Lo que llaman la ‘piratería’ es consecuencia posterior a una piratería y robo institucionalizado desde los países enriquecidos. Cuando los empobrecidos, las víctimas, deciden recuperar lo robado se les criminaliza.
El Gobierno destina 1,9 millones de euros a la contratación de la seguridad privada a bordo de la flota pesquera que faena en el Índico. El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que regula el procedimiento de concesión directa de una subvención de carácter excepcional para aumentar la seguridad de los tripulantes de los 17 buques atuneros que faenan actualmente en las aguas del Golfo de Adén y en la cuenca de Somalia, contra los llamados “piratas somalíes”.
Lo que llaman la “piratería” es consecuencia posterior a una piratería y robo institucionalizado desde los países enriquecidos. Estos, a través de políticas económicas de robo y expolio, han ido minando los caladeros de estas zonas con toda impunidad y empobreciendo, con ello, a la población autóctona. Cuando los empobrecidos, las víctimas, deciden recuperar lo robado se les criminaliza y desde nuestros países se regulan decretos y se envían mensajes manipuladores a los ciudadanos de que los llamados “piratas” son ladrones y criminales.
¿Quiénes son los culpables entonces de que sus familias pasen hambre porque los caladeros son devastados?, ¿quiénes regularán y vigilarán que se cumpla uno de los Derechos Humanos fundamentales de tener alimentos suficientes y una vida digna y que no permitan la muerte de unos para enriquecer a otros?
Muchas leyes realizadas por los hombres se dictan contra los hombres y así el robo puede ser institucionalizado y protegido. Este decreto supone más dinero para seguir robando con toda impunidad. Un militante cristiano, Guillermo Rovirosa, defendió una humanidad “sin banderas ni fronteras”. Nosotros seguimos poniendo banderas y fronteras fraticidas incluso en el mar, para proteger nuestra buena vida.
