El pasado 11 de diciembre de 2018 se adoptó, en una conferencia intergubernamental celebrada en Marrakech (Marruecos), el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que fue refrendado en la Asamblea General de la ONU poco después.
El pacto señala 23 grandes objetivos, así como decenas de medidas de aplicación y seguimiento. Fue propuesto por la Asamblea General de la ONU a los Estados Miembros con la única oposición de los EE.UU de Trump. A la hora de la firma, los gobiernos de 12 Estados se echaron atrás. Se trata de un pacto no vinculante. No es un tratado internacional, por lo que no tiene fuerza coercitiva, y esto es en sí mismo es indicativo de que no se quiere acabar realmente con el problema.
El gran problema de las migraciones es la miseria y la violencia a la que se ven sometidos los pueblos empobrecidos por un sistema económico cruel que empieza en su pueblo y termina en una bolsa internacional de materias primas (o viceversa). Resolver el problema de las migraciones es resolver el problema de la injusticia estructural mundial y las estructuras de pecado que lo causan.
El pacto prevé “minimizar los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar su país de origen”, pero ¿con qué medios? ¿a qué ritmo?. Nos lo dice el propio Pacto: con los de la ONU, es decir, con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (los ODS de la Agenda 2030), basados en el aborto y en la ideología de género por doquier (19 menciones a ella en el propio Pacto) y en inversiones a la medida y ritmo de las multinacionales: el Global Compact, es decir, las empresas “colaboradoras de la ONU para los ODS —y para su propio provecho— que fueron invitadas a participar en su elaboración.
El Pacto pretende una migración “ordenada y regular”, es decir, la salida de los migrantes más cualificados (los que más falta hacen en sus países de origen) y al ritmo de las economías de los enriquecidos. Esto va a suponer que millones de personas querrán migrar, pero no entrarán en los planes. Por lo tanto, otro objetivo del Pacto, eliminar las mafias dedicadas a la trata de personas, será una quimera: las personas obligadas a migrar para poder sobrevivir se seguirán contando por millones y las “vías de migración regular” serán insuficientes. Las mafias que trafican con personas crecen según la ley de la oferta y la demanda. Lo saben muy bien algunos países que fomentan y participan de estas prácticas y que han firmado (Marruecos, Libia…).
Para concluir, este “acuerdo que a nada obliga” ha acabado siendo lo que podía preverse: un instrumento de lavado de imagen del sistema económico-político merced al cinismo de muchos Estados firmantes y al relativismo utilitarista de la ONU. Apoyar este Pacto sin denunciar las causas que están provocando esta inmigración forzosa es aumentar el expolio y el robo a los empobrecidos. No se puede justificar su apoyo, venga de donde venga.
Editorial Revista Autogestión 129
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