En 2022, el gobierno británico inició una asociación con Ruanda con objeto de expulsar a solicitantes de asilo, considerados indeseables. El proyecto fue mediatizado por el entonces Primer ministro Boris Johnson en el contexto de su campaña para justificar el Brexit, afirmando que ello permitiría detener la inmigración.
El dossier de la inmigración era el caballo de batalla de todos los políticos de extrema-derecha; el que lograra parar el flujo de emigrantes recibiría la felicitación de los extremistas y racistas de todo el mundo. Populismo puro y duro.
Tras su dimisión, Boris Johnson fue sustituido por Rishi Sunak, que era su ministro de finanzas. Este joven Primer ministro, consciente de que su partido mezclado en distintos asuntos turbios y a la baja en la consideración pública, por lo que tenía pocas posibilidades de lograr la mayoría en las elecciones previstas en 2024, ha redoblado los esfuerzos haciendo creer a los ciudadanos que su partido tenía un plan para detener definitivamente la entrada de emigrantes en el Reino Unido. El plan consistía en deportar sistemáticamente a Ruanda a los que lograran entrar y pidieran asilo en Gran Bretaña.
Las autoridades británicas, al elegir Ruanda como destino para los inmigrantes expulsados, parecen ignorar las aplastantes pruebas de violaciones de los derechos humanos perpetradas por el gobierno de Paul Kagame, tanto en el interior de Ruanda como en países vecinos, concretamente, en la República Democrática del Congo.
Un tribunal de Irlanda del Norte ha declarado ilegales las deportaciones a Ruanda por parte del gobierno británico (Sunak). El juez descarta la aplicación de la ley en esta región, por ser contraria a los acuerdos que permitían el encaje del territorio en la era post-Brexit.
Por otra parte las políticas del Reino Unido han provocado la derivación de migrantes hacia Irlanda, y la polémica está servida: Irlanda plantea devolver a los migrantes al territorio británico. Una vez más los migrantes usados como moneda de cambio y mercancía.
