En México hay ya voces que han empezado a pedir perdón a sus hermanos guatemaltecos por el dramático incremento de secuestros y homicidios de migrantes, cometidos por organizaciones criminales.
En España, también tenemos que pedir perdón por el papel que estamos jugando de gendarmes de las fronteras de Europa. Se nos ha impuesto, desde el Gobierno del PSOE y la complicidad del PP, la idea de que la inmigración "no controlada o ilegal" es un problema de "seguridad nacional", y resulta que dentro de nuestras fronteras también está operando la organización mafiosa y criminal que hace que los trabajadores inmigrantes sean víctimas de un mercado de trata de personas. Pero nuestro Gobierno a quien persigue y expulsa es al trabajador inmigrante y no a los empresarios mafiosos que los utilizan.
Nuestro gobierno no puede continuar beneficiándose del trabajo de las personas sin documentos (o sin regularizar) y además no ofrecerles protección legal. Lo que está ofreciendo es un incremento de deportaciones, a través de los "aviones de la vergüenza", con embarques desde los CIEs. Últimamente, apremiados por la urgencia de "deshacerse" de ellos, se están vulnerando derechos fundamentales. Los Centros de Internamiento para Inmigrantes son calabozos encubiertos, sin control del juez, que cuidan -eso sí-de no superar las 72 horas que legalmente se puede retener a los detenidos en estas dependencias. ¿Son criminales los inmigrantes? Así se les está tratando, como criminales: detenidos, esposados para ser deportados en los aviones que les regresan a su país, sin ni siquiera poder despedirse de la familia que dejan en España.
En el contexto económico actual en España: ¿qué va a pasar con todos los inmigrantes sobre los que –cuando interesaba-se desarrolló un proceso de regularización y a los que se les exige tener de nuevo un contrato de trabajo para poder renovar el permiso de residencia? Según dijo el Gobierno del PSOE, pasarán a ser un problema de "seguridad nacional". Con la economía actual, y si no reaccionamos con una política solidaria, van a ser utilizados como mercancía válida para la trata de personas en una economía mafiosa como la que estamos viviendo.
Tenemos la obligación de trabajar para que las leyes sean justas para todos los seres humanos, especialmente para aquellos que no tienen "ni voz ni voto" en nuestro país.
