La última gran caravana de migrantes ha quedado definitivamente disuelta. La mayoría de los miles de centroamericanos que se arremolinaban a las puertas de México a mediados de enero ya están deportados en Honduras mientras el Gobierno de López Obrador endurece su postura y levanta un “muro” militar y legalista que impide el paso hacia el norte. Es el fin del sueño de aquellos que todavía pensaban que viajando en grupo tendrían más posibilidades de escapar de una vida imposible en Centromérica.
Hoy parece muy complicado que se repita la imagen que dio la vuelta al mundo a finales de 2018. Miles de centroamericanos cruzando México a pie custodiados por la policía y dando gracias al presidente que les ofrecía vía libre hacia Estados Unidos, tras llegar al poder con un discurso en defensa de los pobres. La última caravana, la de enero de 2020 sufrió peor suerte y experimentó en carne propia el giro radical que ha dado la política migratoria de Obrador, en claro retroceso hacia la fórmula que durante décadas ha utilizado México con los migrantes: detenciones y deportaciones.
El último giro de tuerca se ha producido en las estaciones migratorias, los centros adonde llevan a los migrantes detenidos por haber entrado de forma irregular y también a los que piden asilo. El Instituto Nacional de Migración (INM) suspendió la semana pasada el acceso a las organizaciones no gubernamentales que los visitan habitualmente como observadores independientes y ofrecen asesoría legal a lo migrantes.
El veto llegó en los días más críticos de enero, cuando la estación Siglo XXI en Tapachula (Chiapas) estaba más saturada por la llegada de la caravana. “La mayoría se fueron deportados en uno o dos días, contra toda legalidad. A personas que necesitan protección internacional se les está devolviendo”, dice a LA RAZÓN Claudia León, del Servicio Jesuita a Migrantes, una de las entidades que tiene permiso para entrar al inmueble.
“Sabemos por testimonios de migrantes detenidos que el mismo día que les detenían les daban la hoja para firmar su deportación sin una correcta evaluación de cada caso”, denuncia la activista, que a pesar del veto inicial ha podido acceder a Siglo XXI, la más grande del país y la más cercana al punto de la frontera sur por el que entró la caravana.
El Gobierno mexicano se está aplicando en el control migratorio consciente de lo mucho que se juega con el presidente estadounidense, Donald Trump, que quiere menos migrantes en su frontera y el pasado verano llegó a amenazar con imponer elevados aranceles a México si no cortaba el flujo de centroamericanos. “Tienen que ser muy eficaces en su operación y [las autoridades mexicanas] están controlando la frontera, controlando el territorio, ingresando personas en los centros de detención y ejecutando las deportaciones de manera intensísima, más que nunca y bajo esa obsesión de cumplir las obligaciones ante el Gobierno de Estados Unidos”, explica a este diario Salvador Lacruz, del Centro Fray Matías de Córdova, que también atiende a los migrantes en Tapachula y considera que en este contexto las organizaciones de la sociedad civil “somos molestas porque entorpecemos su operación, conseguimos información y denunciamos, así que están intentando librarse de nosotros”.
