Diversas organizaciones, han firmado la declaración para exigir la investigación de muertes de emigrantes en la frontera Sur de Europa.
Los testimonios de los supervivientes y de diversas organizaciones sociales marroquíes confirman que en la noche del 28 al 29 de abril una embarcación en la que más de setenta personas intentaban llegar a las costas españolas fue embestida por fuerzas de seguridad marroquíes. Al menos 36 personas murieron ahogadas, entre ellas varios bebés. Pocos meses atrás, llegaba la denuncia sobre la muerte de un ciudadano senegalés después de ser arrojado al mar por la guardia civil española.
Expresamos nuestro más rotundo rechazo a este tipo de actuaciones de las autoridades de cualquier país. Ningún intento de entrada a territorio europeo puede justificar que se ponga en riesgo la vida.
Los gobiernos europeos, entre ellos y de manera destacada el español, tienen acuerdos de cooperación con Marruecos en política migratoria, y en esa medida son todos, gobiernos europeos y africanos, responsables de exigir y hacer cumplir el más escrupuloso respeto por los derechos humanos de los migrantes, cuyo único «delito» es buscar una vida más digna de la que el sistema económico global les permite tener en sus lugares de origen. Exigimos por tanto a los gobiernos español y marroquí que se realice una investigación exhaustiva de los hechos denunciados, que se depuren las responsabilidades a que hubiera lugar, y que se tomen las medidas necesarias para que este tipo de hechos nunca vuelvan a ocurrir.
Los gobiernos de los países de la Unión Europea, de manera hipócrita e incoherente con los valores democráticos que dicen defender, han «subcontratado» el control de fronteras con países en los que se vulneran los derechos humanos. Abandonan así, cada vez más, los valores que pueblan sus Constituciones. Unos gobiernos que basan sus políticas migratorias en medidas como el alargamiento del periodo de internamiento de los inmigrantes en situación irregular, que no han cometido ningún delito y pueden estar encerrados, si se aprueba la directiva europea que así lo propone, hasta 18 meses. Mientras, las causas de las migraciones permanecen sin que la Unión Europea asuma su responsabilidad. Se siguen aplicando políticas económicas que destruyen las estructuras económicas y sociales de los países de origen y que obligan a sus poblaciones a emigrar como única opción de una vida digna.
