fundamentalmente en la banca privada y otras instituciones financieras.
Y el
endeudamiento no era ni azaroso ni gratuito. No era azaroso porque en realidad
fue la lógica consecuencia de una disminución de los ingresos (la mayor parte
provenientes de los impuestos a la actividad económica, por lo que en épocas de
crisis disminuyen) y un crecimiento de los gastos (por lo ya comentado: rescate
bancario y planes de estímulo). Y no fue gratuito porque alguien tenía que
prestar ese dinero y lo iba a hacer como negocio, es decir, esperando una
rentabilidad por dejarle dinero al Estado. Y esos agentes fueron las mismas
entidades financieras rescatadas a lo largo de todo el mundo.
La deuda pública
griega, por ejemplo, está en posesión fundamentalmente de bancos franceses y
alemanes y de fondos de pensiones (y otros tipos de fondos de inversión) tanto
extranjeros como nacionales. Y como con Grecia, en Portugal también hubo fuertes
procesos especulativos contra la deuda pública. Es decir, los mismos que
prestaban se dedicaban a explotar las debilidades del país que recibía los
fondos con la intención de sacar aún mayor tajada.
Los inversores
tienen miedo de que no reciban lo que contrataron con el Estado, y por eso
exigen reformas estructurales que, al menos en teoría, incrementen las
posibilidades del Estado para pagarles. Otros, en cambio, exigimos que el Estado
haga una auditoría de la deuda y deje sin pagar o pague por mucho menos los
títulos en propiedad de entidades que son responsables de la crisis. O lo que es
lo mismo, exigimos que los esfuerzos para costear la crisis estén justamente
distribuidos.
Pero he dicho que
las reformas estructurales y estos planes de ajuste sólo incrementarán las
posibilidades de pagar la deuda en la teoría. Y es que en realidad las mismas
reformas estructurales aplicadas pueden tener el efecto inverso: debilitarán la
capacidad de pago de los Estados. En efecto, la reducción del gasto público y la
reducción de la demanda que se deriva de la reducción de la capacidad
adquisitiva (bajada de salarios, reducción empleo público, menor inversión,
etc.) llevará a un retroceso en el crecimiento económico. Y eso significa
recibir menos ingresos por parte del Estado. Así que puede ocurrir que mientras
se bajan exitosamente los gastos también se bajen, sin quererlo, los ingresos y,
en definitiva, todo siga igual.
Aunque no
exactamente igual. Tras el plan de ajuste la mayoría de la población será más
pobre, y en algunos casos muchísimo más. Debemos tener en cuenta que se
están bajando las prestaciones sociales (la de desempleo se reduce hasta la
mitad), el salario diferido (las pensiones), el salario indirecto (la educación
y la sanidad pública, por ejemplo) e incluso el salario directo. Todo ello
repercute directa y regresivamente en las condiciones de vida de la gente. Por
el otro lado, sin embargo, se beneficia ampliamente a las grandes empresas y a
la banca (el plan de rescate implica sanear las finanzas privadas de la banca
con dinero público para después venderlas de nuevo), que ya fueron las grandes
beneficiadas en la época pre-crisis. Si alguien cree, por otra parte, que las
grandes empresas se pondrán a invertir y por tanto a incrementar el empleo… que
pregunte a algún empresario que estuviera dispuesto a producir en una economía
en recesión y para una sociedad con cada vez menor capacidad de compra.
Nos están atracando, y lo peor de todo
es que en muchos casos lo están haciendo los propios partidos que se dicen de
izquierdas. En el caso portugués además se ha demostrado que en el fondo
todo eso ni siquiera importa: son las antidemocráticas instituciones del FMI y
la UE las que imponen las condiciones de «rescate». Esto no hace sino
desconcertar a la población, que ajena durante tantos años a la cultura
económica y a la política no entiende por qué sucede lo que sucede y por qué les
roban con tanto desparpajo.
Pero nosotros,
al menos, tenemos una misión: llamar a las cosas por su nombre. Y esto no
son rescates a los países sino a los inversores de esos países y que son, en
suma mayoría, los que se han enriquecido especulando contra el propio país. Nos
gobiernan criminales, pero desde luego no son tontos.
