Más curiosa y, en mi opinión, más peligrosa es la permanente reforma del IRPF que los dos partidos propugnan. Y es peligrosa por tres razones: porque es el impuesto que más efectos redistributivos tiene, ya que los impuestos indirectos son regresivos (pagan, en proporción, más lo más pobres); porque es un impuesto visible que obliga a los políticos a ser responsables porque los ciudadanos somos conscientes de lo que pagamos; y, finalmente, porque el argumento que lleva a la permanente rebaja de los tipos y a su reforma supone reconocer, implícitamente, que no hay voluntad política de perseguir el fraude de los más rico…No se confunda el qué y el para qué de la tributación con el cómo de la recaudación. La autonomía de la recaudación nos hace a todos más insolidarios y tiene una fuerte carga simbólica nacionalista.
Por GABRIEL M. PÉREZ ALCALÁ
(Profesor de Política Económica. Universidad de Córdoba)
En toda campaña electoral hay propuestas sobre los impuestos. Lo cual es lógico, pues, por una parte, somos los ciudadanos los que sostenemos al Estado y, por otra, el reparto de la carga fiscal y la forma en la que se gasta lo recaudado es esencial para concitar el apoyo de los electores. Los dos grandes partidos ya han presentado los ejes de su programa fiscal, por lo que nos podemos ir formando una idea, más o menos matizada, de lo que será la política fiscal de los próximos cuatro años.
La propuesta fiscal del Partido Popular es, en principio, la enésima edición, ligeramente corregida y aumentada, de lo que vienen sosteniendo desde los noventa: equilibrio presupuestario, reducción de los tipos del impuesto sobre la renta y lucha contra el fraude. O sea, la suma de fundamentalismo macroeconómico fiscal con las habituales mentiras fiscales a las que nos tienen acostumbrados. La propuesta fiscal de Partido Socialista Obrero Español también tiene tres ejes: equilibrio presupuestario, reforma del impuesto de la renta de las personas físicas hacia el tipo único y reorganización de la Agencia Tributaria. Es decir, el PSOE rompe su tradición para tomar las dos primeras ideas de los populares y la tercera de los nacionalistas. Permítanme que analice los dos ejes coincidentes entre PP y PSOE.
Es curiosa la coincidencia en el tema de la ortodoxia presupuestaria. La nueva ortodoxia de la política fiscal, de origen neoliberal, sostiene que para no tener inflación es necesario mantener un presupuesto equilibrado. Un presupuesto equilibrado que conlleva pequeños tipos de interés que genera un aumento de la inversión privada y un incremento del consumo. En una palabra, a una senda de crecimiento económico. El problema es que esta cadena causal está siendo contradicha por la realidad: déficits cero en España no llevan a inflación cero, y déficits del 3% tienen estabilizados los precios en Alemania. Luego, el crecimiento se produce no por la mayor estabilidad presupuestaria sino por el mayor crecimiento del endeudamiento en España que en Alemania a los tipos de interés reales negativos que los españoles vivimos. Más aún, un país medianamente dotado de infraestructuras de capital físico y humano, como es España, podría aprovechar la circunstancia de unos bajos tipos de interés para hacer una fuerte inversión en capital y tecnología que, sin presionar a los precios, permitan mejorar significativamente la tasa de crecimiento y la productividad a medio plazo. Sólo la machacona y eficaz propaganda del PP sobre el tema y el origen bancario ortodoxo de Miguel Sebastián explican este acuerdo entre las propuestas.
Más curiosa y, en mi opinión, más peligrosa es la permanente reforma del IRPF que los dos partidos propugnan. Y es peligrosa por tres razones: porque es el impuesto que más efectos redistributivos tiene, ya que los impuestos indirectos son regresivos (pagan, en proporción, más lo más pobres); porque es un impuesto visible que obliga a los políticos a ser responsables porque los ciudadanos somos conscientes de lo que pagamos; y, finalmente, porque el argumento que lleva a la permanente rebaja de los tipos y a su reforma supone reconocer, implícitamente, que no hay voluntad política de perseguir el fraude de los más ricos. El PP propugna, con la trampa habitual, una nueva disminución, cuando ésta no es más que una adecuación de los tipos por el efecto inflación que, curiosamente, es más intensa en las rentas más altas. Mientras que el PSOE propone un IRPF de tipo único con mínimo exento que es falsamente progresivo, pues si bien es verdad que el tipo efectivo a pagar es creciente con la renta, el crecimiento del tipo es mayor para las rentas más bajas que para las rentas más altas. El éxito electoral del PP en las anteriores elecciones y la moda, que también en economía existe, es lo que ha llevado al PSOE a sumarse a estas propuestas.
LA DISENSIÓN
Así pues, las propuestas fiscales presentadas por el Partido Popular y el PSOE para las próximas elecciones tienen dos ideas coincidentes, la estabilidad presupuestaria y la reforma fiscal, esencialmente la del IRPF, y una divergente, la de la organización territorial de las Administración Tributarias. Discrepancia que es preocupante, pues es, en mi opinión, un error grave el que se convierta en arma política la cuestión técnica de cómo hacer cumplir las leyes tributarias, que es al fin y al cabo la función de la Administración Tributaria. El origen de esta disensión está en el proceso de descentralización autonómica. Las comunidades autónomas han ido asumiendo, en los últimos años, amplias competencias, algunas tan importantes como la sanidad y la educación, sin la correlativa transferencia de las competencias en la recaudación directa de los impuestos que las financian. Es decir, las comunidades autónomas han aceptado el gasto sin la corresponsabilidad fiscal. Una situación que ha sido generalmente aceptada por todos: los gobiernos de las Comunidades, del partido que fueren, porque se legitimaban ante los ciudadanos a través del gasto, sin el desgaste político de recaudar; el Gobierno Central porque el desgaste de recaudar se compensaba con el control sobre las Comunidades, al regular los flujos financieros que transfería.
El problema se plantea cuando algunas Comunidades, especialmente la catalana (pero no sólo ella), han llegado al tope legal de endeudamiento, necesitan una más ágil transferencia de la financiación y creen que se puede resolver la situación recaudando según el sistema de privilegio de vascos y navarros. Es decir, creando Agencias Tributarias autonómicas, justificadas según la falaz retórica nacionalista de las balanzas fiscales territoriales. Curiosamente, Andalucía ha apoyado esta solución, no tanto por su situación financiera, pues es receptora neta de financiación, sino por el maltrato al que el Gobierno Aznar la ha sometido. Y es que el gobierno Aznar ha sido especialmente moroso e injusto con los fondos de la Junta de Andalucía, intentando reiteradamente su estrangulamiento financiero. Esta solución del problema de la financiación autonómica se ha convertido en propuesta electoral del PSOE por la deriva nacionalista de Maragall y por la apasionada vivencia de los conflictos de la ex-consejera Alvarez con el ministro Montoro. Los socialistas pretenden, pues, generalizar la solución nacionalista con la propuesta de las 17+ 1 Agencias Tributarias. Pero es, en mi opinión, una falsa y confusa propuesta porque encierra una contradicción política, y no responde coherentemente al problema de la financiación autonómica.
La contradicción es que, si lo que se pretende es que no haya estrangulamiento financiero de las Comunidades por el Gobierno central, eso lo pueden hacer los socialistas si gobiernan sin necesidad de una ley de 17 +1 Agencias. Y, por otra parte, esa ley sólo es posible si ellos ganan, con lo que estamos en las mismas. Más aún con esta solución no resuelven el problema de la financiación autonómica y de la necesaria corresponsabilidad fiscal. Y es que este es otro tema diferente de cómo se recaude. Es decir, si el problema es la financiación autonómica, propóngase que se adscriban, e incluso se recauden, unos impuestos determinados por parte de las Comunidades. O propóngase que las Comunidades participen en una cesta de impuestos y que tengan una cierta capacidad normativa sobre ellos. Pero no se confunda el qué y el para qué de la tributación con el cómo de la recaudación. Máxime cuando la autonomía de la recaudación nos hace a todos más insolidarios y tiene una fuerte carga simbólica nacionalista. Mentirosos los del PP en su propaganda y en sus declaraciones sobre los impuestos, y confundidos y contradictorios los del PSOE en estos temas, el resultado es que la política tributaria española de los próximos años será, ya que uno de ellos gobernará, más desigualitaria, seguramente con más fraude y más conflictiva políticamente. Y entonces sí que será necesaria una reforma. Una reforma que no es la que nos proponen los grandes partidos hoy.
